El conflicto por el Golfo de Fonseca no es nuevo. Después del derrocamiento del general José Santos Zelaya en 1909, por una conspiración de Estados Unidos, con el apoyo del presidente guatemalteco Manuel Estrada Cabrera, el gobierno títere de Adolfo Diaz en Nicaragua firmó el Tratado Chamorro-Bryan otorgándole en concesión por 99 años de una parte del territorio nicaragüense, para construir un canal interoceánico, incluidas las islas en el mar Caribe y las islas del Golfo de Fonseca, donde se construiría una base militar norteamericana.

El Salvador demandó a Nicaragua por los efectos del Tratado Chamorro-Bryan, al ceder una base naval a Estados Unidos en el Golfo de Fonseca. El 9 de marzo de 1917 la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), llamada Corte de Cartago declaró que el Tratado Chamorro- Bryan violaba los derechos de El Salvador como Estado centroamericano, porque los países del istmo formaban un todo moral y cualquier desmembración de territorio que sufriera uno de ellos hería los intereses de los demás, y que el Gobierno de Nicaragua había infringido su propia norma constitucional que le ordenaba el mantenimiento de la integridad territorial.

El resultado fue que Estados Unidos con apoyo del gobierno cipayo de Nicaragua terminaron liquidando la primera CCJ, que había sido acordada en los tratados de paz de La Conferencia Centroamericana, en Washington, en el año 1907. El canal interoceánico fue finalmente construido en Panamá, y el conflicto por las islas del Golfo de Fonseca pareció dormir el sueño de los justos.

No obstante, después de la guerra del futbol entre El Salvador y Honduras, en 1969 se reavivó el conflicto territorial entre ambos Estados. El 24 de mayo de 1986, Honduras y El Salvador iniciaron un juicio ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), para dirimir el conflicto limítrofe sobre las islas del Golfo de Fonseca. La CIJ dictó las sentencias del 11 de septiembre de 1992 y el 18 de diciembre de 2003, dándole la razón a Honduras.

¿Por qué hasta ahora JOH aprueba el Decreto Ejecutivo PCM-111-221? Muy sencillo: es una maniobra política a un mes de las elecciones de noviembre para exacerbar el sentimiento nacional de los hondureños, y desviar la atención en los precisos momentos que existe un debate nacional en Honduras por los alcances de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) que realmente entregan la soberanía a las transnacionales, bajo el pretexto de crear empleos y bienestar económico.

En el Decreto Ejecutivo PCM-111-221, JOH también se refirió al “canal seco”, un proyecto anunciado hace más de 10 años y que nunca se materializa, pero que desempolva en la recta final de la campaña electoral, para crear expectativas de desarrollo económico. El objetivo fundamental del Decreto Ejecutivo PCM-111-221 es inyectarle combustible al gobernante Partido Nacional, para ganar las elecciones y mantenerse en el poder.

Para rematar, en conferencia de prensa, JOH reafirmo que la isla Conejo es territorio de Honduras, y que "estamos listos para defender hasta el último milímetro de nuestro territorio nacional cuando así toque", insinuando que las Fuerzas Armadas de Honduras están listas para defenderla en contra de la pretensión de El Salvador.

Estamos, pues, ante un peligroso resurgimiento del nacionalismo reaccionario en Centroamérica. La existencia de los artificiales y caóticos Estados nacionales es el principal obstáculo para la unión de nuestros pueblos.

Las islas del Golfo de Fonseca son parte de la nación de Centroamérica, no de un Estado en particular. Es hora de luchar por una Asamblea Constituyente Centroamericana, electa democráticamente, que supere los estrechos nacionalismos y los conflictos territoriales, y que se plantee como meta la reconstrucción del Estado federal, superando los errores que condujeron al inicio de su derrumbe en el año 1838