Por José René Tamariz

Cada dos semestres de todos los años, se repite el mismo espectáculo en el Consejo Nacional de Salarios (CNS), la supuesta discusión y, al final, la imposición de los reajustes salariales, tanto para los trabajadores del sector privado como público. Recientemente se impuso el reajuste salarial del 0,94% para los trabajadores del sector privado. En este sector, desde el año 2012, existe una metodología para aprobar dichos incrementos de los sueldos mínimos en la empresa privada. Esto se hace considerando la inflación proyectada más el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de los últimos cinco años. En el sector público, se hacen los reajustes salariales semestrales tomando en cuenta solamente la inflación pasada, es decir, del semestre anterior, pero de todos los trabajadores, mientras que en el sector privado, los reajustes salariales no se generaliza para todos los trabajadores.

En la supuesta discusión y aprobación del reajuste de los salarios del sector privado en el seno del CNS existían diversas propuestas por parte de los bloques sindicales y sindicatos. Por un lado, estaba la posición del Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense (BUSSCO), que proponía un incremento general a la base salarial del 1,46% y, un aumento adicional del 1% y 2%, para los trabajadores no calificados y empleadas domésticas, respectivamente. Por otro lado, estaba la posición de las centrales sindicales Juanito Mora y ANEP, que son parte de Patria Justa, Rerum Novarum (CTRN), la CMTC, la CUT, que demandaban un reajuste salarial del 2% en general y de un 2.5% para las trabajadoras domésticas. En tercer lugar, se encontraba la posición del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Privada y Pública (SITEPP) que planteaba un incremento salarial del 5% y adicionalmente el 2% y 0,25% por inflación proyectada e incremento del PIB, respectivamente. Como se puede observar, es una cuestión de locos todas las propuestas de tantas organizaciones sindicales. Lo peor de todo ello, es que en la mesa de negociaciones del CNS no había ningún trabajador de carne y hueso que representara los intereses de los diferentes sectores de la empresa privada y que hayan sido electos por ellos.

Al final, como era de esperarse, el gobierno y la patronal, impusieron su posición: otorgar un miserable reajuste salarial del 0,94%, es decir, apenas 940 colones para cada cien mil colones, porque la inflación interanual fue de ese mismo porcentaje. Para un trabajador que gana el salario mínimo, que es un poco más de 200 mil colones, significa comprar solamente una bolsa de arroz y una de frijoles. Por otra parte, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), la canasta básica en tres meses pasó de 126 885 colones a 130 093, o sea, un incremento del 2,52%, mientras que el incremento salarial fue del 0,94%. A lo anterior, hay que sumarle que Costa Rica ¡es el país de América Latina en donde el costo de la vida es un 20% más caro!

Frente a esa situación las dirigencias sindicales deben plantear y negociar de forma conjunta una posición unificada frente al gobierno y la patronal. Eso podría permitir una lucha conjunta de las organizaciones sindicales tanto en la mesa de negociaciones como en la calle para imponer una propuesta unitaria de reajustes salariales.

De otro lado, todas las organizaciones sindicales (confederaciones, centrales y sindicatos) y sus dirigencias deben unificar esfuerzos para definir y presentar al gobierno una política salarial nacional, desde el sector de los trabajadores, sean privados y públicos.

Se debe retomar algunas propuestas planteadas por el Informe Estado de la Nación al respecto. En primer lugar, exigir una inspección efectiva del Ministerio del Trabajo que garantice el pago del salario mínimo y otros derechos y garantías laborales (pagos por enfermedad, vacaciones, riesgos de trabajo, horas extras). En segundo lugar, luchar conjuntamente por una política nacional de salarios mínimos crecientes para las ocupaciones de sectores no profesionales, tales como obreros (urbanos y rurales) y trabajadores no calificados. En tercer lugar, luchar para que en la empresa privada se les garantice los reajustes salariales a todos los trabajadores, no solo a los que devengan el salario mínimo. En cuarto lugar, es necesario y urgente la unidad de todas las organizaciones sindicales para enfrentar los peligros que enfrentan los trabajadores del sector público (tanto por el lado del nuevo directorio de la derecha neoliberal que se apoderó del directorio y las comisiones de la Asamblea Legislativa como por parte del gobierno) de eliminar los componentes salariales conocidos como pluses salariales con el objetivo de que sean los trabajadores los que paguen el déficit fiscal. También en la lucha por los reajustes salariales se debe considerar el factor de país más caro para exigir una compensación salarial. De otro lado, se debe luchar por cambiar la metodología de los reajustes salariales semestrales en el sector público, que se paguen los reajustes con base en la inflación proyectada y no con base en la inflación pasada y tome en cuenta también el crecimiento económico.