Tres décadas después, un periodo relativamente corto en la historia, la crisis del capitalismo mundial y la pandemia del coronavirus, han puesto al desnudo la fragilidad de estas democracias. De los seis países que conforman la región centroamericana, uno tiene un régimen claramente dictatorial (Nicaragua) y dos (Honduras y El Salvador) tienen regímenes bonapartistas en tránsito hacia nuevas dictaduras. En el resto de países, los regímenes democráticos están en abierta crisis, como ocurre en la inestable Guatemala y ahora también en Costa Rica. Quizá Panamá tiene el más estable de los regímenes democráticos, dentro del contexto de la crisis general, pero ya hay movimientos internos para cambiar la Constitución, y crear un régimen más fuerte para enfrentar el descontento del movimiento de masas.

En la medida que la crisis del capitalismo se ha agudizado, de igual forma se han producido cambios acelerados en los regímenes políticos. Uno de los últimos cambios se ha producido en El Salvador. Nayib Bukele se convirtió en presidente en junio del 2019, pero no pudo impulsar su proyecto bonapartista porque se topó con una Asamblea Legislativa que reflejaba la correlación de fuerzas del periodo anterior. Esto cambió cuando, con un discurso y una política populista, incluso pactando secretamente con las pandillas como hicieron los anteriores gobiernos, para crear un artificial clima de seguridad, Bukele ganó las elecciones legislativas y municipales de febrero del 2021, obteniendo 55 de los 84 diputados de la Asamblea Legislativa.

Con esta mayoría legislativa, Bukele asestó el primer golpe al ordenar la destitución de los magistrados de la vital Sala Constitucional, que había frenado muchos de los excesos presidenciales. Argumentando que esos magistrados habían sido electos por los diputados de los partidos corruptos, Bukele justificó el asalto sobre el poder judicial, destituyendo a jueces que tenían más de 30 años de servicio.

Este golpe de Bukele causó conmoción interna y un escándalo internacional, pero era apenas el primer paso de su objetivo: el 4 de septiembre la nueva Sala Constitucional dictó una sentencia que permite la reelección de Bukele, cuando todavía no han sido convocada las elecciones presidenciales del 2023.

Bukele ahora controla los tres poderes del Estado: ejecutivo, judicial y legislativo. Se ha producido una inusual concentración de poder, que presagia el establecimiento de una nueva dictadura.

Dentro de sus planes, Bukele ha propuesta reformar 202 artículos de la obsoleta Constitución de 1983. Pretende hacer un cambio sustancial a la Constitución, sin convocar a una Asamblea Constituyente, sino utilizando el mecanismo de la reforma parcial pero que en el fondo es una reforma total, apoyándose en la actual mayoría legislativa, para darle más poderes al presidente, permitiendo la reelección, y fortalecer las instituciones del Estado, especialmente a la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) y la Policía Nacional Civil (PNC), para enfrentar el creciente descontento popular.

El proyecto de Bukele, que refleja una fracción de la burguesía emergente, se apoya en realidad, no en la votación popular, sino en la FAES y la PNC, lo que presagia una nueva dictadura cívico-militar en El Salvador.

Debido a que el dólar es la moneda de curso legal en El Salvador, y que los niveles de endeudamiento no le permiten obtener nuevos préstamos, Bukele ha autorizado el Bitcoin como otra moneda de curso legal, para obtener fondos e  impulsar su proyecto, a pesar de los riesgos que implica el flujo de capitales de dudosa procedencia.

Bukele es como aquel mago que con sus conjuros está desatando fuerzas infernales, que no podrá contener. Pero no todo está dicho. El 15 de septiembre se produjo una gran movilización unitaria contra las políticas de Bukele. Ese es el único camino que podrá frenar al bonapartismo de Bukele, evitando una nueva dictadura cívico-militar, como muchas de las que han existido en la historia de El Salvador