Por José René Tamariz
La economía se está desacelerando mes a mes. El crecimiento económico del año 2016 fue del 4,5% y se estima que va a disminuir al 3,8% en el año 2017. Esta caída del crecimiento económico va a profundizar los niveles de pobreza y desempleo. A su vez, ese decrecimiento va impactar aún más los problemas del déficit fiscal y de menor recaudación de impuestos para financiar gastos.
Por otro lado, recientemente el gobierno anunció que tiene problemas de liquidez para pagar gastos y deudas. El pasado 1 de agosto, el presidente de la República, anunció en cadena nacional de televisión que el gobierno tenía problemas de liquidez para financiar gastos y que, debido a lo anterior, iban a priorizar algunos rubros de gastos. En ese sentido se atrasaron los pagos de fondos de becas y otros programas sociales. Según algunos funcionarios del gobierno y economistas, el problema de liquidez podría ser la antesala de una crisis fiscal. El viceministro de ingreso del Ministerio de Hacienda, Fernando Rodríguez, declaró al Semanario Universidad que la situación de liquidez “Es como ver una gran ola venir y saber que en algún momento te va a golpear, pero en realidad, aunque no ha llegado ya empezaste a mojarte. Eso es lo que sucede ahora, sabemos que puede venir una inundación más adelante y ya ahorita empezamos mojarnos, es evidente que, si esto no se soluciona, a futuro vamos a tener una crisis”. (Semanario Universidad, 9 de agosto del 2017). Entonces, la combinación de la desaceleración económica con la falta de liquidez y del déficit fiscal tienden a agravar la situación económica y política
De otro lado, el asunto de la falta de liquidez del gobierno tiene que ver con la incapacidad de éste de obtener dinero en el mercado interno para financiar esos gastos. Hay causas inmediatas que generaron ese problema, tales como que el Banco Central redujo la masa monetaria de colones al vender en los últimos doce meses $ 1.100 millones de dólares y subir las tasas de interés para mantener cierta estabilidad cambiaría.
Sin embargo, el problema de fondo tiene que ver con el creciente y permanente déficit fiscal y al crecimiento de la deuda interna y externa. El déficit fiscal fue del 5,2% del PIB en el año 2016 y en este año se estima que puede llegar al 6,4%. Por otra parte, los presupuestos de la República se financian solamente en un 55% con impuestos y el 45% restante con deuda. El gobierno ha estado financiando ese faltante con deuda externa, primero, y luego con deuda interna. Actualmente la deuda es del 45% del PIB y se calcula que puede llegar al 47,8% en el presente año. Asimismo, el pago de los intereses de la deuda crece de forma acelerada, por ejemplo, en los primeros siete meses del año 2016 se pagó en servicio de deuda un 7,4% mientras que en ese mismo periodo del 2017 ese gasto en intereses pasó al 21,4%.
A nivel interno el principal acreedor del gobierno lo constituyen los fondos de pensiones básicas y complementarias, al grado tal que el 58% de todos los fondos de pensiones están invertidos en bonos del Ministerio de Hacienda, lo cual representa en términos absolutos la cantidad de 5,7 billones de colones. Esta situación, en caso hipotético de impago de deuda interna del gobierno, tendría repercusiones terribles sobre el pago de pensiones de miles de personas.
Por otro lado, frente a esa situación de falta de liquidez del gobierno y el déficit fiscal, los medios periodísticos del capital, sus plumíferos, los políticos neoliberales y otros idiotas, culpan y responsabilizan de todos esos males y problemas a los empleados públicos por los supuestos "altos" salarios y componentes salariales. Esa campaña, en estos días ha sido más virulenta. Esa jauría de personajes demanda a gritos la eliminación de los componentes salariales de los empleados públicos como supuesta solución al problema del déficit fiscal
El gobierno pretende enfrentar ese problema fiscal con su megaproyecto de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas que es una fusión de varios proyectos: Impuesto sobre la Renta, Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA), Empleo Público y Regla Fiscal. El gobierno quiere se apruebe en período extraordinario de la Asamblea Legislativa. Este es un plan salvaje contra las masas trabajadoras y populares. A su vez el gobierno a lo inmediato ha descargado su problema de liquidez, no pagando ni siquiera el porcentaje de inflación que corresponde como reajuste salarial. Ese proyecto y su regla fiscal es tan draconiano que el editorial del periódico La Nación lo alabó en su editorial del 25 de agosto, señalando que “El proyecto también limita la expansión del gasto corriente (de consumo) del Gobierno Central según sea el grado de endeudamiento público (deuda del Gobierno Central respecto del producto interno bruto (PIB)) en el tiempo: a mayor endeudamiento al final de un año, menor ha de ser la tasa de crecimiento del gasto corriente el año siguiente… Esta medida, de aprobarse en la forma propuesta, coadyuvaría a que el gasto de consumo del Gobierno Central -salarios, viajes, mantenimiento, transferencias, intereses sobre la deuda- no ejerza presión sobre la deuda”. (La Nación, 5 de agosto del 2017). Esa regla fiscal otorgaría potestad al gobierno de no incrementar los salarios y las pensiones, entre otros rubros lo cual sería un ataque directo a los niveles de vida de los trabajadores y pensionados.
La causa y problema de fondo que produce el déficit fiscal es que los principales y más dinámicos sectores de la economía no pagan impuestos o bien pagan muy poco, tales son los casos de los exportadores. Asimismo, otros sectores económicos poderosos tienen grandes exoneraciones fiscales, subsidios de gasolina, electricidad y otros servicios. A lo anterior le debemos sumar la galopante evasión fiscal del más del 8% del PIB.
Son estos poderosos sectores económicos y los políticos que, como Oscar Arias, en su administración aumentó el déficit fiscal, los que deben pagar el déficit fiscal, porque ellos los han producido. Los trabajadores no dirigen ni el Estado, ni el gobierno ni la economía para que se les responsabilicen de ese problema y peor aún que se nos pretendan imponer su pago.
Piñata en la Banca Estatal
Quiebra del banco de Cartago, la cual camuflaron con su conversión en banco de desarrollo. Ningún responsable de esa bancarrota. Como siempre los chivos expiatorios de esta quiebra fueron los cientos de trabajadores despedidos. Todos los directivos y ex directivos y demás responsables deben estar en la cárcel.
Sigue en el festín, ahora con el banco de Costa Rica. Este banco prestó 32.7 millones de dólares a Coopelesca para comprar a la empresa Holcim la hidroeléctrica Aguas Zarcas, cuando el valor de esa hidroeléctrica en libro era de 12 millones de dólares. Un robo descarado. No pasó nada con este robo. No pasa de investigación en la Asamblea Legislativa.
La trama de 20 millones de dólares prestados por el mismo banco de Costa Rica al empresario Juan Carlos Bolaños para comprar el "famoso" cemento chino. Este sujeto simula compra de cemento y la empresa china le regresa, del préstamo de 20 millones de dólares, la bicoca de de 7,5 millones de dólares, es decir el 37,5% del préstamo. ¿Cómo se llama esa operación y maniobra? Póngale nombre usted.
Este sujeto logró obtener 7 citas en casa presidencial para lograr la importación de cemento chino y, por ende, el cambio en el reglamento de importación. Además, le ayudaron en ese proceso ex ministros del PAC, diputados como Otto Guevara, Luis Vásquez del PUSC y otros diputados. Todo esto huele a podredumbre desde casa presidencial, pasando por la asamblea legislativa, algunos ministerios e instituciones y personajes políticos corruptos. Se debe exigir una investigación independiente y sentar en el banquillo a los responsables para ser procesados y encarcelados por la estafa y piñata con los fondos públicos de la banca estatal.