Por José René Tamariz

La producción y cosecha de la producción agrícola y ganadera en Costa Rica es totalmente dependiente de la mano de obra migrante, principalmente, nicaragüense y, secundariamente, panameña en cuanto al café.  Igual sucede en el sector de la construcción.

Debemos ser claros. Si no hay oferta no hay demanda. En los sectores productivos agropecuarios y de construcción se aplican las leyes del mercado las cuales les encantan a los empresarios, neoliberales y gobierno. Sin embargo, son unos tipos con doble moral. Cuando la situación se les complica por la covid 19, San Carlos, comienzan a echarle la culpa a los migrantes ilegales, al ministerio de salud, a la policía y otros entes.

No se puede andar con medias tintas. Los empresarios agropecuarios les encanta contratar a migrantes ilegales porque pagan salarios más bajos y cero cargas sociales. Entonces, su plusvalía por la explotación de esa mano de obra se duplica o triplica. Veamos algunos datos que sirven para aclarar todas las manifestaciones xenofobicas.

En San Carlos, epicentro de la pandemia de la covid 19, las cinco principales actividades agrícolas son: ganadería, piña, yuca, naranja y caña de azúcar.

La actividad ganadera de producción de leche y de carne utiliza 224.398 hectáreas en el año 2020. La producción de piña era de 521,2 hectáreas en el año 1984, pasó a 10.448,8 hectáreas en el año 2014 y saltó a 17.862 hectáreas en el 2020; la producción de yuca, fue de 1.356,3 hectáreas en el año 1984, aumentó a 3.671,6 en el año 2014 y se incrementó a 10.290 hectáreas en el año 2020; la producción de caña de azúcar, era de 4.020,6 hectáreas en el año 1984, se incrementó a 5.849,4 hectáreas y pasó a 7.936 hectáreas. La producción de naranja se ubica en cuarto lugar en el año 2020 con 9.635 hectáreas. No obtuve datos de otros años.

¿Quiénes realizan el proceso de la producción de esas cinco principales cosechas agrícolas de san Carlos? Entre el 60% y 80% de la mano de obra es nicaragüense. Los empresarios y la escoria de intermediarios están acostumbrados a contratar mano de obra semi esclava para el proceso de la producción de esas cosechas. No existe mano de obra nacional que trabaje en esas labores. En la producción y explotación de esas producciones agrícolas existen empresarios nacionales y transnacionales y la mafia de los intermediarios involucrados. Esas actividades productivas generan miles de millones de dólares. Si no se realizan, sencillamente habría una bancarrota económica y social en toda la zona norte.

La producción de piña es una actividad que se realiza todo el año; la ganadera igual; la yuca está actualmente en plena cosecha; la naranja y caña de azúcar se realizan en otra época (noviembre a marzo).

Veamos otro ejemplo que clarifica otra situación. La cosecha de cafe requiere de 74.000 recolectores. Apenas se han inscrito unos 485 nacionales para esa actividad. Normalmente, esa recolección la realizan indígenas panameños y nicaragüenses. Si ellos no lo hacen se perdería miles de millones de dólares. Estas situaciones normales se han complicado con la crisis sanitaria y se han comenzado a visibilizar las condiciones de existencia en que tienen sumidos los empresarios e intermediarios a grandes contingentes de trabajadores semiesclavos. La solución a toda esa infamia es que los patrones garanticen las condiciones salariales básicas de existencia y el Estado brinde los servicios básicos de salud, agua potable, electricidad y acceso a una vivienda digna a esa gran masa de trabajadores que sostienen la economía fundamental de las zonas agrícolas.

Medidas ilegales y arbitrarias contra los trabajadores

La Procuraduría General de la República (PGR), representante legal del Estado, le ordenó al gobierno de Alvarado que deberá pagar el reajuste salarial del año 2020. Esto deberá hacerlo, aunque sea en el año 2021. ¿Por qué? Porque las medidas arbitrarias e ilegales tomadas por Carlos Alvarado y su equipo de "asesores" son rayana de la estupidez e ignorancia del orden legal. Todo bajo el pretexto de la pandemia. Veamos las perlas de la estupidez.

El año pasado Alvarado firmó un decreto otorgando un miserable reajuste salarial de 7.500 colones para los profesionales y de 9.000 colones para los no profesionales. Sin embargo, recientemente, en medio de la pandemia, Carlos Alvarado, volvió a firmar otro decreto que suspendía o eliminaba el pago de ese reajuste salarial. Entonces, la PGR le dice a Carlos Alvarado que no puede emitir un decreto sobre otro decreto alrededor del reajuste salarial. Que para hacer eso, primero debía hacer un decreto que derogue el primer decreto del alza salarial y, después, emitir el otro.

Además, ya ese reajuste salarial según la PGR se ha convertido en un "patrimonio de cada funcionario público" y, por ende, no puede ser expropiado o robado, más exactamente. Entonces, nos encontramos frente a un gobierno que actúa violentando las normas legales que hasta su propio abogado tiene que corregirle. En otras palabras, realiza actos ilegales y arbitrarios contra los trabajadores del sector público.

Pero el asunto no para allí. Ahora, el flamante y rastrero ministro de la hacienda, Elián Villegas, le solicita a la PGR que "reconsidere" y cambie su pronunciamiento. En otras palabras, le sugiere a la PGR que violente el estado de derecho. ¡Habrase visto hasta dónde llega este gobierno violador del estado de derecho!

Y la dirigencia sindical de APSE y su séquito de abogados encabezados por Ileana Vega ¿Que hicieron frente a esa arbitrariedad del gobierno? Decir que estaban en "contra". Nada más. ¡Nada de luchar e incluso de dar la pelea “legal”, pero es obvio que son una versión parecida al gobierno!