Desde hace años, miles de exmilitares que sirvieron en las filas del ejército durante el conflicto armado interno (1960-1996) han venido reclamando una indemnización por los servicios prestados al Estado y a los grupos de poder económico, a quienes salvaron de “la amenaza del comunismo internacional”. Los políticos de turno han aprovechado del descontento de estos grupos, prometiéndoles durante la campaña electoral la aprobación de una considerable suma para resarcirles por su participación en el ejército contrainsurgente. El más reciente de estos oportunistas fue el actual presidente Alejandro Giammattei, que se reunió con las asociaciones de veteranos militares para prometerles unos Q125 mil a cada uno por sus servicios.

Desde 2018 la Comisión Presidencial de Diálogo ha sostenido unas 80 reuniones con al menos cinco organizaciones de veteranos, sin ningún resultado, dada la enorme cantidad de dinero involucrada, la incapacidad del Ministerio de Defensa de identificar la cantidad exacta de beneficiarios (la cifra más reciente asciende a 95,800 personas) y la obvia necesidad de reducir fondos de programas de salud, educación y otros servicios esenciales para satisfacer las exigencias de los veteranos militares.

Los políticos de extrema derecha consideran a los veteranos sus aliados naturales y su clientela política, y desde noviembre de 2019 diputados del partido Todos introdujeron una propuesta de ley para beneficiarlos con Q 120 mil a cada uno, pagaderos en tres años. Sin embargo, la iniciativa de ley no ha recibido dictamen favorable y se encuentra en discusión en varias comisiones del Congreso.

La tardanza ha exasperado a los veteranos, que han recurrido a acciones como manifestaciones y bloqueos de carreteras, para presionar. Las últimas de estas protestas ocurrieron el 13 y 14 de octubre, y terminaron con la promesa de ser recibidos en el Congreso el día 19; al no ser atendidos por los diputados, los exmilitares causaron los destrozos mencionados. El programa nacional de resarcimiento fue desmantelado y no se avanzó en medidas para resarcir a las víctimas de la violencia estatal en la pasada guerra interna

La incapacidad de los gobiernos burgueses y de los partidos en el Congreso de responder a las demandas de sus propios aliados muestran lo endeble de las instituciones del régimen político. La torpeza que impide la constitución de partidos políticos sólidos y duraderos que representen los intereses de los capitalistas y sus aliados ha llevado a una situación en que las protestas se dan no solo de parte de las organizaciones de trabajadores, campesinos e indígenas, sino de parte de grupos de extrema derecha que reclaman su parte del pastel, contra quienes las fuerzas de seguridad responden con harta timidez.

La crisis del régimen democrático burgués está siendo resuelta por los grupos de poder con un creciente autoritarismo y endurecimiento de medidas como estados de sitio y de prevención, que limitan las libertades democráticas. Las organizaciones sindicales, indígenas, campesinas, estudiantiles y populares deben dar una respuesta unitaria por la defensa de las libertades democráticas, unificándose tras la consigna de una Asamblea Constituyente Popular, que responda a los intereses de los trabajadores y de los pueblos indígenas.