Por José René Tamariz

Ricardo Molina, presidente del sindicato APSE y representante de la mayoría de la directiva nacional, mediante varios videos que circulan por las redes sociales se ha dado a la tarea de “explicar” los “argumentos” por los cuales NO están convocando a la huelga indefinida para el mes de febrero contra el proyecto de empleo público. En el presente artículo se analizan y rebaten uno a uno algunos de esos “argumentos” que constituyen una mezcla de falacias y racionalizaciones para justificar una política de conciliación con la patronal gubernamental, así como una claudicación a toda la reacción, integrada por el gobierno de Solís, los partidos neoliberales y los medios de comunicación del capital. Veamos.

1. En unos de los videos, Ricardo Molina, inicia señalando que “La APSE desea comunicar… a toda su afiliación que no está convocando a ningún movimiento de huelga ni la primera semana de febrero ni la segunda semana de febrero ni en ningún momento…”. Dado el contexto político en que se realizan esas declaraciones, convocatoria del proyecto de empleo público por parte del gobierno en sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa y el llamado a huelga indefinida para inicios del mes de febrero de diversas fuerzas sindicales contra ese proyecto, favorecen y le hacen el juego a las fuerzas de la reacción que pretenden despojar de los componentes salariales (anualidades, dedicación exclusiva, carrera profesional, disponibilidad y otros) a los trabajadores del sector público.

Una dirección clasista hubiera iniciado atacando duramente al gobierno de Solís por haber convocado ese nefasto proyecto contra los empleados públicos, así como a los partidos neoliberales de la Asamblea Legislativa por querer aprobar ese anti-obrero y anti-sindical proyecto que, en los hechos, reduce los salarios y elimina el derecho colectivo del trabajo (derecho a las negociaciones y a la suscripción de convenciones colectivas).

Ese funesto proyecto convertiría en letra muerta el derecho colectivo porque no se podrían negociar nuevas mejoras de condiciones salariales, laborales y sociales en las empresas públicas, municipalidades, instituciones autónomas y ministerios, ya que el proyecto de empleo público impone un tope o límite a cualquier incentivo, plus o componente salarial, además de que limita e impide la negociación de cualquier nuevo incentivo o plus o conquista. Asimismo se limita el tiempo para la negociación de la convención colectiva de 12 meses a nueve meses y, si en ese plazo, no hay acuerdo entre las partes la convención colectiva expira y los trabajadores perderían todas las conquistas adquiridas, teniéndose que iniciar de cero el proceso de negociación.

2. Luego, Ricardo Molina, en otro video afirma de forma categórica y contundente, tal como si fuera un alto funcionario del gobierno, Ministro de Trabajo o un diputado neoliberal, que el proyecto de empleo público “…Deja claramente establecido que los compañeros y compañeras del título II quedan fuera y excluidos de los efectos de este proyecto…”. Aquí se encuentra el “argumento” falaz; conciliador con la patronal gubernamental y desmovilizador, ya que pretende, igual que los neoliberales, evitar que ese numeroso sector de trabajadores se movilice y luche contra ese fatídico proyecto, haciéndole creer en la trampa burguesa de que están “fuera de los efectos” del mismo.

Aunque formalmente el artículo 5 de dicho proyecto señala que ese sector queda fuera, lo anterior no quiere decir que en cualquier momento los puedan incluir o en una futura reforma los incluya. Además, afirmamos, sin temor a equivocarnos, que los efectos de ese proyecto serán directos e indirectos contra los trabajadores del título II del sector educativo. Las nuevas normas y metodologías de evaluación tanto de las anualidades y carrera profesional que se aplicarán con la eventual aprobación del proyecto de empleo público serán aplicadas a los trabajadores del título II, mediante otra vía, así como los contratos de dedicación exclusiva. Esas nuevas normas y metodología que se derivarán de la eventual aprobación del proyecto empleo público servirán de modelo para ser aplicadas en educación, ya que no somos una isla.

Por otro lado, también debemos señalar que es una falacia más terrible plantear que dicho sector queda “fuera de los efectos”. Este “argumento” es muy grave decirlo y sostenerlo por parte del presidente de la APSE, ya que los “efectos” de este proyecto son de tipo carambola y en cadena, afectan a todos los trabajadores del sector público, así como a la población en general, tanto en el área social (reduce los ingresos de la seguridad social y ayuda a sectores vulnerables), económica (disminuye el ingreso tributario) y derechos laborales (elimina la negociación colectiva y la suscripción de convención colectiva), tal como lo planteamos anteriormente.

Por otra parte, la eventual aprobación de este proyecto de empleo público lleva consecuentemente a la discusión y aprobación de los proyectos fiscales como el IVA que aumenta el impuesto de ventas del 13% al 15% y el de renta que incrementa el impuesto a los salarios. Entonces, los “dirigentes sindicales” que no llamen a luchar y a derrotar, mediante la movilización y la huelga, ese proyecto de empleo público, los convierte en cómplices del gobierno y los neoliberales con respecto a la aprobación del paquetazo fiscal contra los trabajadores y los sectores populares.

3. En uno de los videos, Ricardo Molina, de igual forma que la anterior, sostiene de forma temeraria, tal como si fuera el Ministro de Trabajo o un diputado neoliberal que con el proyecto de empleo público “…No tienen afectación el sector no profesional del título I…”. Esta es otra gran falacia de la dirigencia mayoritaria del sindicato APSE. Si bien es cierto que los trabajadores del título I no ganan algunos componentes salariales como carrera profesional o dedicación exclusiva, sin embargo, sus anualidades, con las nuevas normas y metodología que se aprobaran, podrían verse afectadas porque serán evaluados no solo de forma individual sino también de forma institucional. Además, ellos serían afectados también por los efectos de carambola y en cadena en los demás sectores.

4. En unos de los videos, Ricardo Molina, utiliza los mismos “argumentos” de los neoliberales y medios de comunicación burguesa para atacar a los trabajadores que tienen mejores salarios y componentes salariales de otros sectores laborales (salud, universidades públicas, instituciones descentralizadas y otras). En una de las partes señala “… ¿Vamos a salir a defender gente que tienen salarios de 5, 10 o 15 millones? …” y más adelante dice “… ¿Vamos a salir a defender anualidades de 5, 9, 11%? ...”. Es importante aclarar que solamente los altos jerarcas de poderes del Estado, empresas estatales y otras instituciones ganan salarios de 5, 10 o 15 millones. La gran mayoría de los trabajadores de la salud, municipalidades, empresas públicas, universidades públicas, instituciones descentralizadas y otras devengan salarios menores y bajos.

Entonces, Ricardo Molina, en vez de atacar al gobierno y a los neoliberales por querer despojar de sus salarios y componentes salariales a esos sectores laborales, más bien recurre y copia los “argumentos” de los sectores más atrasados de los trabajadores y reaccionarios de la derecha para desmovilizar y, en los hechos, promover el enfrentamiento de los trabajadores de la educación contra los otros sectores laborales como si fueran sus enemigos de clases no sus aliados naturales, ya que todos ellos son parte de la clase trabajadores.

Por último, hacemos un vehemente llamado a todas las bases apsinas a luchar contra el proyecto de empleo público, expediente 19.506, porque pretende despojar de los componentes salariales a todos los empleados públicos sin distingos, así como eliminar el derecho colectivo con lo cual cualquier lucha futura por mejorar nuestras condiciones salariales, laborales, sociales y económicas estaría condenada al fracaso ya que tendría como tope las terribles normas contempladas en ese nefasto proyecto. Por ello, la lucha contra ese proyecto de empleo público pasa obligatoriamente por sumarse a la huelga del mes de febrero que todos los demás sindicatos están convocando, excepto, la dirigencia mayoritaria de APSE.

TODOS LOS TRABAJADORES DEL SECTOR EDUCATIVO Y SECTOR PÚBLICO A LA HUELGA INDEFINIDA DEL MES DE FEBRERO PARA DERROTAR EL PROYECTO DE EMPLEO PÚBLICO