En su discurso del 1 de junio, celebrando cuatro años de gobierno, Bukele anunció una campaña frontal contra la corrupción, y dos decisiones que tendrán una honda repercusión en la evolución del régimen político.

El primer gran anuncio fue la reorganización de la división político-administrativa de El Salvador: la reducción de 262 a 44 alcaldías. Estos “municipios se convertirán en distritos que, a su vez, integran estas nuevas 44 alcaldías, es decir, ya no tendremos 262 alcaldes, ni 262 concejos municipales (…) ¿Cómo es posible que, en un país tan pequeño, de apenas 21,000 kilómetros cuadrados, tengamos 262 municipios? Todos con planillas y gastos administrativos que en la mayoría de casos superan incluso la recaudación de impuestos”.

Para que esta restructuración del Estado sea aceptada por la población, Bukele aclaro que no estaba “proponiendo el despido de los empleados municipales, los que se van son los puestos de confianza”.

El segundo gran anuncio fue la reducción de miembros de la Asamblea Legislativa de 84 a 60 diputados. Para justificar esta medida, atacó los Acuerdos de Paz de 1992, argumentando que “ARENA y el FMLN, en esa farsa que firmaron, en su momento, añadieron 24 diputados más a la Asamblea para asegurar los curules de sus amigos sin perder los otros curules.”

Vale la pena analizar estas dos medidas que ya están siendo aprobadas en la Asamblea Legislativa. Bukele es producto directo del fracaso del FMLN, ya que en los dos periodos continuos de gobierno (2009-2019), no impulsó los cambios democráticos que la población demandaba. Bukele se presentó como el impoluto que luchaba contra la corrupción bipartidista, y ganó las elecciones.

Una vez en el poder, Bukele ha desarrollado una marcha desesperada hacia una nueva dictadura. Primero hizo aprobar una sentencia que le permitía presentarse a la reelección inmediata, a pesar que la Constitución lo prohíbe.

Ahora ha ordenado reducir el número de alcaldías y consejos municipales en un doble objetivo: por un lado, la crisis fiscal no le permite pagar el FODES a las alcaldías (lo que origina continuas protestas y luchas de los empleados municipales) y, por el otro, al reducir el número de alcaldías a su antojo, se está garantizando el control de las 44 alcaldías que quedaran.

La reducción del número de diputados implica un cambio en el sistema de asignación de escaños. La incorporación de 24 diputados después de la firma de los Acuerdos de Paz de 1992, era con el objetivo de garantizar la representación proporcional de las minorías. En cualquier sociedad se considera una conquista democrática garantizar un espacio a las minorías. Bukele está regresando al régimen existente antes de 1992, y al sistema electoral antidemocrático y excluyente.

Juan Carlos Bidegain, ministro de Gobernación, quien presentó la propuesta de Bukele ante la Asamblea Legislativa, es quien mejor ha expresado las reales intenciones de la nueva dictadura que se está gestando: “Con las reformas dejaremos atrás el sistema de residuos que violenta el principio constitucional de la igualdad del voto. Aplicaremos el sistema de cocientes, que es utilizado por la mayoría de países del mundo” (Diario de Hoy, 01/06/2023)

La reducción del número de alcaldías y del número de diputados está acompañada de una contra reforma en el sistema electoral, que implicará una reforma al Código Electoral, en la parte relacionada con el conteo de votos  y la asignación de escaños. En el futuro ya no será por representación proporcional, donde se tomaba en cuenta los residuos electorales para garantizar la representación de las minorías. En adelante, se aplicará el sistema de cociente electoral, por medio del cual el partido que obtiene el mayor número de votos se queda con la mayoría de cargos. Con la propuesta de Bukele estamos retrocediendo a la vigencia de la Constitución de ARENA, tal como fue formulada originalmente en 1983.

El sistema de cociente electoral, sin residuos, es propio de los sistemas bipartidistas, pero en El Salvador ya no hay bipartidismo sino la hegemonía de Nuevas Ideas (NI), el partido de Bukele, lo que garantizará no solo su permanencia en el poder en el próximo periodo, sino que arrase en las alcaldías y diputaciones.

Es un plan bien articulado para reorganizar el Estado al gusto de Bukele. El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) se opone a semejante proyecto. Los ciudadanos deben decidir democráticamente, en asambleas populares o cualquier otro mecanismo de consulta, si deben seguir existiendo las 262 alcaldías o si se debe mantener los 84 diputados. Pero, sobre todo, debe decidir si se mantiene o mejora el sistema de representación proporcional que garantice la representación de las minorías.

Todavía estamos a tiempo de frenar la construcción de una nueva dictadura, si no lo hacemos después vendrá el crujir de dientes.