Esta guerra contra las pandillas ha producido, según cifras de la Policía Nacional Civil (PNC) al 12 de abril, un total de 10, 094 personas capturadas de manera indiscriminada, sospechosas de pertenecer a la maras o pandillas.  Son numerosas las denuncias de personas que han sido detenidas sin pertenecer a dichas estructuras criminales.

Ante las denuncias, Bukele manifestó: “…Es importante recalcar que el porcentaje de errores en capturas ha sido mucho mayor al 1% en nuestro país…” (LPG.10/04/22). Así mismo, también han aumentado las víctimas de violencia ejercida por miembros de las fuerzas armadas de El Salvador (FAES) y de la PNC, contra la población civil. El tener un tatuaje,  ser joven  y vivir en una colonia popular, se ha vuelto un delito en la mayoría de los casos. Estos abusos deben ser frenados con la protesta social.

Esta ofensiva de Bukele contra las pandillas, igual que las que lanzaron los gobiernos de ARENA y del FMLN,  está condenada al fracaso, o sus resultados serán mínimos, porque no se está atacando el origen económicos y sociales de la violencia, que es la marginalización de amplios sectores de la juventud en las colonias y barrios populares.

Los partidos Nuevas Ideas (NI) y Gran Alianza Nacional (GANA) han politizado el aumento de los crímenes. Raúl Castillo, diputado de NI, ha llegado al extremo de afirmar que el aumento de la violencia se debe a que los partidos de oposición financian a los pandilleros: “…lo que ocurrió no es que las pandillas se pusieron de acuerdo para asesinar a 60 salvadoreños… sino que hay personas que los están financiando (…) vienen de partidos corruptos y asesinos que le pagaron a pandilleros". (DEM. 27/03/22).

Debido a que Bukele controla todos los poderes del Estado, no tenía necesidad de imponer el régimen de excepción. Lo hizo, precisamente para avanzar en la construcción de su dictadura. Las limitaciones a las libertades democráticas afectan directamente a los trabajadores y las masas populares.

Recientemente, la aplanadora oficialista dentro de la Asamblea Legislativa aprobó una reforma al artículo 345 del Código Penal, endureciendo las penas 9 a 45 años de prisión la pena máxima por pertenecer a pandillas, así como aumento de penas a los menores de edad que pertenezcan a las pandillas. En pocas palabras, se aprobó una ley excepción contra las pandillas y aun aumento del presupuesto de seguridad-

Pero con ellos también han continuado las limitaciones a las libertades democráticas. La Asamblea Legislativa aprobó en un trámite exprés una prohibición expresa a los medios de comunicación, sobre “la reproducción o transmisión de mensajes o comunicados” que se presuma hayan sido elaborados por las pandillas y “que puedan generar zozobra y pánico en la población”. Las penas que conlleva esta reforma van de los 10 a los 15 años de prisión.

En general los medios de comunicación no son apologetas de las pandillas, por lo que esta nueva ley viene a restringir la libertad de prensa. El gran problema de los cambios legales impulsados por Bukele, es definir quienes son pandilleros, porque hay una mezcla de conceptos de “criminales”, “terroristas”, etc.

Bukele ha manipulado un hecho real, la indetenible violencia en las calles, para imponer preventivamente un “régimen de excepción”, y reformas al Código Penal que limitan las libertades democráticas del conjunto de la población. Ante la agudización de la crisis económica, el alto costo de los combustibles y la incontenible inflación, Bukele en realidad pretende evitar el surgimiento de nuevas marchas y protesta populares.

Y la tendencia es que Bukele renueve el régimen de excepción y lo mantenga de manera indefinida como una camisa de fuerza contra la sociedad salvadoreña. La unidad de acción para la defensa de las libertades democráticas, es una tarea básica para los revolucionarios de El Salvador. Es un primer paso para luchar por las reivindicaciones propias de los trabajadores y las masas populares