Por Carlos José Cabezas Mora

Secretario General

Central General de Trabajadores (CGT)

Costa Rica

Ya se nos acabó la capacidad de ser sorprendidos por la actuar patronal con respecto al sindicalismo, nos ha informado la Coordinadora de Sindicatos Bananeros de Costa Rica (COSIBAR) que dos empresas bananeras SINCELEJO DEL SUR y SANTA MARIA DEL MONTE S.A., fueron condenadas por despedir a José Joaquín Ruiz Ruiz y 4 trabajadores (respectivamente de cada empresa), ambos casos condenan los tribunales a las empresas obligan al pago de salarios caídos y a la reinstalación, sin embargo ambas se niegan a la cumplir con el mandato judicial.

Tal nivel de resistencia a cumplir con la legalidad proviene del sector productivo acostumbrado desde la época de Carlos Luis Fallas (Calufa) a perseguir a trabajadores negándoles sus derechos, eso a pesar de la obligación legal de hacerlo como lo confirman las sentencias, esta actitud nos recuerda como en Costa Rica las leyes laborales son de tercera categoría si se comparan con los derechos “sacrosantos” de las empresas, tal y como lo estableció el Gobierno de turno al aprobar el TLC-EEUU-CA que por primera vez le otorga a las corporaciones potestades negadas a los ciudadanos.

A primera vista de un observador objetivo Costa Rica posee una cultura de incumplimiento de la legalidad laboral por parte de los empresarios y el gobierno, lo cual corroe las bases fundamentales de la coexistencia ciudadana, poniendo en serio peligro la ya desgastada credibilidad en la democracia, vaciándola de contenido real y dejándola como un cascarón que solo sirve para los discursos en actos oficiales dentro y fuera del país.

Es el colmo de la incompetencia de los órganos de control encargados de la ejecución de la justicia que se le tenga que exigir a las empresas bananeras el cumplimiento tanto de la legalidad como de las sentencias y que si no cumplen no pase nada, tal y como decía Benito Juárez, presidente Mexicano “el respeto al derecho ajeno es la paz”, cuando está máxima no se respeta las consecuencias pueden ser catastróficas para nuestro país.

Así nuestra organización insiste en que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social representante del Gobierno comprometido con el Programa de Trabajo Decente, debe pronunciarse al respecto y luchar por modificar esta realidad y no continuar jugando a ser un supuesto árbitro neutral sin capacidad de resolver los grandes problemas laborales de nuestro país.

Exigimos el respeto a la resoluciones judiciales y su inmediato cumplimiento y de continuar las empresas bananeras en la violación de derechos humanos laborales sea sujetas no solo a sanciones morales, de las cuales estamos cansados los sindicatos.