Por Ramón Sibaja

Cada semestre se negocia el aumento de salarios en Costa Rica. El gobierno ha mantenido la estrategia de negociar por separado, por un lado los trabajadores del sector público y por otro lado los trabajadores del sector privado.

Falta de criterio unificado

Las negociaciones ya comenzaron, pero los escasos sindicatos del sector privado se muestran débiles y divididos. La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), considera que el aumentos debe ser de al menos el 4,12%, tomando en cuenta la inflación acumulada. El Banco Central de Costa Rica proyectó para el año 2014 una inflación del 1,98% para el primer semestre, pero para el mes de Mayo llegó al 3,75%.

Aplicando la metodología utilizada desde el año 2010 por el Consejo Nacional de Salarios (CNS), el aumento debería ser de 0,31%. Este desfase se acumula en el tiempo produciendo un deterioro del salario real de los trabajadores del sector privado. El año pasado el aumento de salarios para el sector privado fue de 3,78% y para el sector público fue de 0.43%.

Susan Quirós, dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), se fue más bajo que ANEP al plantear que el aumento debe oscilar entre el 3,15% y un 4,15%. El Sindicato de Trabajadores de la Empresa Pública y Privada (Sitepp) planteó que al aumento debe ser del 6%.

La patronal contenta

Shirley Saborío, directora ejecutiva de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), no ha ocultado su satisfacción, porque la propuesta de ANEP y UNT le abre al camino a la propuesta de un miserable aumento del 1,33%, que implica un aumento de ¢1.330 por cada ¢100 mil.

El gobierno del PAC se convierte en el gran juez que decidirá cuánto corresponde de aumento a los 1,3 millones de trabajadores del sector privado, que realmente esta desorganizado y atomizado, sin organizaciones sindicales fuertes, y controlados por la patronal a través de las asociaciones solidaristas.

El aumento salarial de los diputados

Mientras el tema de los salarios y de las pensiones preocupa a las masas trabajadoras, los diputados de la Asamblea Legislativa mediante ley fijaron su propio aumento de salarios en un 10%, es decir, nueve veces más del porcentaje que los patrones pretenden otorgar a los trabajadores.

Debate sobre reforma de las pensiones

Mientras se discute el aumento de salarios para el sector privado, en la Comisión Plena Primera de la Asamblea Legislativa se discute el proyecto de ley que permitiría a unos 4,000 maestros migrar del sistema de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), al Sistema de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, del cual se salieron por una falsa información. Esto permitiría mejorar las pensiones con un equivalente al 80% del salario. La oposición del gobierno del PAC no se hizo esperar, argumentado que eso costaría el Estado la erogación de ¢505.000 millones. La ironía es que fue el PAC quien presentó el proyecto de ley, del cual ahora reniega.

Los sindicatos magisteriales y la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (Jupema) apoyan el proyecto de ley. No obstante, mientras un sector del magisterio lucha por mejorar sus pensiones, algunos políticos, que algún momento fueron docentes, como el ex diputado José Ángel Ocampo, trataron por medio de los tribunales, de mejorar sus pensiones utilizando sus altos salarios como funcionarios públicos.

Estos incidentes han sido utilizados por el gobierno del PAC para iniciar una ofensiva contra cualquier intento de mejorar las pensiones. Helio Fallas, ministro de Hacienda, ha denunciado la corrupción de un reducido grupito de 1.745 altos funcionarios de gobiernos anteriores que reciben pensiones por un monto total de ¢90 mil millones al año.

Unos 300 jubilados de lujo reciben pensiones superiores a los ¢5 millones por mes. Entre esta lista de privilegiados esta nada menos que Sonia Marta Mora, actual ministra de Educación, quien percibe una pensión de ¢6,1 millones. Mientras la ministra goza de una elevada pensión, le niega a los docentes el derecho a migrar al sistema de pensiones del magisterio.

Todos queremos buenas pensiones para pasar una vejez digna, pero este caso de corrupción está siendo utilizado para frenar el proyecto de ley que beneficiaría a unos 4,000 educadores. Incluso, el gobierno del PAC está preparando una ley para impedir una mejoría en las pensiones de los trabajadores.

Poco a poco, los trabajadores comienzan a hacer la experiencia con el gobierno del PAC. Las ilusiones tienden a disiparse rápidamente.