Por  José René Tamariz

El gobierno de Carlos Alvarado en su desesperación para conseguir financiamiento ha recurrido al Fondo Monetario Internacional (FMI). Dentro de los diferentes organismos financieros internacionales, el FMI es lo peor fuente para financiarse, ya que impone condiciones leoninas para otorgar préstamos. El gobierno solicito a ese organismo un primer crédito por $508 millones mediante el denominado Instrumento de Financiamiento Rápido (IFR) y, posteriormente, está pidiendo un préstamo stand-by hasta por $2.250 millones que se otorgarían, por partes, en el curso de tres años.

Según el ex ministro de hacienda, Rodrigo Chaves “El ajuste va a ser más fuerte ahora, a qué plazos se logre la sostenibilidad de la deuda, si al 2030 o 2025, eso se puede discutir con el Fondo, pero el ajuste va ser fuerte, sino no nos podrán prestar”. (La Nación, 20 de junio de 2020). En realidad, el ajuste salvaje propuesto por el FMI constituye un “combo de ajuste estructural” (CAE) que hundirá en mayor miseria a muchos sectores y en pobreza a nuevos sectores como a los trabajadores del sector público. Veamos la combinación de medidas que propone el FMI.

• Tasas impositivas a consumo más altas. Por ejemplo, pasar el IVA del 13% al 15%.
• Impuestos especiales sobre la gasolina y diésel.
• Impuestos ambientales. No especifican.
• Impuestos a la propiedad. No especifican
• Reducción de los salarios mediante el congelamiento de los aumentos salariales en el sector público o un recorte nominal en los salarios de las escalas más altas. Recorte nominal significa rebajar esos salarios.
• Rápida reforma al servicio civil porque éste tiene un peso del 35% en el gasto público. En otras palabras, lo anterior podría conllevar no solo a la reducción de los salarios, sino también a eventuales despidos en el sector público.
• Venta de activos del Estado. Aquí no solo sería el planteamiento de vender FANAL y BICSA, sino vender empresas de peso como el ICE, el BCR y el INS.
• Cumplimiento estricto de la regla fiscal

El gobierno de Carlos Alvarado ha venido mintiendo constantemente a la ciudadanía sobre los eventuales préstamos que le otorgaría el FMI. Primero dijo que ese organismo no impondría condiciones, sino que eran “metas”, lo cual era absolutamente falso. Después emitió un decreto congelando los salarios de los trabajadores del sector público por cuatro años en supuesta “solidaridad” de los empleados públicos hacia los trabajadores que habían perdido sus trabajos, suspendidos temporalmente de sus puestos laborales o con jornadas reducidas. Sin embargo, eso era una mentira ya que, sin que el FMI, le otorgara los créditos, estaba cumpliendo uno de los puntos exigidos por el FMI para darle los préstamos. Asimismo, la última versión del proyecto de ley de empleo público va en la dirección de cumplir uno de los dictados de ese organismo de realizar una reforma rápida y profunda del régimen de servicio civil porque este consume el 35% del gasto público.

Por otra parte, es importante destacar que, pese a la disminución de los precios internacionales del petróleo, el gobierno envío un proyecto de ley que aprobó la Asamblea Legislativa para mantener intacto y aumentar el impuesto a los precios de la gasolina para financiar, por solidaridad, el bono proteger para miles de personas afectadas por la pandemia. No obstante, lo anterior, ahora sabemos que esa reforma de ley va en la dirección de las medidas que el FMI ha exigido para prestar los millones de dólares. En otras palabras, este gobierno no tiene ninguna “originalidad”, sino que hace y promueve proyectos ley en función de las exigencias que le ha hecho ese organismo internacional, así como también emite decretos en cumplimiento del mandato del FMI.

De otro lado, la eventual venta de las más grandes empresas del Estado y del país (ICE, INS y BCR), tanto por patrimonio y ganancias, aprovechándose de la situación de crisis sanitaria, constituiría la más alta traición a los intereses nacionales. Es como vender las gallinas de los huevos de oro. Eso conllevaría al encarecimiento de varios servicios públicos, así como la pérdida de millones de recursos para las arcas del Estado. Eso no se debe permitir jamás.

El encuentro sindical del 25 de junio que están impulsando diversas organizaciones sindicales deben discutir y votar un plan de lucha en contra del “combo de ajuste estructural” del FMI, así como contra todas las medidas anti obreras y antipopulares que impulsa e implementa el gobierno de Carlos Alvarado y los neoliberales de la Asamblea Legislativa. Ese plan de acción debe impulsar movilizaciones callejeras, tomando en cuenta el distanciamiento social y el uso de mascarillas, y concluir en una huelga general que impida la aplicación del ajuste salvaje del FMI y del gobierno de Alvarado en contra de los trabajadores, sectores populares y clases medias. ¡No al Combo de Ajuste Estructural del FMI y del Gobierno de Alvarado!