Con esta maniobra, Giamnattei pretende dejar a un lado temas que de urgente importancia para la población, como el gasto de los fondos para combatir la pandemia, la reactivación de la economía, combate a la desnutrición, apoyo a las decenas de miles de personas que se quedaron sin trabajo, fuentes de ingreso por la emergencia sanitaria, financiamiento para las millares de familias que se quedaron sin vivienda y perdieron cultivos por las tormentas Iota y Eta, la corrupción que corroe las dependencias del Estado y un largo etcétera.

La invitación a este Diálogo elitista se hizo extensiva a ciertos organismos de estudios económicos y sociales, a la Universidad de San Carlos (USAC), al empresariado organizado en el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), a algunas cámaras empresariales individuales como las de exportadores, industriales y de la construcción, y sorprendentemente, a la Alianza Evangélica de Guatemala. Tres de los centros de investigación invitados anunciaron que no participarían, por ciertos cambios de última hora que hizo el gobierno en la agenda, y porque no veían condiciones para una discusión seria.

Debido a que la Junta Directiva del Congreso suspendió el trámite para la aprobación del presupuesto 2021, el grupo de Diálogo convocado por el mandatario discutirá exclusivamente cambios al presupuesto 2020, que regirá de nuevo para el próximo año, pues el plazo para la aprobación del nuevo vence el 30 de noviembre.

Tal parece que las escaramuzas entre ambos bandos del conflicto interburgués han disminuido. La oligarquía y el CACIF jugaron bravuconamente manipulando el enorme descontento popular. Giammattei y su gobierno se declararon víctimas de una violenta conspiración; ambos, habiendo blandido al aire sus espadas de papel, ahora se han sentado a la mesa a repartirse el pastel de la discordia: el presupuesto de gastos del Estado para el próximo año, fuente de jugosas ganancias. Las poderosas familias oligárquicas ya tienen asegurado el fabuloso negocio de la compra de los bonos del tesoro del Estado a través de sus instituciones financieras, que pasará a engrosar la deuda pública. Pero eso no basta; además necesitan las inversiones público privadas en infraestructura y otros negocios que controlan alcaldes, diputados y gobernadores departamentales.

Estas maniobras de los grupos burgueses para arreglar sus asuntos no nos deben engañar. Si bien es cierto que la anómala aprobación del presupuesto 2021 fue el detonante de las movilizaciones del pasado fin de semana, constituyó más bien la gota que rebalsó el vaso. El descontento se venía acumulando por meses, debido al mal manejo del gobierno respecto a la pandemia de coronavirus, la bajísima ejecución de los gastos destinados a la atención a la población y muchos otros temas.

Las protestas no han cesado y llamamos a que continúen. El martes 24 salieron a las calles de la capital los pueblos originarios organizados en los 48 cantones de Totonicapán y el Parlamento del Pueblo Xinca de Guatemala, quienes pidieron la renuncia del presidente Giammattei, de los diputados del Congreso y la desarticulación del Centro de Gobierno.

La larga lista de demandas de la población debe encarnarse en una Coordinadora General Nacional de las organizaciones sindicales, campesinas, indígenas, estudiantiles y populares, que demande la renuncia inmediata del presidente Giammattei y todo su gobierno. Esta Coordinadora debe asumir el gobierno, que convoque inmediatamente a una Asamblea Nacional Constituyente Plurinacional y Popular.