Por José René Tamariz

El día sábado 6 de agosto, en sesión de Consejo Nacional del sindicato APSE, compareció la diputada y presidenta del Frente Amplio (FA), Patricia Mora, para explicar su posición sobre el proyecto de empleo público, expediente 19.506, de la diputada del PLN, Sandra Pisk y las acusaciones de “traición” que sobre ella circulaban, en ese momento, en las redes sociales, alrededor de ese tema.

Según la diputada Mora, todas sus intervenciones sobre ese tema están documentadas en el seno de la comisión de asuntos sociales de la Asamblea Legislativa, instancia que discute dicho proyecto de ley en contra de los trabajadores del sector público. La diputada Mora planteo que el FA no votará nada que atente contra los empleados públicos. Señaló que en el Congreso se encuentra seis iniciativas de leyes sobre el tema de empleo público y que el proyecto-combo 19.923 de empleo público de la alianza neoliberal está enterrado. En otra parte de su intervención la diputada Mora sostuvo que el proyecto de Sandra Pisk, tiene situaciones “atendibles y razonables”, además de “equidad, razonabilidad, eficiencia y eficacia”. Que frente a las acusaciones que se le hacían, ella no iba a abandonar la mesa de negociaciones, ya que la izquierda del FA tiene un “talante negociador”.

Entre otros asuntos, planteo que la economía no aguanta algunos casos como el de 5,5% de anualidades de la UCR; que no se reconocen las condiciones laborales en el campo; que existen dos Costa Rica. Al final, terminó planteando y solicitando el apoyo para el proyecto del FA 19.883 que plantea un tope para los salarios de los jerarcas del sector público, el cual coincide con el proyecto del PUSC denominado “Límites a las remuneraciones totales en la función pública”. Al respecto, ¡señaló que había que temer a las coincidencias con el PUSC!!

Al final, cuando cuestioné a la diputada Mora sobre el proyecto 19.506 en cuanto a los componentes salariales (pluses) que pretende congelar, reducir y eliminar no logró dar respuestas a los cuestionamientos. Los dio a medias. En ese sentido, la diputada Mora queda en deuda. Solo señaló que el tema de las convenciones colectivas se había quitado, pero no logró explicar su posición sobre los demás componentes que se plantean más abajo. A mi juicio, la diputada Mora llegó al Consejo Nacional de la APSE con tres objetivos: 1) a tratar de limpiar su imagen muy golpeada en las redes sociales, por su aparente apoyo al proyecto de empleo público, expediente 19.506 de Sandra Pisk. 2) Vender y buscar apoyo, entre los sindicatos, del proyecto del FA, expediente 19.883. 3) Buscar el apoyo al proyecto del salario mínimo vital y al proyecto para fortalecer la inspección laboral.

CESANTIA. Reduce y limita a 8 años el derecho a la cesantía. Es decir, a todas aquellas empresas estatales, instituciones, universidades y municipalidades que tienen más de 8 años de cesantía, se les reduciría su cesantía a esa cantidad de años. Esas instituciones son las siguientes: CCSS (pasaría de 20 años a 8 de cesantía, perdería 12 años), RECOPE (24 años, perdería 16 años), INS (20 años, perdería 12 años), CNP (25 años, perdería 17 años), CNFL (20 años, perdería 12 años), INA (12 años, perdería 4 años), JAPDEVA (20 años, perdería 12 años), JPS (20 años, perdería 12 años), bancos estatales (20 años, perderían 12 años), banco popular (todos los años, perderían unos 22 o más años) universidades públicas (entre 15 a 18 años, perderían entre 4 y 10 años) y municipalidades (desde 12 años a todos los años, perderían desde 4 años hasta más de 22 años). Por otro lado, de aprobarse este proyecto de Sandra Pisk, los trabajadores de la educación no tendríamos la posibilidad de luchar por un incremento de los años de cesantía, tal como se pretende hacer en las negociaciones de la nueva convención colectiva.

DEDICACIÓN EXCLUSIVA. La reduce y elimina a algunos puestos, ya que “se aplicará únicamente a aquellos servidores que tengan un puesto cuyas funciones sean sustantivas y diferenciadas de la gestión de apoyo de la institución, según criterio de la Autoridad Presupuestaria y la Contraloría General de la República”. Además, se reducirían del 55% al 50%, en el caso de los licenciados y es un contrato que tendrá vigencia de un año, “por lo cual al finalizar el plazo de contrato en el que se pacte no existirá obligación de renovarlo”. Es muy probable que solamente a las jefaturas se les brinde la posibilidad de tener ese tipo de contrato de dedicación exclusiva, lo cual, en el caso concreto de educación, la podrían perder los bibliotecarios, los orientadores y otros puestos.

RÉGIMEN DE DISPONIBILIDAD. Lo reduce hasta un 57%. Existe en diversas instituciones y empresas estatales y que oscila desde un 5% hasta un 50%. Esta se reduciría al 15% máximo. Por ejemplo, los médicos especialistas de la CCSS, ganan de lunes a viernes un 29% de su salario base y los sábados y domingo un 35%, serían reducidos a un 15% de su salario base, perdiendo entre un 15% y 20% de su salario base, solamente en disponibilidad. Además, solo se otorgará a un 20% del total de los funcionarios de las instituciones. Esto, más otras reducciones de pluses salariales, significaría una reducción drástica de un 40% de los sueldos a los médicos.

LAS ANUALIDADES, probablemente se eliminen ya que, convertidas en “incentivo por excelencia en el desempeño”, se otorgarán si se cumplen con “las metas e indicadores cuantitativos institucionales generales distribuidos por áreas de organización interna según corresponda y deberán estar asociados a los respectivos planes institucionales, los cuales, a su vez, deben estar vinculados al Plan Nacional de Desarrollo”. Este es un nuevo criterio, es decir, que si no se cumplen esas “metas e indicadores cuantitativos institucionales” no habrá “incentivo por excelencia” para nadie de determinada institución. Con este nefasto proyecto, dicho “incentivo” se dará solamente al empleado que obtenga la calificación de excelente. Esta es otra modificación. Otro nuevo requisito para su otorgamiento sería que su pago, quedaría sujeto a “la disponibilidad de los créditos presupuestarios”. En otras palabras, si la institución o el Estado plantean que no existe presupuesto para tal fin, entonces no se pagará. Por otra parte, ese incentivo se reduce al 2,54% en todas aquellas instituciones, universidades y municipalidades que tienen un monto mayor. Actualmente, las anualidades oscilan desde un 15% del salario base en algunas municipalidades, entre un 4% y 5,5% en universidades públicas, hasta un 1, 94% en el gobierno central. Por otro parte, de aprobarse este proyecto de Sandra Pisk, los trabajadores de la educación no tendríamos la posibilidad de luchar por un incremento de las anualidades mayor al 1,94%, tal como se pretende hacer en las negociaciones de la nueva convención colectiva.

SOBRE LAS CONVENCIONES COLECTIVAS. Con este macabro proyecto se profundizan los ataques contra las conquistas y derechos laborales contemplados en las convenciones colectivas, así como una disminución extrema de las posibilidades de negociación de estos instrumentos de los derechos colectivos de los trabajadores. Todas las convenciones colectivas serán denunciadas, tal como se está haciendo actualmente, por los jerarcas de las instituciones estatales, para eliminar los supuestos artículos “abusivos”. Además, cuando se tengan que negociar una convención colectiva, el plazo de negociación no podrá exceder más de nueve meses como sucede actualmente. Si ese plazo es superado “sin que se concrete la nueva negociación, la convención colectiva cesará completamente sus efectos y tendrá que iniciarse un nuevo proceso se negociación”. Es decir, los derechos, conquistas y otros beneficios desaparecerán, hasta tanto no se negocie una nueva convención colectiva. Esto constituye una violación flagrante a los derechos colectivos y de los convenios internacionales de la OIT.

Además, de todas las reducciones y eliminación de los pluses salariales anteriores, este macabro proyecto elimina el pago salarial bisemanal y los reajustes salariales, los sustituye por incrementos anuales, lo cual significarían disminuciones salariales importantes para los trabajadores del sector público.

De último, emplazó públicamente a la diputada y presidenta del FA Patricia Mora y a la fracción del partido Frente Amplio (FA) a que si están en contra o a favor del proyecto de empleo público de Sandra Pisk, del PLN. Por mi parte, repudio y rechazo cualquier negociación de los componentes salariales que se realicen a espaldas y sin consentimiento de los trabajadores del sector público, mucho menos el proyecto siniestro de Sandra Pisk y del PLN. Considero que ese proyecto no se puede consensuar ni se debe negociar, sino que debe ser derrotado en las calles, mediante la movilización y huelga. ¡No hay otro camino!!