Tres años después, con altísimos niveles de represión y desmovilización popular, la dictadura ha tenido que convocar a elecciones generales para el 7 de noviembre del año 2021. Utilizando la mayoría parlamentaria dentro de la Asamblea Nacional, que se asignó por la altísima abstención del año 2016, eligió 10 nuevos magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE), 7 sandinistas y 3 aliados, y, contrario a los pronósticos, aprobó una contrarreforma a la Ley Electoral que mantiene el sistema bipartidista y le permite mantener el control del sistema electoral.

La oposición, dividida en dos principales bloques, la Coalición Nacional (CN) respaldada por la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), y la Alianza Ciudadana (AC), respaldada por la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), han perdido un tiempo precioso, carcomida por divisiones internas cuyo origen principal es quien controla la fórmula presidencial y la lista de diputados. En todos estos pleitos, lo que menos se discuten son propuestas y alternativas para ponerle fin a la dictadura o para mitigar los efectos de la crisis capitalista sobre las amplias masas populares.

Las dos principales organizaciones que surgieron de la rebelión de abril del 2018, la UNAB y la ACJD, se negaron sistemáticamente a unirse y convertirse en una nueva fuerza política. Hoy los dos principales bloques opositores gravitan en torno a las casillas de viejos partidos políticos: la CN depende de la casilla del evangélico Partido de la Restauración Democrática (PRD), y la AC depende de la casilla del liberal Partido Ciudadanos por la Libertad (CxL).

Es una situación bastante compleja. Nicaragua marcha hacia un proceso electoral con escasas o nulas garantías, pero a la vez la mayoría de ciudadanos clama por ponerle fin a la cruel dictadura. Por esta razón, las encuestas indican que un 62% de la población no se identifica con ningún partido, y que solamente alrededor del 25% se identifica con el FSLN.

La brutal represión que la dictadura mantiene contra los opositores, no dejándolos salir de su casa, o impidiendo las reuniones proselitistas, ha creado una corriente de opinión favorable al boicot o abstención electoral. Por otro lado, los principales bloques opositores, CN y AC, han hecho muy poco para cambiar esta correlación de fuerzas desfavorables. Tanto la CN como la AC han cifrado sus esperanzas en que las presiones internacionales terminen doblegando a la dictadura, sectores más radicales confían en una posible nueva ola de sanciones individuales de Estados Unidos con la aprobación de la Ley RENACER, o de la Unión Europea, contra altos funcionarios, como el mecanismo idóneo para  democratizar un poco el sistema electoral.

La realidad nos indica que no se puede confiar en sanciones de potencias imperialistas para resolver la situación desfavorable a lo interno de Nicaragua. Esto crea una dependencia hacia los factores externos, en detrimento de los grandes problemas políticos que debe resolver la oposición.

Es hora de abrir un debate sobre si, a pesar de las ventajas reales que la dictadura se ha recetado para desvirtuar e imponerse en la lucha electoral, la oposición debe participar o no en los próximos comicios, y en que condiciones se debe participar. Este debate se torna más agrio porque todo indica que no habrá la ansiada unidad de los bloques opositores, y que la lucha contra la dictadura será una enorme batalla política por conquistar a la mayoría de electores, en las condiciones adversas ya detalladas.

Lo más lamentable de esta situación, es que los trabajadores y los sectores juveniles que iniciaron la rebelión de abril del 2018, no tienen la posibilidad de expresarse de manera independiente, sino que están siendo forzadas a alinearse con algunos de los bloques existentes. Aun así, debemos luchar contra la corriente y utilizar cualquier resquicio legal para intentar movilizar a las masas populares contra la dictadura.