Por José René Tamariz

El balance del gobierno de Solís, en su tercer año, con respecto a sus políticas sociales y económicas es perjudicial hacia los intereses, conquistas y derechos laborales de la clase trabajadora, en su conjunto, y, en particular, hacia los trabajadores del sector público. Este gobierno, inicialmente disfrazado de “progresista”, se ha quitado la careta y demostrado su verdadero rostro y naturaleza: ¡un gobierno profundamente reaccionario que ha venido, de forma sistemática, reduciendo los niveles de vida y de trabajo de miles de trabajadores!! Lo peor es que sus políticas en contra de los trabajadores las ha aplicado en complicidad con algunas dirigencias sindicales, así como con la pasividad y desmovilización de los trabajadores, impulsada y promovida por la mayoría de las cúpulas sindicales. Los hechos así lo demuestran. Veamos

La ofensiva reaccionaria-neoliberal del gobierno de Solís se ha concentrado en varios frentes: 1) Congelación de los salarios. 2) Imposición del salario único. 3) Congelación de plazas. 4) Denuncia de todas las convenciones colectivas que contengan supuestas “cláusulas abusivas” y eliminación y reducción de conquistas de las convenciones colectivas. 5) Despidos masivos, disfrazados, bajo el eufemismo, de “movilidad laboral”.

Debemos decirlo sin temor a equivocarnos. El gobierno reaccionario de Luis Guillermo Solís, ha superado con creces, en sus ataques a los trabajadores del sector público, a los diferentes gobiernos neoliberales del PUSC y PLN. Ningún gobierno de esos partidos patronales había llegado tan lejos en su despojo de los trabajadores. Analicemos en el orden anterior los ataques en contra de los trabajadores del gobierno de Solís.

El congelamiento de los salarios. En los últimos cuatro semestres, los miserables “reajustes salariales” del gobierno han sido, prácticamente, de congelación de los salarios. Estos han sido de 1,14%, 0,94%, 0,08% y 0,01%. Observe como cada "reajuste" es a la baja. El viceministro de la presidencia, Luis Paulino Mora, con desfachatez declara que “Las negociaciones de incremento salarial… han seguido el criterio de austeridad… acordes con la inflación…”. (La Nación, 4 de noviembre del 2015).

Imposición del salario único. En varias empresas del Estado, las administraciones colocadas en ellas por el gobierno de Solís, han impuesto la aplicación del salario único, tales son los casos del ICE y el Banco de Costa Rica (BCR).

La congelación de plazas en el gobierno. El poder Ejecutivo ha emitido directrices dirigida a los diferentes ministerios para que congelen o eliminen las plazas de todos los trabajadores que se pensionen, excepto en el Ministerio de Educación (MEP) y Seguridad Pública. El decreto ejecutivo que congela plazas señala que “De conformidad con los artículos 49 y 37 del Decreto N° 39613-H respectivamente, no se podrán crear plazas, ni nuevos incentivos y pluses salariales”. (La Nación, 23 de mayo del 2016). De esta forma, el trabajo y las funciones de las plazas que se eliminan se les recargan a los trabajadores activos.

Denuncia de todas las convenciones colectivas. El gobierno de Solís es el primer gobierno que ha denunciado todas las convenciones colectivas que, supuestamente, contienen cláusulas abusivas. En ese sentido, el viceministro de la presidencia ha señalado que “… Contrario a la práctica seguida hasta ahora, han sido denunciadas todas las convenciones colectivas que incorporan cláusulas abusivas, y tenemos logros palpables en este momento…”. (Ídem). En un comunicado reciente el gobierno de Solís señaló descaradamente que “Esta administración tiene resultados que envidiarían gobiernos pasados… se combaten excesos en convenciones colectivas…”. (La Nación, 23 de octubre del 2016). El gobierno pretende denunciar en total 26 convenciones colectivas, de las cuales ya denunció 12 y las demás las denunciará en cuanto venzan.

Recientemente el Ministro de Trabajo, Carlos Alvarado, refiriéndose a la negociación de la convención colectiva de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA), declaró “… estar muy satisfecho con lo logrado en la convención colectiva, ya que es la primera vez, desde 1973, que se renegocia a la baja”. (La Nación, 7 de octubre del 2016). El burócrata sindical de Sintrajap, Leroy Perez, frente a la arremetida del gobierno contra la convención colectiva, sin la menor vergüenza, sostuvo que “… Los cambios no afectan duramente al empleado…”. (Ídem). La “lógica” retorcida de los burócratas sindicales la contradicen los hechos, ya que los beneficios laborales se reducirán cada año 9.4% afectando, tanto a los viejos como a los nuevos empleados.

Así como sucedió con JAPDEVA también pasó con la convención colectiva de RECOPE, A y A y otras empresas del Estado.

Los despidos masivos en el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) y JAPDEVA. El ICE en el año 2012, tenía 16.757 trabajadores y después de varios despidos masivos, enmascarados bajo el eufemismo de “movilidad laboral voluntaria”, la planilla pasará a diciembre del 2016 a 13.968 empleados, reduciéndose en cuatro años en un 16.6%. Por su parte, en la CNFL se ha producido despidos masivos semejantes a los del ICE. En el primer plan de despidos en esta compañía se despidieron a 114 trabajadores, mientras que en el segundo plan se echaron a 111 empleados para un total de 225 despedidos en dos años.

Por otro lado, en JAPDEVA, con el funcionamiento en el año 2018 del nuevo mega puerto que será operado y administrado por la transnacional APM terminals, se avecinan despidos masivos en dicha empresa, ya de por si golpeada con las reducciones de sus beneficios laborales de la convención colectiva.

Como se puede observar, con base en las informaciones anteriores, el gobierno de Solís, ha venido golpeando de forma lenta y separada, pero sistemática, los niveles salariales, de trabajo y derechos laborales de diversos sectores de los trabajadores. De esa forma, se han reducido los salarios, han disminuidos muchos beneficios laborales y se han despedido a miles de trabajadores del sector público. Esa ofensiva patronal en contra de los trabajadores, el gobierno, la ha aplicado de forma separada en cada una de esas empresas. La colaboración y complicidad de las dirigencias sindicales ha sido decisiva para que el gobierno aplique, sin resistencia y lucha, esa política anti-obrera. El gobierno de Solís, ha golpeado sectores laborales con menos trabajadores, dejando de último para golpear a los sectores más numerosos como el sector de educación y salud.

Mientras el gobierno de Solís despoja de sus salarios, beneficios laborales, derechos laborales y el empleo a miles de trabajadores, los capitalistas, se llenan las manos, bolsillos y cuentas bancarias con millones de colones y dólares, ya sean mediante los negocios lícitos e ilícitos, llámese evasión y elusión fiscal, intermediación financiera, exoneraciones fiscales y otras formas de robo disfrazadas.

Así como el gobierno de Solís ha golpeado a los trabajadores de diversos sectores estatales, con la complicidad abierta y descarada de las cúpulas sindicales, nos podría pasar a los trabajadores de la educación y de salud, con la eventual discusión y aprobación en el plenario legislativo, por la vía rápida, del proyecto de empleo público 19.506. En caso de aprobarse dicho proyecto se congelarán, reducirán y eliminarían diferentes componentes salariales en el gobierno central.

El gobierno ha dividido al movimiento sindical, golpeando y derrotado, de forma separada a distintos sectores sindicales, dejando de último y aislado a los grandes sectores, educación y salud.

La política de pasividad y desmovilización de las bases aplicada por la dirigencia sindical mayoritaria del sindicato APSE en el sector de educación, nos podría conducir a una grave derrota histórica a los trabajadores de la educación. El planteamiento de lanzar la huelga indefinida contra ese proyecto de empleo público, así como de otros, hasta que la “dirigencia convoque” constituye una trampa peligrosa para los intereses de los trabajadores. El gobierno de Solís tiene amarrado un acuerdo con los partidos neoliberales de discutir y aprobar el proyecto de empleo público, expediente, 19.506 modificado y maquillado, a cambio de que se le apruebe el plan o planes de incrementar los impuestos. Es muy probable que el gobierno y los neoliberales estén contemplando el “mejor momento” para iniciar la discusión y aprobación del proyecto de empleo público. Esto podría ser a finales del mes de noviembre e inicio de diciembre, fecha en que el sector educativo estaría entrando en receso por la finalización del curso lectivo. Es evidente para todos que, en ese período, no habría ni capacidad de movilización masiva, mucho menos se tendría motivos o razones para presionar al gobierno y neoliberales para impedir la aprobación de ese nefasto proyecto de ley. Por tanto, llamamos a las bases sindicales de APSE a exigir la convocatoria inmediata a la huelga indefinida para imponer, antes de que entre a discusión y aprobación en plenario legislativo, el archivo definitivo del proyecto de empleo público, expediente 19.506, así como los demás proyectos de empleo público.

Hacemos responsables a la dirigencia mayoritaria del sindicato APSE de una eventual aprobación, en primer debate, del proyecto de empleo público, por no querer lanzar la huelga indefinida cuando se puede frenar dicho proyecto.