Por José René Tamariz
Huelga intermitente del sindicato APSE en contra de los proyectos que prohíben el derecho a la huelga, convierten a la educación en “servicio esencial” e imponen el salario único y facilitan los despidos en el sector público; huelga del sindicato ANDE en contra de esos mismos proyectos neoliberales; protesta en casa presidencial y derribo de los portones de esa sede gubernamental por parte de los pescadores que demandan la solución de sus problemas; huelga generalizada y cortes de rutas por parte de los estudiantes de secundaria, exigiendo la salida del ministro de educación y otras demandas propias de su sector; bloqueos y cortes de rutas generalizados en la principales carreteras de transportistas y traileros, los cuales también demandan solución a sus problemas y demandas. Toda esta situación ha pasado en termino de cuatro semanas.
¿Cómo podemos caracterizar esa situación? Podemos decir que, intentando hacer una primera aproximación a una caracterización de este proceso social, se trata de un estallido social de múltiples sectores sociales producto y en contra de las políticas neoliberales que pretenden reducir y eliminar derechos fundamentales, así como de políticas económicas y fiscales que reducen los niveles de vida y de los salarios de la población en general.
El actual proceso de lucha y resistencia del movimiento de masas en contra de las políticas neoliberales del gobierno Alvarado-Piza se inicia con la huelga intermitente convocada por el sindicato APSE los días 6, 7, 11, 18 y 25 de junio del presente año. A este proceso huelguístico se suma la huelga de dos días, 19 y 26 de junio, realizada por el sindicato ANDE. El día 25 de junio un nutrido grupo de pescadores que protestaron en casa presidencial, planteando sus propias demandas, derribaron los portones de esa sede gubernamental porque no los quiso recibir el presidente de la República, Carlos Alvarado.
En esa misma semana, 27 y 28 de junio, se extiende y generaliza el alzamiento popular en contra del gobierno de Alvarado-Piza con la huelga estudiantil de secundaria a nivel nacional y la participación de los transportistas y traileros, concretando ambos sectores la unidad de acción con cortes y bloqueos de ruta. Podemos decir que, sin exagerar, tanto los estudiantes como transportistas y traileros asumen el control de las principales carreteras del país, lo cual conduce, en la práctica, a un colapso del tráfico a nivel nacional y, por ende, a la interrupción de diversas actividades, incluida, la disminución sensible de las exportaciones y el abastecimiento de gasolineras en algunos lugares.
El sindicato nacional de traileros de la seccional ANEP negoció el viernes 28 de junio con el gobierno una tregua de 15 días para destituir al ministro de educación Edgar Mora. Sin embargo, otras organizaciones de los traileros como la unión de transportistas unitarios, incluidos algunos sectores del mismo sindicato de ANEP, no estuvieron de acuerdo con dicha tregua. De ahí que el bloqueo de carreteras por parte de los traileros y transportistas se extendió el domingo y lunes, 30 de junio y 1 de julio, respectivamente.
En las negociaciones del día 30 de junio entre traileros y el presidente de la República, Carlos Alvarado, estos demandan, como condición para negociar con el gobierno la salida inmediata del ministro de educación. Mauricio Castillo, representante del sector de transportistas, señaló “… que la razón por la que piden la cabeza del jerarca es en solidaridad con el movimiento estudiantil, quienes están cansados de las prioridades con las que se maneja la cartera, obviando temas tan importantes como la deplorable infraestructura educativa”. (La Extra, 1 de julio de 2019). Asimismo, el sector de transportistas y traileros demanda una moratoria de 18 meses en la aplicación del IVA y la eliminación de 50 dólares impuesto por el gobierno de Nicaragua.
El gobierno neoliberal Alvarado-Piza que había pedido quince días para considerar la salida del ministro Edgar Mora, se ve obligado por los cortes y bloqueos generalizados en las principales carreteras y rutas del país a la salida de Edgar Mora. La caída de Edgar Mora, ahora exministro de educación constituye una victoria de la huelga estudiantil y la solidaridad brindada por el sector de transportistas y traileros con el movimiento estudiantil. Sin embargo, la caída de Edgar Mora no resuelve los graves problemas que enfrenta el sistema educativo, tales como, infraestructura (reparación y construcción de nuevos centros educativos), suspensión de las pruebas FARO, no a la aprobación de la educación dual.
La lucha debe continuar hasta que los nefastos proyectos neoliberales sean archivados de forma definitiva, así como también sean concedidas todas las demandas de los diversos sectores sociales en lucha.
Las enseñanzas que deja este grandioso y poderoso movimiento de lucha y resistencia contra el gobierno neoliberal de Alvarado-Piza es la urgente necesidad de realizar un conjunto de políticas, acciones y planes para enfrentar de una mejor forma la terrible ofensiva neoliberal que intenta imponer al pueblo trabajador el pago del déficit fiscal y la deuda pública. Entre otras medidas se proponen las siguientes:
- Realizar y concretar la amplia unidad de acción de los distintos sectores laborales, estudiantiles y sociales.
- Elaboración de un pliego de peticiones unitario y conjunto de todas las demandas de las diferentes fuerzas sociales y organizaciones en lucha para presentarlo, de forma unificada, en las negociaciones con el gobierno neoliberal.
- No realizar ninguna negociación por separado de las organizaciones y fuerzas en lucha, ya que eso debilita la presión sobre el gobierno y divide el movimiento de resistencia. Establecer negociaciones conjuntas.
- Realizar una asamblea o encuentro sindical, social y popular de todas las organizaciones y fuerzas sindicales y sociales en lucha contra el gobierno neoliberal para votar un plan de lucha unificado que contemple todas las medidas de presión posibles, tales como, la huelga general, movilizaciones callejeras, concentraciones, cortes y bloqueos de rutas, para imponer las demandas unificada al gobierno Alvarado-Piza.