Para el presupuesto general del año 2023, el presidente Chaves propuso un recorte nominal del 23% (real del 27%) del FEES, reduciendo el financiamiento a la educación pública en ¢128.000 millones de colones (cerca de 200 millones de dólares). El artículo 85 de la Constitución de Costa Rica, reformada en 1981, establece que las rentas del FEES “(…) no podrán ser abolidas ni disminuidas, si no se crean, simultáneamente, otras mejoras que las sustituyan. (…) El Poder Ejecutivo incluirá, en el presupuesto ordinario de egresos de la República, la partida correspondiente, señalada en el plan, ajustada de acuerdo con la variación del poder adquisitivo de la moneda. (…)”.

No es la primera vez, en las últimas dos décadas, que un presidente en Costa Rica pretende recortar el financiamiento a la educación superior. Bajo los gobiernos de Laura Chinchilla (2010-2014), Luis Guillermo Solís (2014-2018) y Carlos Alvarado (2018-2022) hubo un permanente forcejeo para reducir o recortar el FEES. La lucha se ha librado en las calles y en los tribunales. En 2018, la Sala Constitucional declaró inconstitucional un recorte al FEES por la cantidad de ¢10.000 millones de colones que había sido aprobado por la Asamblea Legislativa. Sin embargo, a través de trucos legales y con el contubernio de las bancadas de diputados de los partidos neoliberales, los gobiernos de turno han logrado, año con año, reducir en términos reales el presupuesto de las universidades, lo que ha provocado incesantes luchas estudiantiles y de la comunidad universitaria.

El abultado endeudamiento de Costa Rica pretende ser resuelto parcialmente mediante recortes a la educación superior. El principal argumento de los gobiernos neoliberales ha sido que se debe priorizar la educación primaria, y por lo tanto las universidades estatales no deben graduar más profesionales.

Este argumento desnuda las intenciones de convertir a Costa Rica en un país maquilero, es decir, producir la mano de obra básica para las empresas transnacionales o nacionales.

El presidente Chaves pretendió explotar su popularidad (el 80% de la población valora bien a Chaves en los primeros 100 días) para asestar un golpe mortal a las universidades públicas, una de las pocas conquistas del Estado de Bienestar anterior, que todavía sobrevive, aunque tambaleándose.

No obstante, la multitudinaria marcha del 16 de agosto lo obligó a recular rápidamente, para evitar el riesgo de una estrepitosa derrota política al inicio de su mandato. Chaves debió negociar con los rectores de las cinco universidades públicas, agrupada en el Consejo Nacional de Rectores (CONARE).

Pero no solo estaba en discusión frenar la pretensión de recortar el FEES, sino que, al mismo tiempo, se luchaba para que el gobierno de Chaves reconociera “la variación del poder adquisitivo de la moneda”, es decir, la depreciación del colon en relación al dólar, que según la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (FEUCR) ronda el 8,71% para este año.

Si bien es cierto que la movilización del 16 de agosto logró la primera victoria, la lucha será constante. Chaves tuvo que recular pero no desistirá en su afán de imponer la austeridad necesaria para revertir la pesada deuda externa e interna que carcome al Estado en Costa Rica.

La unidad de acción de las diferentes fuerzas políticas y sociales, especialmente dentro del movimiento estudiantil y de la comunidad universitaria, debe mantenerse para enterrar de una vez y para siempre cualquier intento de recortar al FEES. Debemos estar vigilantes sobre el CONARE, exigiendo información sobre las negociaciones y una sistemática rendición de cuentas de los gastos que realizan las universidades

La lucha no solo debe ser por la defensa del FEES, sino también para aumentar el presupuesto para la educación hasta el 10% del PIB. Esta es una necesidad real no solo en Costa Rica sino en el conjunto de los empobrecidos países que conformamos la nación Centroamericana