Por Giovanni Beluche V.

En Costa Rica existe un plan concertado por las fuerzas políticas presentes en los tres poderes del Estado, para empobrecer a la población, eliminar derechos laborales y conquistas sociales que fueron alcanzadas mediante luchas históricas y que constituyeron la base del Estado de Bienestar a la tica que otrora caracterizó al país. Estas conquistas sociales evitaron que en décadas pasadas Costa Rica se sumiera en las guerras civiles que sufrieron todos los países de la región.

Los espacios de diálogo social han desaparecido y el Poder Ejecutivo adopta una postura cada vez más autoritaria. Basta recordar la negativa del gobierno de Carlos Alvarado, para siquiera considerar la propuesta alternativa al Plan Fiscal que presentó el Bloque Social y Sindical previo a la huelga de 2018. El Poder Ejecutivo funciona como resorte automático de las cámaras patronales y sostiene una red de cuido de los corruptos y evasores, que les garantiza una vergonzosa impunidad y hasta premia sus desaciertos con nombramientos rimbombantes en el BID y otros organismos internacionales.

En el Congreso se legisla como Robin Hood pero al revés, le quitan a los pobres y a la clase media para darle a los ricos. Basta ver el Plan Fiscal aprobado a fines de 2018, que castiga con más impuestos a la canasta básica, pero exonera a grandes corporaciones. Ni se diga la famosa amnistía tributaria, que acaba de premiar a millonarios evasores con la condonación de sus deudas al fisco, lo que constituye una verdadera burla al pueblo costarricense que cada día ve mermada su capacidad para cubrir sus necesidades básicas.

La Sala Constitucional arremete contra la autonomía de las universidades públicas, “legislando” en materia de cesantía contra lo acordado por las partes mediante convención colectiva en una de las universidades, sentando un precedente nefasto que tiende a convertir a nuestras casas de estudios superiores en instituciones manejadas al antojo del Poder Ejecutivo. Si no hacemos nada la autonomía universitaria será un detalle anecdótico para contarle a las futuras generaciones.

La locura por la privatización y empobrecimiento de las mayorías, refleja un odio de clases contra la el imaginario de la equidad social. La entrada en vigencia del Plan Fiscal en todos sus extremos implicará el cierre de micros y pequeñas empresas, que no soportarán el encarecimiento de sus costos de operación, crecerá más el desempleo y la violencia social. La demencia de la clase política en el poder es tan absurda que quieren reactivar la economía, pero deterioran la capacidad de consumo de las mayorías. Las capas medias, otrora la base de la “paz social”, ven cómo sus ingresos reales caen en picada. 

El campesinado sigue desapareciendo, la pulpería de barrio compitiendo contra gigantes como Walmart, la feria del agricultor a pagar impuestos, los pueblos indígenas sufren el despojo de sus tierras al buen estilo de la conquista española. El Estado y los diputados contemplando de forma cómplice como las personas afectadas por el nemagón se están muriendo uno a uno, etc. ¡No se auguran buenos tiempos!

Los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, en manos de los partidos PAC, PUSC, PLN, evangélicos y otros minoritarios están dispuestos a modificar la Constitución y las leyes que sean necesarias para que el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) financie a las universidades privadas (esto ya lo pidió la ULACIT). Algunas de estas empresas universitarias, dicho sea de paso, aparecen entre las grandes corporaciones que durante más de diez años han declarado cero utilidades, protegidas por la red de cuido de los gobiernos que se han turnado en el poder.

Las corporaciones del llamado cuarto poder, los grandes medios de comunicación, furibundos críticos de lo que acontece en otros países, son cómplices de las políticas de empobrecimiento. Carentes de periodismo investigativo y de objetividad, llenan las pantallas y la radio de distractores baratos, espectáculos ridículos, chinamos, fútbol de poca monta, noticieros amañados, apasionados por mostrar crímenes y accidentes fatales, como para que naturalicemos la violencia. 

Todo esto recién empieza, ahora se viene la Educación Dual, con un proyecto de ley que le regala mano de obra gratuita a las empresas, evade los derechos laborales de las y los jóvenes y les paga un estipendio desde las maltrechas finanzas del MEP. Las escuelas se caen a pedazos, pero las y los diputados pretenden que con nuestros impuestos financiemos los costos de la mano de obra de los empresarios. También se viene la ley de empleo público, con la que buscan igualar las condiciones laborales de los funcionarios estatales con las miserables remuneraciones de la mayoría del sector privado. A los pluses salariales les llaman “privilegios”, pero exonerar de impuestos a grandes corporaciones, pagar pensiones vitalicias a ex presidentes y ex diputados, condonar deudas a empresas millonarias, subsidiar con fondos públicos el asfalto a grandes consorcios constructivos no son privilegios.

Quienes detentan el poder y sus adláteres están jugando con fuego, están metiendo candela a una olla de presión que habrá de explotar por algún lado. Ojalá no nos pase como a Honduras donde ante la ausencia de futuro las familias emigran hacia lo desconocido, apenas con lo que llevan puesto. Aquí las y los diputados previenen de posibles estallidos sociales prohibiendo el derecho a huelga y algo propio de las dictaduras, vedando la huelga política. ¡Así critican a Ortega y a Maduro!

La esperanza es que el movimiento popular organizado se recomponga, que la ciudadanía que hace unos meses criticó la huelga, ahora descubra que había razón de oponerse al paquetazo fiscal, que las dirigencias sindicales promuevan la reflexión y planes de acción desde las bases, de la mano con las comunidades. Ojalá en las universidades el movimiento estudiantil recupere su independencia política y los sindicatos universitarios estén a la altura de los desafíos que implica la defensa de los derechos laborales.