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La lucha por la democratización de Nicaragua debe continuar

El proceso electoral que acaba de finalizar en Nicaragua, con las votaciones del 7 de noviembre, ha sido cuestionado por la maltrecha oposición burguesa y por la comunidad internacional, encabezada por Estados Unidos y la Unión Europea (UE).

Efectivamente, el endurecimiento de la dictadura Ortega-Murillo ha quedado plasmado en las denuncias, los precandidatos fueron encarcelados, sometidos a juicios con leyes de aplicación retroactiva, tres partidos políticos de la derecha (PCN, PRD y CxL) fueron disueltos, en pocas palabras no existieron condiciones democráticas mínimas para que el pueblo pudiera expresa su voluntad libremente en las urnas.

El resultado fue, como en 2016, una abstención masiva superior al 80% del padrón electoral. Bajo estas condiciones, la reelección de la pareja Ortega-Murillo refleja la de una minoría, y no a la gran mayoría de los nicaragüenses que se han abstenido, como una forma de mostrar el rechazo pasivo.

La reacción de la comunidad internacional se ha hecho sentir con un sinfín de pronunciamientos de los diferentes gobiernos, negándose a conocer los resultados de las votaciones del 7 de noviembre. La oposición burguesa en el exilio esta extasiada porque, según sus propios comunicados, Ortega-Murillo serán un gobierno “ilegitimo”.

Estados Unidos y sus aliados en la Organización de Estados Americanos (OEA) promueven en la Asamblea General que se realiza en Guatemala, una condena a la dictadura y probablemente la exclusión de Nicaragua, con la aplicación de la Carta Democrática de la OEA.

A lo anterior, como parte de la estrategia de presiones, habría que agregar que Joe Biden finalmente promulgó la Ley RENACER cuyo fin principal, no es revitalizar la movilización popular, sino acosar a Ortega-Murillo para que terminen negociando una transición hacia la democracia.

Este tipo de sanciones, además de ser ineficaces, crean la ilusión de que una potencia extranjera podrá arrodillar a la dictadura, cuando esta tarea de la democratización corresponde solamente al propio pueblo.

Aparte de las declaraciones y condenas estridentes, en el fondo ni Estados Unidos ni la UE quieren derribar a la dictadura Ortega-Murillo, solo presionarla para que acepte una negociación en los términos impuestos por ellos.

Y por su parte, Daniel Ortega también ha dicho que se prepara para negociar. Mientras esto ocurre, continua el forcejeo, los ataques verbales, y los encendidos discursos antiimperialistas.

De esta manera, la crisis política en Nicaragua se enrumba hacia una nueva y más compleja negociación, cuyos términos y conclusiones, es difícil de prever. Estas negociaciones serian la continuidad del fracaso del Dialogo Nacional en 2018 y 2019.

La izquierda y los sectores populares debemos luchar por crear una alternativa independiente, repudiando la demagogia democrática de Estados Unidos y la Unión Europea, y rechazando también las pretensiones de los agentes políticos del gran capital.

La gran tarea pendiente de la democratización de Nicaragua solo será posible a través de la movilización popular, con una nueva dirección revolucionaria e independiente.

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