Por Ernesto Fuertes

La discusión principal hoy en día en Costa Rica gira en torno al tema del déficit fiscal, detrás del cual se agrupan toda una serie de políticas como el salario único, la reducción de gasto público (presupuestos, transferencias, etc), la aprobación del Plan Fiscal la ley de empleo público y salario único (el congelamiento de plazas y la igualación –reducción de salarios del sector público), y la seguidilla de proyectos privatizadores.

Contexto histórico y coyuntural

Todas estas políticas están relacionadas. El Plan Fiscal incluye impuestos indirectos –el IVA, por ejemplo--, el levantamiento de exenciones a productos básicos para la población o el aumento del impuesto de renta de la ‘clase media’ donde hay que tener cuidado con las definiciones, ya que se incluyen sectores asalariados, y no exactamente pequeño-burgueses, etc.

La ofensiva privatizadora abarca el recientemente logrado negocio de los muelles de Moín, en la provincia atlántica de Limón a la empresa holandesa APM Terminals, los subsecuentes proyectos de ‘contingencia eléctrica’ (la co-generación de energía hidroeléctrica por parte de la empresa privada y en contra de la empresa estatal ICE), la intención creciente de privatizar la refinería de petróleo estatal RECOPE, y las distintas instancias en las que la empresa encargada del servicio del agua estatal (AyA) defiende las fuentes de agua para proyectos privados o de alianzas público-privadas (alianzas, las cuales, son la médula central del programa de gobierno para el futuro candidato del PLN José María Figueres), etc.

La política cambiaria, crediticia y financiera en general (la promoción de la devaluación por parte desde Oscar Arias, el manejo de las tasas de interés, hasta el acceso al crédito para la pequeña-empresa) está caracterizada por el sometimiento continuado al comercio exterior.

La pretensión del actual gobierno de Luis Guillermo Solís y del conjunto de la burguesía es que la crisis económica sea pagada por los trabajadores y la pequeña burguesía (campesina y urbana en general), al mismo tiempo que intenta destruir o aminorar conlleva en el plano político a un conjunto de ataques contra una serie de derechos democráticos que han caracterizado a la democracia burguesa costarricense después de la guerra civil de 1948, y que están consignados en el Código de Trabajo o en las Garantías Sociales.

Cambios sustanciales en la economía

Desde 1978 los servicios y la industria superaron a la agricultura como porcentaje mayoritario del PIB, y en los años 80/90 la industria manufacturera también superó a la agricultura dentro de las exportaciones. En el campo, la concentración de la tierra alcanzó niveles nunca antes vistos en Costa Rica: aunque no podemos hacer una comparación exacta entre las fincas por números de hectáreas y por cantidad de parcelas (este último siendo el único que aporta el último censo agropecuario del 2014), y asumiendo que las fincas con 4 y más parcelas son al mismo tiempo las que tienen 500 y más hectáreas, vemos un crecimiento entre 1984 y el 2014 del 0,7% al 3,70%, triplicando las fincas grandes que existían no solo desde el censo del 84, sino incluso desde 1963. Asimismo, es solo después del 48 (donde creemos que juega en gran parte la contrarrevolución y la destrucción del Partido Comunista) que se da una extensión de las tierras agrícolas desde alrededor del 30% en 1950 hasta el 50% en 1984, algo que no sucedía desde inicios del siglo XX (se mantenía en 30% desde alrededor de 1910).

Es la primera gran ruptura (con todo lo parcial que pueda ser) con el modelo parcelero. Eso explica que aunque entre los censos de 1970y 1984 se mantenga un porcentaje relativamente idéntico al 1%, en realidad entre uno y otro censo estamos hablando de extensiones de tierra radicalmente distintas. La extensión de tierra agrícola luego de 1984 disminuye, paralelo al crecimiento exponencial de las fincas más extensas hasta la actualidad que ya mencionamos hasta el año 2014. Esto habla de una mayor concentración de la tierra en latifundios paralela a la decaída del modelo específicamente agro-exportador (aunque no en términos absolutos, sino relativos), aunque parece seguir siendo incomparable al radio latifundio-minifundio de países como Guatemala o El Salvador.

La industria propiamente dicha tiene mayor participación de valor en las exportaciones de Costa Rica que la agricultura, y tiene el tercer lugar de participación en el PIB (detrás de los servicios y el comercio), pero en términos concretos, el trabajador industrial es superado en términos cuantitativos por los trabajadores de comercios, de talleres mecánicos, de manufacturas. El trabajador agrícola se mantiene como el segundo rubro con mayor cantidad de trabajadores después del comercio. Esto quiere decir que aunque el modelo exportador costarricense deja de ser predominantemente agrícola, el campesino sigue teniendo un peso enorme en términos de fuerza laboral.

En cuanto a la pequeña burguesía, las PYMES representan la mayoría de empresas, aunque las grandes empresas son las que tienen mayor cantidad de empleados (alrededor del 80%) y la mayoría de las exportaciones. Asimismo, el sistema de crédito concentra el 80% del crédito en las empresas grandes, y solo alrededor del 20% en las PYMES, aunque sean más que aquellas.

Por último: el único sector que se mantiene en crecimiento a lo largo de la segunda mitad del siglo XX (desde 1948), además de los servicios, es el capital comercial y financiero. Esto reformula completamente la forma en que se ha planteado el dominio capitalista en las periferias centroamericanas: mientras la agricultura deja de ser el representante de mayor valor dentro de la economía costarricense, y siendo superado por los servicios o la industria, el capital comercial es el único cuyo poder se mantiene estructuralmente constante a lo largo de la historia reciente del país.

El mayor obstáculo para el desarrollo de la región no es el “oligarca terrateniente”, sino el capital comercial y financiero. El capital comercial y financiero supedita al capital industrial. Esto tiene una gran importancia política: la burguesía manufacturera es más propensa a oponerse a la apertura de los mercados, lucha desesperadamente por la creación de un mercado interno. Las disyuntivas entre el capital industrial y el comercial/financiero representan entonces las disyuntivas entre las salidas republicanas y las salidas autoritarias/bonapartistas en Costa Rica, aunque hay que tener cuidado: las divergencias políticas no se circunscriben nítidamente a capitales específicos de la economía, sino a fracciones distintas de cada capital.

Si unimos todo lo anterior, vemos que la solución del déficit fiscal a través de impuestos progresivos (tanto directos a las utilidades empresariales como subidas arancelarias a la importación y exportación), las políticas cambiarias y financieras (bajas tasas de interés y repreciación del colón), el aumento de la demanda del consumidor (a través de salarios y empleo), además del aumento de la demanda agregada en general (lo cual implica la mejora de la demanda campesina a través de una reforma agraria progresiva), y el mejor acceso al crédito, son políticas transicionales que separadas no tienen ningún valor, pero que al combinarlas pueden unificar los intereses de los campesinos, con los del proletariado y la pequeña-burguesía. En este sentido, todas estas consignas procuran partir del plano sindical y reivindicativo de los diferentes sectores hasta el plano general y político, para oponer todas esas capas del pueblo contra las políticas del actual gobierno burgués y del Estado capitalista. Por lo tanto, estas políticas tienen que constituir el programa de transición para Costa Rica, como parte de la lucha por la reunificación socialista de Centroamérica.

Todo esto se resume en que el movimiento obrero y popular luche por la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente que realice todos los puntos que mencionamos anteriormente.

Los partidos políticos dentro de la Asamblea Legislativa

El sector más extremo de la derecha conservadora, representada por el Movimiento Libertario (ML), busca que no se apruebe ni un solo impuesto más (aunque esto provoca más déficit), y que simplemente se afronte el problema desde la reducción del gasto (en concepto de salarios, presupuestos, programas sociales, la participación del Estado en la producción de servicios como la electricidad, el agua o el refinamiento de petróleo, etc).

El sector moderado de la derecha neoliberal propone una mezcla de recortes al gasto y un aumento de los impuestos que recaerían sobre el consumidor y el asalariado en general, sin discusión alguna de impuestos directos a los capitales empresariales. En ésta posición se encuentran desde el Partido Liberación Nacional (PLN) --recordemos que el programa de gobierno del candidato del PLN, Johnny Araya, incluía impuestos directos a los capitales, algo mucho más ‘avanzado’ que lo que propone hasta ahora el partido oficialista--, y el partido de gobierno Partido Acción Ciudadana (PAC). No es casual la unidad que han mostrado estos dos partidos en relación a la aprobación del presupuesto del año 2016.

El Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), el bloque cristiano o algunos otros partidos minoritarios representados en la Asamblea Legislativa tienen posiciones intermedias entre estos dos polos extremos y moderados de la burguesía.

Frente a estas polarización, el partido Frente Amplio (FA) propone el cese de los ataques contra los salarios, se opone la reducción del presupuesto y el gasto del sector público, aunque cede en cuanto a la necesidad de revisar ciertos gastos, en la aprobación del impuesto al IVA y otros temas (autoriza la participación del ejército estadounidense en las costas de Limón como parte de la supuesta ‘lucha contra el narcotráfico’, por ejemplo), confluyendo parcialmente (y de manera creciente) con el bloque de partidos de derecha nombrados anteriormente. En todo caso, defienden un alto a las privatizaciones en el país, que no se recorten los gastos públicos en salarios, presupuestos y programas sociales, así como medidas progresivas como una reformas tributaria progresiva (con impuestos directos a los capitales y castigo a la evasión fiscal) como medida para solucionar el tema fiscal y de la crisis en general. Se perfila ante las amplias masas como un partido de izquierda, pero con posiciones cada vez más conciliadoras y reformistas

La izquierda radical

Por fuera de la Asamblea Legislativa, más a la izquierda está la minoritaria ala radical y revolucionaria costarricense, la única que plantea un programa mínimo de reivindicaciones transicionales de salir del capitalismo. Todos estos grupos desarrollan propuestas relativamente divergentes entre sí, pero coinciden en defender las condiciones de vida de los trabajadores y sectores populares en general, así como la necesidad de que la clase trabajadora asuma el rol de liderazgo en la lucha contra el capitalismo neoliberal.

Aunque aumenta el descontento y explosividad social, la mayoría del pueblo confía todavía en la democracia burguesa. La izquierda revolucionaria no tiene influencia sobre el movimiento de masas, y se caracteriza además por su sectarismo y canibalismo político. Para construir una alternativa revolucionaria en Costa Rica es imprescindible la unidad de acción entre todos los grupos de izquierda, y debatir ampliamente los principales problemas que aquejan a los trabajadores.