Por Raúl Jiménez Lescas

No estaba en el Plan Sexenal (1934-1940) del presidente Lázaro Cárdenas del Río, tampoco en el programa del PRM (antecesor del PRI), es más, ni los comunistas del PCM lo proponían. No estaba en la agenda política del día ni del sexenio. Pero fue realidad el 18 de marzo de 1938, un año difícil no sólo para las compañías petroleras extranjeras en México, sino para el mundo: el dragón de la Segunda Guerra Mundial abrió el ojo.

Recuerda Tania Alemán Saavedra que hacia 1862 “… fue perforado en Tabasco el primer pozo petrolero por el ingeniero Antonio de Castillo. Fue durante el imperio de Maximiliano de Habsburgo que se emitió un decreto en el cual se permitía la explotación del petróleo mexicano con la intervención y aprobación del gobierno. Las concesiones petroleras fueron otorgadas a particulares y el pueblo de ninguna manera se vio beneficiado.”

Como sabemos, el petróleo y la energía eléctrica son la base de la Segunda Revolución Industrial. Petroleros y electricistas se fueron organizando en sindicatos para defender sus derechos laborales, no sólo en México sino en todo el planeta. Durante el Porfiriato la industria petrolera estuvo en las manos de compañías extranjeras, principalmente estadounidenses, inglesas y holandesas. Su actividad petrolera rodeaba el Golfo de México (Tamaulipas, Veracruz y San Luis Potosí). La promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Artículo 27) no limitó sus funciones, pero tampoco respetaban el Artículo 123 que otorgó los derechos humanos laborales a los trabajadores.

Ya el plan sexenal (1934-1940) planteó la necesidad de “establecer los intereses nacionales sobre los extranjeros”, vislumbrando “el rescate de las riquezas del subsuelo mexicano que estaba en manos extranjeras.” Y la ley de expropiaciones fue aprobada en 1936 y en ella se estableció que “… el gobierno podía tomar cualquier propiedad si los intereses de la sociedad así lo requerían. Con esto fue adquirida la obligación de compensar al propietario en un plazo de máximo diez años.” (Saavedra, 2020).

El 15 de agosto de 1935 se formó el Sindicato Nacional de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) con delegados de varias organizaciones de petroleros. El 1º de junio de 1936 inició el Primer Congreso del Sindicato de Petroleros, cuyo objetivo era exigir a las compañías extranjeras la firma de un Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) que les permitiera tener mejores condiciones de trabajo, pues estaban expuestos a la movilización de un campamento a otro, a viviendas inadecuadas, falta de vías de comunicación, carestía de productos, climas extremos, insalubridad, carencia de servicios médicos y falta de protección para enfermedades profesionales y accidentes de trabajo.” (Memoria, 2023).

El presidente Cárdenas apoyó a los petroleros, pero aconsejó “… dar un tiempo razonable y que se agotaran las vías legales para resolver la situación.” Mientras tanto, en Tulsa, Oklahoma, el ex presidente y ex maximato Plutarco Elías Calles (asilado en ese lugar), “… acusó al gobierno de Cárdenas de comunista, de que tenía el propósito de entregar a los trabajadores el manejo de las industrias, actividad para la cual no están capacitados los obreros. Luis N. Morones (ex líder de la CROM) había dicho antes que el gobierno mexicano y la Unión Soviética estaban aliados.” (Memoria, 2023). La lucha petrolera también abrió su primer ojo.

Una huelga petrolera de 10 meses

Lo contó Gustavo Corona Figuero, quien fue el presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCyA) durante la huelga petrolera iniciada en mayo de 1937. Su libro y memoria es una joya de aquellas jornadas por la defensa de los derechos laborales y la soberanía energética de México.

Tomó su pluma y escribió: “Cuando en junio de 1937 el licenciado Enrique Calderón me preguntó sí aceptaría el cargo de presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje para conocer del conflicto de huelga que en contra de las empresas petroleras del país habían declarado sus trabajadores, nadie suponía, ni remotamente, que aquel conflicto obrero-patronal habría de culminar, meses después, en la expropiación de la industria.” (Corona, 1975).

Como sabemos, la huelga de los petroleros inició el 28 de mayo de 1937 y 10 meses y días desembocó en la epopeya cardenista de la expropiación y nacionalización de la industria petrolera. Expropiar, nacionalizar, nos recuerda Gustavo Corona se escribe fácil, se dice fácil, pero tiene enormes repercusiones nacionales e internacionales, ya que sólo la empresa extranjera El Águila representaba el 60% de la totalidad de la industria petrolera en México.

Enrique Calderón, por su parte, era el jefe de la Comisión de Estudios del presidente Cárdenas. Otros dos miembros destacados de la Comisión fueron Enrique González Aparicio y José Cantú Estrada, quienes ante lo prolongado de la huelga, formularon un Memorándum al Presidente sobre el conflicto obrero-patronal.

La polarización no resultaba fácil para una solución, pero el Comité de Huelga petrolero, decidió someterse al “arbitraje” de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que presidía León Orantes. Como asesor de los huelguistas, se contaba con Vicente Lombardo Toledano, secretario general de la CTM.

La propuesta presidencial, basada en el Memorándum de sus colaboradores y la aceptación tácita del sindicato de aceptar el “arbitraje” fue de levantar la huelga y volver al trabajo. Y, sin pelos en la lengua, les dijo al centenar de delegados sindicales, más o menos: «Les autorizo decir que les he pedido volver al trabajo. Asumo la responsabilidad de este acuerdo. Se les hará justicia’.

De Los Pinos (oficinas del Presidente) se trasladaron los paristas a la Universidad Obrera de México, que no estaba en San Ildefonso 72 como ahora, sino en la calle de Rosales. Ahí siguieron sesionando los petroleros. La huelga tenía más de 10 meses. Sesionó la Primera Gran Convención Extraordinaria, el Comité Ejecutivo Nacional y el Comité de Huelga de los petroleros. El ambiente, según los testigos, fue tenso, pero por mayoría decidieron levantar la huelga y someterse al “arbitrio” de la Junta Federal. Pasaban de la media noche y los delegados irían a sus centros laborales a comunicar la decisión.

Nada fácil para los delegados. En algunos lugares los rechazaron y acusaron de “vendidos”. En otros los debates fueron duros. No había sido una decisión fácil de tomar. Pero el presidente Cárdenas se los pidió y les prometió “se hará justicia”.

La representación sindical elaboró un texto guía para consultar a la base petrolera: 8 fueron los puntos redactados. Informaron que las empresas presentaron un Contrato Colectivo de Trabajo alternativo que los huelguistas rechazaron.

En medio de este conflicto, fue designado el michoacano Gustavo Corona Figueroa presidente de la JFCyA.

Los tribunales fallaron a favor de los trabajadores

Dice Doralicia Carmona en su Memoria Política de México: El 19 de febrero de 1937, la corte dio a conocer su fallo favorable en relación con las demandas de los trabajadores petroleros; sin embargo, pasaron seis meses y no hubo respuesta alguna a las demandas de los trabajadores por lo que decidieron ir a huelga. Las empresas petroleras se ampararon, trataron de desacreditar el movimiento y lo acusaron de obstaculizar la producción del energético. La huelga terminó el 9 de julio y fue nombrada una comisión para investigar si las compañías petroleras tenían la capacidad económica para satisfacer las demandas de los trabajadores. Lo que resultó fue la demostración de que las empresas petroleras no declaran honestamente el monto de sus ganancias y que el capital invertido había sido recuperado desde diez años antes, y pese a eso, los empresarios seguían negándose a satisfacer las demandas laborales.

La Suprema Corte de Justicia falló también en favor de los trabajadores nacionales; pero las empresas extranjeras se negaron a acatar dicho fallo. El 14 de marzo, la Junta de Conciliación y Arbitraje dio un plazo de 24 horas a las compañías petroleras inglesas y norteamericanas para que observaran la resolución que ordenaba el cumplimiento de las demandas del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República sobre limitaciones al derecho de dirección y administración de las compañías, prestaciones sociales y económicas, y tabuladores de salarios. Las compañías desconocieron dicho laudo e iniciaron una campaña en contra de la autoridad del gobierno. Es en esta situación cuando se expide el presente decreto expropiatorio.

El decreto de Expropiación

El 18 de marzo de 1938, el presidente Cardenas expide un decreto en el que declara expropiados por causa de utilidad pública y a favor de la nación, la maquinaria, instalaciones, edificios, oleoductos, refinerías, tanques de almacenamiento, vías de comunicación, carros-tanque, estaciones de distribución, embarcaciones y todos los demás bienes muebles e inmuebles necesarios para el descubrimiento, captación, conducción, almacenamiento, refinación y distribución de los productos de la industria petrolera, propiedad de las empresas extranjeras Compañía Mexicana de Petróleo El Águila, S.A., Compañía Naviera de San Cristóbal, S.A., Compañía Naviera San Ricardo, S.A., Huasteca Petroleum Company, Sinclair Pierce Oil Company, Mexican Sinclair Petroleum Corporation, Stanford y Compañía, S. en C. Peen Mex Fuel Company, Richmond Petroleum Company de México, California Standard Oil Company of México, Compañía Mexicana el Aguila, S.A., Compañía de Gas y Combustible Imperio, Consolidated Oil Company of México, Compañía Mexicana de Vapores San Antonio, S.A., Sabalo Transportation Company, Clarita, S.A., y Cacalilao, S.A.

Dispone que la Secretaría de la Economía Nacional proceda a la inmediata ocupación de los bienes materia de la expropiación y que la Secretaría de Hacienda pague la indemnización correspondiente a las compañías expropiadas, en efectivo y a un plazo que no excederá de diez años.

La medida responde a la negativa de las empresas petroleras, dada su supuesta incapacidad económica, a aceptar un laudo que las condena a implantar nuevas condiciones de trabajo. Como se han roto las relaciones de trabajo y se hace inevitable la suspensión total de actividades de la industria petrolera, el poder público interviene para impedir que se produzcan graves trastornos a la población y para proveer a la defensa, conservación, desarrollo y aprovechamiento de los yacimientos petrolíferos.

Desde esa mañana todos los periódicos habían anunciado que a las 10 de la noche, el presidente enviaría un mensaje a la nación por las estaciones de radio y así fue: “El presidente, de pie frente a una gran mesa donde había dos micrófonos, sostenía en la mano izquierda un documento, esperando la señal convenida de antemano con un técnico en radiodifusión que, frente a él, escuchaba algo a través de unos grandes audífonos. La tensión iba en aumento, [...] el radiotécnico levantó con lentitud el brazo derecho y luego lo dejó caer rápidamente. El presidente comenzó entonces a leer y su voz, siempre clara y firme, sonó ligeramente más grave que de costumbre: ‘La actitud asumida por las compañías petroleras negándose a observar el mandato de la justicia nacional...' en la breve relación de hechos el presidente dio cuenta del conflicto laboral y jurídico que el país y esas empresas han sostenido. ‘Las compañías petroleras... se han obstinado en hacer, fuera y dentro del país, una campaña sorda y hábil… y lesionar seriamente los intereses económicos de la nación...' la difamación, la desobediencia, el desafío de esas empresas cobraron su verdadera dimensión en la palabra enérgica del presidente ‘Se trata de un caso evidente y claro que obliga al gobierno a aplicar la Ley de Expropiación en vigor...' [...] cuando el mensaje presidencia concluyó, en los barrios citadinos la gente se echó a la calle e improvisó grandes jolgorios [...] en los campos petroleros de Tampico y Veracruz, los obreros tomaron las instalaciones y organizaron, sobre la marcha, comisiones de administración y vigilancia”.

Culminaban así las fricciones con las empresas extranjeras dedicadas a la explotación de los recursos naturales de México a raíz de la promulgación de la Constitución de 1917. En el caso de esta industria, los petroleros emprendieron toda clase de acciones para evitar su aplicación y los obreros mexicanos eran discriminados en los pagos en relación con los trabajadores extranjeros, quienes ganaban más en igualdad de circunstancias.

El 19 de marzo, se estableció el Consejo de Administración del Petróleo y el 7 de julio siguiente, se creará Petróleos Mexicanos para concentrar las propiedades y actividades de la industria petrolera. El 19 de noviembre de 1940 se reformará la Constitución para prohibir las concesiones. Finalmente, se vencerá la resistencia y el bloqueo de las potencias afectadas y durante la Segunda Guerra Mundial proveerá PEMEX de petróleo a los aliados.