La crisis migratoria en las fronteras de Estados Unidos ha dejado de ser un fenómeno ocasional para convertirse en un problema permanente. Según la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP) de Estados Unidos, entre 2021 y julio de 2023 agentes de la Patrulla Fronteriza detuvieron a 6,086,772 inmigrantes indocumentados a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. De ese total, fueron deportados 5,580,146, es decir, el 91.2%. Muchos de ellos regresan e intentan nuevamente ingresar a Estados Unidos.

La crisis es de tal magnitud que La administración Biden ha tenido aplicar las mismas políticas de la administración Trump, para contener la hemorragia migratoria. Sin embargo, la estrategia de Biden tiene un componente diferente: ha optado por otorgar el ingreso temporal a trabajadores, conforme las necesidades de mano de obra de Estados Unidos. El “parole humanitario” es una visa de trabajo temporal, que no permite que los trabajadores inmigrantes tengan derecho a la residencia permanente y por tanto a la ciudadanía. Es una restrictiva reforma migratoria en los hechos.

Las oleadas migratorias de centenares de miles de personas que tienen obligatoriamente que pasar por México, afectan directamente al gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), un contradictorio e inestable aliado de Estaos Unidos. Recientemente, AMLO convocó a un Cumbre de Presidentes en Palenque, Estado de Chiapas, México, a la que asistieron presidentes de Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Panamá y Venezuela, y una representación del gobierno de Belice, para discutir como contener el flujo migratorio.

Los participantes en la Cumbre de Palenque emitieron un Declaración, el pasado 22 de Octubre, en la que, entre otros aspectos, llamaron a que “se levanten medidas coercitivas unilaterales impuestas a países de la región (sanciones, bloqueos o listados de terrorismo)”, en una clara alusión a Cuba, Venezuela y Nicaragua (que por cierto no asistió) con la ilusión que estas medidas pueden detener el flujo migratorios proveniente de estos países.

En tono suplicante, solicitaron “(…) replantear la arquitectura financiera internacional de la deuda soberana, a fin de permitir a los países, particularmente los de ingreso medio, alcanzar mayores niveles de desarrollo, cerrar las brechas sociales y reducir la intención de migrar tales como el cambio de deuda universal por autosuficiencia alimentaria, servicios ambientales y acción climática”.

Solicitaron al imperialismo norteamericano aflojar la soga financiera que asfixia a los países de la región, algo poco probable.

Pero, el punto más importante, fue el referido a “solicitar a los países de destino la ampliación de las vías regulares, ordenadas y seguras de migración con especial énfasis en la movilidad laboral y promover la reintegración y el retorno de los trabajadores temporales”.

Debido a que ya no pueden contener el flujo migratorio, se alinearon con la política de Biden de otorgar visas temporales de trabajo, promoviendo la movilidad y el retorno a sus países de origen.

En pocas palabras, que los trabajadores de zonas francas pueden ir a trabajar a Estados Unidos, pero que regresen a sus países de origen. Si esta política migratoria se generaliza, el resultado será que los trabajadores migrantes temporales bajaran el salario real de los trabajadores norteamericanos, provocando un conflicto con ellos.

Mientras no haya trabajo y salarios dignos en nuestros países, la migración debe ser con plenos derechos y no de manera temporal, sin restricciones legales.