Por José René Tamariz

Actualmente existen en el país dos grandes bloques sindicales. El Bloque Sindical y Social Costarricense (BUSSCO) integrado, principalmente, por tres grandes organizaciones sindicales: la Asociación Nacional de Educadores (ANDE), la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA), la Unión Médica Nacional (UMN) y otras organizaciones menores. La alianza “Unidad en la Acción” conformada por 20 organizaciones sindicales, entre las cuales se encuentran, APSE, SEC, FIT-ICE, ANEP, PATRIA JUSTA (bloque sindical) y otras. Es importante mencionar que el sindicato APSE, hace unos tres meses, rompió con el bloque BUSSCO para conformar el nuevo bloque “Unidad en la Acción”.

El bloque sindical BUSSCO desde la huelga de dos días que dirigió el 26 y 27 de abril no ha vuelto a realizar ninguna acción de movilización de importancia. En los hechos, mantiene una política de desmovilización de sus bases. A su vez, la alianza “Unidad en la Acción” también mantiene, desde hace mucho tiempo, desmovilizadas a sus bases sindicales, excepto, el FIT-ICE y APSE que, de forma separada, realizaron el primero una huelga de un día en el mes de agosto y el segundo realizó dos huelgas de un día en el mes de julio y setiembre.

La huelga del FIT-ICE en el mes de agosto contra la política de movilidad laboral (despidos disfrazados) fue muy débil. Es importante destacar que los sindicatos y trabajadores del ICE fueron por varios años, desde el combo ICE en el año 2000 hasta la lucha contra el TLC en el 2007, la vanguardia del movimiento de masas en Costa Rica. Ahora, producto de la apertura de las telecomunicaciones con la entrada en vigencia del TLC, el ICE ha venido perdiendo, años tras año, su poder y control mayoritario de las telecomunicaciones y, por ende, sus sindicatos y sector de trabajadores se han venido debilitando de forma proporcional. Veamos. En el año 2011, el ICE controlaba el 90% de las telecomunicaciones, Claro el 3%, Movistar 3% y otras 4%, mientras que para el año 2015, el ICE descendió al control del 58% de las telecomunicaciones, Movistar creció al 22%, Claro al 19% y otras al 1%. Es decir, el ICE ha venido perdiendo el control, en promedio anual, del 8% de las telecomunicaciones. Esa pérdida ha representado costos económicos serios para esa empresa, costos que está descargando sobre los trabajadores al despedir a miles de sus trabajadores. Esta política de despidos no ha podido ser frenada por los sindicatos. La última huelga de los trabajadores del ICE no surtió ningún efecto sobre la política de despidos masivos que impulsa la dirección de esa institución, sino que más bien el día de huelga fue rebajado de los salarios a los trabajadores por parte de la patronal.

La huelga de un día del sindicato APSE, realizada de forma solitaria, tanto en el mes de julio como en el mes de setiembre, tampoco surtió ningún efecto contra la política del gobierno de Solís y de los neoliberales de la Asamblea Legislativa, en cuanto al congelamiento salarial y la eventual aprobación de los proyectos de empleo público y de planes fiscales. La huelga del 1 de setiembre dirigida por APSE reflejó y manifestó todas las inconsistencias, inestabilidad y problemas de la alianza “Unidad en la Acción”. El día 4 de agosto todos los sindicatos de dicha alianza acordaron ir a huelga de un día en la primera semana del mes de setiembre. Con base en ese acuerdo, en la sesión del Consejo Nacional del sindicato APSE del 6 de agosto, se votó en firme, ir a huelga de un día en ese mes. Sin embargo, en la reunión del 22 de agosto de esa alianza, la mayoría de los sindicatos se retractaron de ir a huelga y decidieron convocar solamente a una concentración frente a la Asamblea Legislativa. De las 20 organizaciones 13 votaron en contra de la huelga y 7 a favor de la huelga. No obstante, de esas 7 organizaciones solamente APSE, al final, fue a huelga. Como se puede observar las 19 organizaciones sindicales de la alianza “Unidad en la Acción” son aliados sindicales inestables, no confiables. En realidad, ese bloque sindical está integrado por dirigencias sindicales que, históricamente, no luchan, ni realizan movilizaciones ni huelgas, tales son los casos, del SEC, ANEP, Rerum Novarum, Sitrapequia y otras.

¿Por qué BUSSCO y la “Unidad en la Acción” mantienen una política de desmovilización? ¿Por qué no se unen para luchar contra el gobierno y los neoliberales? Ambas respuestas a estas preguntas están íntimamente relacionadas. Más allá de la verborrea de esas dirigencias sindicales (BUSSCO y Unidad en la Acción) en contra del gobierno de Solís, en el fondo, mantienen una política colaboración con él. Todas, sin excepción, algunas más que otras, terminan confiando en que el gobierno de Solís no va a presentar ni apoyar la discusión y aprobación, en plenario legislativo, de alguno de los proyectos de empleo público, por ello no lanzan la huelga indefinida en contra de esos nefastos proyectos que pretenden eliminar los componentes salariales de los trabajadores del sector público.

Por otro lado, la unidad sindical entre esos bloques sindicales no se produce ni realiza porque mantienen una política sectorial, de feudo sindical. Cada organización asume la defensa timorata de su sector de forma individual y no colectiva, haciéndole el juego al gobierno y los neoliberales con la división del movimiento sindical, aunque formalmente aparentan estar unidos. El FIT-ICE fue a huelga solo, los demás sindicatos de la alianza no fueron a la huelga en apoyo de los trabajadores del ICE, solamente llevaron delegaciones de sus dirigentes. Lo mismo pasó con la huelga del 1 de setiembre del sindicato APSE, solo esta organización fue a huelga, mientras que los demás se quitaron de ir a la huelga a pesar de que habían acordado ir de forma conjunta. Al final, realizaron una raquítica concentración frente a la Asamblea Legislativa. Dejaron solo al sindicato APSE en la huelga.

Los sindicatos que representan a las instituciones descentralizadas y empresas del Estado, tales como RECOPE y JAPDEVA se han limitado a defender sus propias convenciones colectivas, sacrificando en muchos casos conquistas laborales, económicas y sociales, a cambio de mantener, aunque sea maltrecha esos convenios de trabajo. Los dirigentes sindicales del SEC que representa a un sector del magisterio nacional, se dedica en los pasillos y oficinas del MEP, a hacer lobby y a negociar con las autoridades del MEP. Se contentan con mantener la convención colectiva de educación que no tiene ninguna conquista importante, excepto, el permiso de un mes, con goce salarial, para los docentes que tengan hijos. La ANEP, encabezada de forma vitalicia por Albino Vargas, igual que el SEC se dedica a buscar la mesa de negociaciones y dialogo con el gobierno de Solís. La política de todos estos burócratas sindicales es, mediante el dialogo, convencer a los personeros del gobierno para que no les quiten las pocas conquistas sociales que aún quedan en las convenciones colectivas, así como de evitar que se envíen a plenario legislativo los proyectos de empleo público. También apoyan algunos de los proyectos fiscales del gobierno y hasta le proponen hacer ciertas reformas fiscales. Así sucesivamente podemos seguir analizando caso por caso de las organizaciones que constituyen la alianza “Unidad en la Acción”.

El bloque sindical BUSSCO que mantuvo, por un tiempo, una política de lucha y progresista en contra del gobierno de Solís y de los neoliberales, en los últimos meses se ha desdibujado totalmente. No han lanzado ninguna movilización, ni lucha importante, ya sea contra la política de congelamiento salarial del gobierno o contra los proyectos de empleo público y los planes fiscales del gobierno.

Sin embargo, a pesar de las críticas que le hacemos a las dirigencias sindicales de los bloques sindicales BUSSCO y la Unidad en la Acción, los emplazamos a abandonar y romper con sus políticas sectoriales, de división sindical en los hechos, y, de colaboración con el gobierno de Solís. Los emplazamos a realizar una verdadera unidad sindical que contemple dos puntos básicos: 1) un plan de lucha conjunto que contemple un pliego de peticiones de todos los sectores sindicales, o sea nacional, exigiéndole al gobierno a que lo cumpla. 2) Lanzar la huelga indefinida de forma conjunta para obligar al gobierno y a los neoliberales que archiven de forma definitiva todos los proyectos de empleo público, así como aquellos planes fiscales que afecten a los trabajadores y sectores populares, además de las reivindicaciones propias de cada sector en lucha, entre las cuales se exija detener los despidos masivos en el ICE.