Por José René Tamariz

La comisión de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa aprobó el 3 de noviembre imponer el salario único a todos los trabajadores del sector público, sean nuevos o los actuales. Sin embargo, por un problema de tipo técnico con la falta de sonido, esa aprobación se anuló. Al día siguiente, una vez corregido ese problema, se aprobó nuevamente, en esa comisión, 16 mociones de ese proyecto. Para el día 10 de noviembre, dicha comisión se apresta a darle dictamen de mayoría al proyecto de Ley Marco de Empleo Público, expediente N°21.336. Posteriormente, pasará al plenario legislativo para su aprobación definitiva.

Con la eventual aprobación definitiva de ese proyecto de empleo público todos los trabajadores del sector público perderán sus componentes o pluses salariales, tales como, anualidades, carrera profesional, dedicación exclusiva, disponibilidad y otros. Aunque, el salario actualmente devengado no podrá ser disminuido, sin embargo, no crecerá más. En la ley se plantea que sólo se reconocerá los reajustes salariales por costo de vida, pero en los últimos años y para el 2021 y 2022 no habrá incrementos salariales. Prácticamente, los salarios quedan congelados casi de por vida. La aprobación de ese proyecto de ley conlleva a la eliminación total del sistema de salarios que existe en el Estado.

Por otra parte, ese proyecto de ley facilitará el despido de los empleados públicos, mediante la denominada “evaluación de desempeño”, ya que con dos calificaciones inferiores a la nota de 70 el trabajador podrá ser despedido sin responsabilidad patronal. Asimismo, en el artículo 19, inciso f) se señalan dos aspectos por los cuales se podrían darse la llamada “desvinculación” o despidos masivos en el sector público. Esos casos serían: 1) Reducción forzosa de servicios o de labores por falta absoluta de fondo; y 2) Reducción forzosa de servicios para conseguir una más eficaz y económica reorganización de los mismos, siempre que esa reorganización afecte por lo menos al sesenta por ciento de los empleados de la respectiva dependencia pública.  Estos dos últimos puntos fueron tomados del capítulo sobre el servicio civil que aparece en la Constitución Política, pero fueron ampliados. Probablemente, se ampliaron pensando en el denominado “rediseño institucional” que se encuentra en curso como parte de la “reformas estructurales” del Estado y la cual pretende eliminar un conjunto de instituciones públicas, unificándolas en una sola lo que conllevaría a los despidos de cientos, sino de miles, de empleados públicos.

De otro lado, abogados neoliberales como Rubén Hernández y medio de comunicación como “La Nación” demandan a los diputados que eliminen el artículo de esa ley en donde se acepta que el Estado negocie y firme convenciones colectivas con las organizaciones sindicales. Sostienen estos neoliberales que la negociación de convenciones colectivas dentro del Estado es prohibida por la OIT y que, además, la aceptación de la existencia de convenios colectivas en el sector público podría volver a conducir a incorporar dentro de ellas diversas conquistas y beneficios laborales y salariales. En realidad, lo que se pretende con esas propuestas es eliminar de raíz el derecho colectivo en el sector público. Ya se prohibió y limitó el derecho a la huelga, ahora se pretende rematar, eliminando el derecho a negociar convenciones colectivas.

Mientras, los neoliberales del Congreso aprueban el salario único y 16 reformas al texto de empleo público en Comisión, las dirigencias sindicales de los grandes sindicatos del Magisterio Nacional APSE, ANDE y SEC permanecen participando en las sesiones del circo del denominado "diálogo multisectorial", haciéndole el juego al gobierno, como que no pasara nada ni afectara a sus miles de afiliados. Las dirigencias sindicales de APSE, ANDE y SEC deben de romper de forma inmediata y pública con la farsa del "diálogo multisectorial".

Asimismo, deben de convocar a una huelga de 48 horas contra ese proyecto de ley de empleo público. Esa huelga debe ser el inicio de una huelga general de más larga duración.

Para que el movimiento huelguístico y de lucha sea más fuerte y numeroso se debe hacer en unidad de acción con los demás sindicatos del sector público. También se debe negociar con el movimiento rescate nacional (MRN) para que participe en esta huelga general con sus propias reivindicaciones. ¡La Lucha es ahora!

Es urgente y necesario que las dirigencias sindicales de ANDE, APSE y SEC, junto con otras organizaciones sindicales del sector público, lancen la huelga general de 48 contra el proyecto de ley de empleo público.

Esa huelga de 48 horas podría ser el inicio de un movimiento más amplio y de larga duración para detener ese proyecto.

Para que el movimiento tome fuerza se debe negociar con el movimiento rescate nacional (MRN) estableciendo una alianza, utilizando todos los métodos de luchas posibles, para evitar que los neoliberales aprueben ese miserable proyecto que desmonta el sistema de salario y empleo en el sector público. ¡No hay otro camino!

¡Que la APSE, ANDE, SEC, bloques sindicales como BUSSCO y otros rompan esa trampa de diálogo multisectorial y pasen a la pelea a las calles!.

De último es importante criticar y denunciar la decadencia en que ha caído la directiva nacional del sindicato APSE con el inofensivo, inservible y calamitoso comunicado que publicó, recientemente en su página “Apse Informa”, sobre el proyecto de empleo público.

En ese comunicado no existe ninguna crítica al gobierno de Carlos Alvarado. ¿Por qué será? Porque sencillamente esa directiva sindical burocrática y conservadora, encabezada por Zaray Esquivel, le ha claudicado y capitulado al gobierno neoliberal porque los incluyó en la convención colectiva y les dio algunas migajas en esa convención. A los directivos nacionales del sindicato APSE parece que le encanta estar en las sesiones del "diálogo", el "lobby" y la "negociaciones" y nada de lucha o pelea callejera para defender a sus afiliados de los ataques contra sus salarios y condiciones de vida a manos del gobierno y los neoliberales del Congreso.

En el último párrafo de ese inocuo comunicado se dice que "Es lamentable ver como los diputados se vuelven a equivocar siendo cómplices de las medidas que afectan a la clase trabajadora...". Sostener lo anterior es una ingenuidad y estupidez. Los diputados no se "equivocan" ya que esa es su política neoliberal: despojar a los trabajadores del sector público de sus componentes salariales o pluses para disminuir déficit fiscal. Es falso que esos diputados neoliberales sean "cómplices" de esas medidas, sino que son los autores de esa política de despojo del sistema salarial en el sector público.

De último, en ese desdichado comunicado la directiva burocrática de APSE no menciona para nada que vaya a dar la lucha contra el despojo a sus afiliados de los componentes salariales o pluses a manos de los diputados y del gobierno Alvarado.

La reforma del sistema de pensiones

La tal "reforma" de la ley de protección al trabajador para la entrega de los dineros del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP), régimen complementario de pensiones, es un engaño. Van a entregar los dineros acumulados en el ROP solo a las personas que se pensionen hasta diciembre del año 2020, pero en el lapso de dos años y medio, es decir, 30 meses, ya sea de forma mensual o en desembolsos cada 9 meses. Asimismo, se les entregará a las personas que ya están pensionadas.

El peor engaño y estafa es para los trabajadores que se pensionen a partir del año 2021, ya que sus dineros del ROP serán entregados de acuerdo con la cantidad de años cotizados. Por ejemplo, si una persona cotizó durante 20 años, ¡entonces su dinero acumulado será entregado en 240 cuotas! Suponiendo que esa persona tenga acumulados 20 millones de colones, entonces recibiría la miseria mensual de 83.000 colones y así sucesivamente. Además, probablemente, esa persona pensionada muera antes de esos 20 años y de nada le habría servido ese dinero a acumulado a lo largo de sus años trabajados.

En otras palabras, la tal "reforma" que se hizo es peor que la ley original. Es una basura de reforma. Tampoco se eliminó el paseo o robo que hace el Banco Popular con los dineros del ROP y Fondo Capitalización Laboral (FCL).