Por José René Tamariz
El proyecto de empleo público está cerca de ser discutido y aprobado en el plenario de la Asamblea Legislativa y convertirse en ley de la República. Diversos sectores se oponen a ese proyecto mediante comunicado y de forma verbal; otros sectores hacen lobby parlamentario para tratar de convencer a los diputados neoliberales para no ser incluidos en el proyecto; algunos sectores hacen pequeñas y tímidas manifestaciones frente al Congreso para oponer y denunciarlo. Sin embargo, la constante es la división de todos los sectores sindicales, laborales y sociales. Por tanto, la oposición y manifestación contra ese fatídico proyecto es fragmentada y parcial de cada sector. En los hechos, esas políticas de las dirigencias sindicales y sectoriales le hacen el juego al gobierno y a los diputados neoliberales y facilita la aprobación del proyecto sin una oposición fuerte y contundente que haga posible detener e impedir su aprobación.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha planteado que la inclusión de ese poder de la República dentro de ese proyecto violenta la independencia del poder judicial y solicitado no ser incluido. A su vez, las autoridades de las universidades públicas también sostienen que la inclusión de esas casas de estudio en dicho proyecto es una violación a la autonomía universitaria. En igual sentido se han pronunciado las municipalidades. Asimismo, lo han hecho las empresas en competencia como el INS, el ICE y los bancos públicos.
Por su parte, las diferentes dirigencias sindicales burocráticas (APSE, ANDE, SEC, UNDECA, BUSSCO y otras) negociaron tras bambalinas con los diputados y el gobierno ese proyecto de ley. Creyeron de forma ingenua y miserable lo que le dijeron esos sirvientes del capital y salieron trasquilados porque nada de lo que negociaron les fue concedido. El "diálogo" ha demostrado que no sirve para nada, más que para el engañar a los tontos. Así les pasó a todos los burócratas sindicales que participaron en el circo del denominado "diálogo multisectorial". Apoyaron la propuesta de renta global y el gobierno más bien va a joder a todos los trabajadores que ganen salarios de 684 mil colones. Estas dirigencias sindicales burocráticas son cómplices de esas políticas del gobierno neoliberal de Alvarado.
Ese proyecto de ley al aprobarse despojara a sus miles de afiliados de los pluses salariales, reduciendo los salarios; congelará los salarios por dos décadas aproximadamente; vaciara de contenido a las convenciones colectivas ya que no podrán negociar reajustes salariales, ni incentivos ni plazas de trabajo. Entonces, las convenciones colectivas dejarán de existir como instrumentos para obtener conquistas económicas, laborales y sociales y sólo servirán para regular las relaciones de trabajo. Nada más. En resumen, los sindicatos pierden el poco de poder que tuvieron en alguna época. Las burocracias sindicales ni siquiera se atreven a pelear por sus aparatos sindicales de los cuales parasitan.
Por otro lado, recientemente, las autoridades universitarias convocaron a manifestarse a la comunidad universitaria en contra de ese proyecto con la consigna de que las universidades públicas sean excluidas de ese proyecto de ley. La defensa de la autonomía funcional de las universidades públicas es correcta y debe ser apoyada por todos los sectores. En eso no debe haber discusión. Sin embargo, el problema grave que observa es que las autoridades universitarias, muchos académicos y la dirigencia estudiantil quieren que, como sector, no ser incluidos y, por ende, no ser afectados por la ley de empleo público. Esa posición divisionista de algunos sectores universitaria es incorrecta. La consigna y lucha de todos los sectores debe ser porque ningún trabajador del sector público sea afectado por esa nefasta y anti obrera ley. Tanto el lobby parlamentario, las oscuras negociaciones bajo la mesa, la posición de exclusión sólo para algunos sectores de ese proyecto es despreciable y condenable. La lucha y pelea contra ese proyecto debe ser unitaria y conjunta. Eso permitiría poder enfrentar y detener ese proyecto.
Por la huelga general para detener y derrotar el proyecto de empleo público
A pesar de todo lo anteriormente apuntado es necesario y urgente lanzar la huelga general de todos los sectores laborales, mediante sus diversas organizaciones sindicales, asociativas, estudiantiles y populares. Las dirigencias sindicales dicen que las bases no quieren realizar ni participar en una huelga contra ese proyecto. Sin embargo, eso no es cierto. Lo que pasa es que las bases sindicales tienen desconfianza de los burócratas sindicales, ya que se han dedicado sólo a hacer lobby parlamentario y oscuras negociaciones con los diputados neoliberales y ni siquiera han informado mucho menos han consultado a las bases para realizar esas “negociaciones”. Por otro lado, es cierto que la ley limita el derecho a la huelga cuando se trata de luchar contra un proyecto de política pública. No obstante, la realidad es que ese proyecto afecta de forma directa los salarios de los trabajadores, así como el derecho colectivo de las negociaciones de las convenciones colectivas. Por otra parte, hay que tener presente que cuando no existía el derecho a huelga no se solicitaba permiso para hacerla. Sencillamente hay que votar en asamblea unitaria y de forma democrática la huelga general y enfrentar a la patronal y al gobierno en las calles. La correlación de fuerza y el enfrentamiento físico en las calles determinará los resultados finales de la lucha, no ninguna ley anti-huelga.
La lucha contra el proyecto de empleo público se debe unir a la pelea contra el acuerdo del FMI realizado por el gobierno de Carlos Alvarado y todos los proyectos de ley que pretenden aprobar en la Asamblea Legislativa para cumplir con los compromisos con ese organismo transnacional.
Entonces, urge que todas las dirigencias sindicales, sin distingo, el movimiento rescate nacional, así como las organizaciones estudiantiles universitarias, las cooperativas, las asociaciones solidaristas, trabajadores del sector privado y demás sectores afectados tanto por el proyecto de empleo público como por los demás proyectos que serán aprobados como parte del acuerdo con el FMI se unifiquen y centralicen las acciones para enfrentar, detener y derrotar esos nefastos proyectos de ley fondomonetaristas. ¡Por la Movilización y Huelga General Contra el Proyecto de Empleo Público y el Acuerdo con el FMI!