Por José René Tamariz

Desde el año 2020, fecha en que la relación deuda pública y producto interno bruto fue mayor al 60%, los trabajadores del sector público han tenido los salarios congelados. Es importante señalar que durante esos años el costo de la vida ha venido aumentando de forma constante. Solamente en el año 2022, el índice de precios al consumidor (IPC) fue del 7,88% y en el año 2021 la inflación fue del 3,30%. Sumados ambos años, la inflación fue del 11,18%. Lo anterior quiere decir que, sólo en dos años, los trabajadores han tenido una gran pérdida en sus salarios, lo cual ha reducido de forma sensible su capacidad para comprar los productos y servicios básicos. Es decir, por cada 100 mil colones los trabajadores perdieron ₡11.180 colones.

A lo anterior habría que sumarle que en el año 2019 la inflación fue del 1,5%, pero el gobierno solamente otorgó un reajuste salarial de ₡7.500 que, supuestamente, se debía pagar en enero del año 2020, sin embargo, debido a la pandemia del Covid-19, el gobierno de Carlos Alvarado emitió un decreto en el cual se suspendía el pago de ese incremento salarial por tiempo indefinido Eso significó que el congelamiento salarial para los trabajadores del sector público lleva cuatro años consecutivos. Pero, por si fuera poco, en años anteriores al 2019, venía una congelación de los salarios.

Las Políticas Recesivas del Gobierno y el Banco Central

Por otra parte, es importante mencionar que a la situación antes mencionada se le suman, los bajísimos reajustes salariales, por debajo del índice de inflación, en el sector privado; la altísima informalidad de casi la mitad de los trabajadores; el alto desempleo de más de un 11% y el no pago de los salarios mínimos entre un 20% y 25% de los trabajadores formales. Producto del congelamiento salarial en el sector público, los bajísimos reajustes salariales en el sector privado, la altísima informalidad, el alto desempleo y el no pago del salario mínimo, así como el aumento continuo y generalizado de los precios de los productos básicos, el consumo de los hogares lleva 15 meses de desaceleración. Este proceso está vinculado con el proceso de desaceleración del sector más grande de la economía y que emplea a la mayor parte de la población: el régimen definitivo.

Según informaciones periodísticas “La dinámica del régimen definitivo depende de las condiciones internas de la economía. En el último año, el Banco Central ha incrementado la tasa de política monetaria de forma sorprendente ante el surgimiento de la inflación. Ello genera problemas de demanda, pues priva a los consumidores de adquirir nuevas deudas y a las empresas de invertir en nuevos negocios. Por su parte, los consumidores y empresas ya endeudadas tienen que destinar más dinero a las cuotas de sus préstamos con la consecuente menor disponibilidad para adquirir bienes y servicios o invertir. Así, menos consumo e inversión implican menor crecimiento o una recesión de continuar con esta tendencia”. (El Financiero. 28 de enero-3 de febrero 2023).

En otras palabras, todas las políticas del gobierno y del Banco Central están conduciendo a un proceso de recesión económica en el sector más grande de la economía nacional. Asimismo, la apreciación constante del colón respecto al dólar, producto de la inundación de dólares del mercado por parte del narcotráfico, el lavado de dólares y los capitales golondrina tiende a producir un mayor desempleo en los trabajadores de diversos sectores de la economía nacional, tales como el turismo, la agricultura y otros.

Por el Pago Inmediato del Reajuste Salarial de ₡7.500 Que se Adeuda a Trabajadores

En el mes de mayo, Rodrigo Chaves derogó el decreto de emergencia nacional por el Covid-19 y, por ende, se activó el pago del reajuste salarial decretado a finales del año 2019 y que se debía pagar en enero del año 2020. Fue por ello que la destituida directiva de la CCSS aprobó pagar a sus trabajadores, de forma retroactiva, ese reajuste salarial adeudado desde el año 2020. Ese pago en la CCSS conllevó a la destitución arbitraria e ilegal, por parte de Rodrigo Chaves, de toda la directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Frente a esa situación, Rodrigo Chaves, reconoció que ese reajuste salarial se adeudaba a los trabajadores del sector público, sin embargo, puso el pretexto de que no se podía hacer efectivo porque la regla fiscal lo impedía. Pero, señaló que se podía pagar hasta el año 2025. Es necesario mencionar que ese reajuste salarial del año 2019 para hacerse efectivo en enero del 2020 fue aprobado, antes de entrar a regir la regla fiscal que se encuentra en la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, por tanto, el pretexto de Chaves es solamente eso para no pagar ese incremento salarial.

No obstante, lo anteriormente planteado por Rodrigo Chaves, en un video del 16 de abril el mismo Chaves dijo que “Por otra parte, la deuda pública ya está por debajo del 60% de la producción nacional, entre otras cosas, eso elimina la restricción de compensarle la inflación a los funcionarios públicos en sus salarios”. Sin embargo, pese a lo dicho por el presidente de la República, el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, lo contradijo, diciendo “Entiendan una cosa, va a haber aumentos salariales hasta que la relación deuda-PIB esté por debajo del 60%. Eso no significa que por un mes que estemos debajo del 60% entonces ya hay aumentos salariales, ¿ok? Yo creo que tiene que ser algo sostenible y no una situación coyuntural, eso solo lo podríamos saber al finalizar el 2023”. (La Nación, 20 de abril de 2023). Y más adelante, “… explico el ministro, el reglamento de la regla fiscal establece el cálculo de la regla fiscal se hace con dos años de posteridad. Es decir, para calcular el tope de crecimiento al gasto público de cada año por venir, se utilizan los indicadores del año anterior a la formulación del Presupuesto Nacional que se elabora en agosto de cada año (…) Si se cumple en el 2023, se aplica en el presupuesto de 2025”. (Ídem). Así que lo dicho por el presidente de la República, Rodrigo Chaves, fue pura posición demagógica. El congelamiento salarial en el sector público seguirá, ya que no se sabe cuando realmente va a disminuir la relación deuda/PIB por debajo del 60%.

¡Por un 1° de Mayo de Unidad y Lucha!

Entonces, este primero de mayo es necesario y fundamental que las diversas organizaciones sindicales y bloques sindicales realicen la más amplia unidad de acción, deponiendo sus posiciones sectarias y feudales, en aras de la defensa de los intereses y los derechos salariales y laborales de los trabajadores tanto del sector público como privado. Este primero de mayo debe convertirse en el inicio de lograr la unidad sindical permanente para enfrentar las políticas neoliberales y anti obreras del gobierno de Rodrigo Chaves.

El congelamiento salarial que por muchos años atraviesan los trabajadores del sector público, los bajísimos reajustes salarial en el sector privado que no compensan el índice de inflación, así como el incremento continuo y generalizado de los productos y servicios básicos que afectan los niveles de vida de todos los trabajadores demandan que las dirigencias de las diversas organizaciones sindicales hagan ingentes esfuerzos por alcanzar una amplia unidad de acción permanente, así como la necesidad de coordinación en la realización de diversas acciones de lucha y la discusión y votación, en asambleas conjuntas, de un plan de lucha que contemple las principales reivindicaciones del movimiento obrero y popular. Entre otros puntos, proponemos los siguientes puntos de lucha:

1. Exigir, mediante la movilización en las calles, el pago inmediato del reajuste salarial de ₡7.500 adeudado por el gobierno de la República y demás instituciones estatales a los trabajadores del sector público desde el año 2020.

2. Luchar por un reajuste salarial semestral o anual que compense el índice de precios al consumidor (IPC) de los años anteriores, es decir, desde el año en que se inició el grave congelamiento salarial.

3. Exigir el incremento de los salarios mínimos que permitan a los trabajadores a comprar los productos de la canasta básica, el pago de los servicios básicos y de otras necesidades.

4. Demandar la inmediata derogatoria de la Ley de Empleo Público que impuso el salario único y la eliminación de los diferentes componentes salariales, así como una serie de afectaciones en la vida laboral de los trabajadores del sector público.

5. Luchar de forma conjunta en contra de las diversas propuestas, ya sea la de Rodrigo Chaves, Rodrigo Arias o Superintendencia de Pensiones, que pretenden imponer el régimen único de pensiones o eliminar total o parcialmente el financiamiento estatal a los regímenes básicos de pensiones.

6. Defender de forma conjunta a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), exigiendo la restitución inmediata de la anterior junta directiva que fue destituida de forma ilegal por Rodrigo Chaves; oponernos a la privatización de los servicios de salud y exigir el pago inmediato de la deuda billonaria del gobierno a la CCSS.

7. Exigir al gobierno de la República la implementación de un plan de obras públicas que le dé trabajo a miles de trabajadores desempleados e informales. Esa medida contribuiría a reanimar la economía nacional de su situación recesiva, así como para fortalecer los ingresos de la CCSSS y, por ende, su fortalecimiento.

8. Realización de Asambleas Conjuntas Sindicales en donde se discuta la situación nacional y se voten las propuestas y las acciones de lucha callejeras del movimiento obrero que desemboque en una huelga nacional que impida la aplicación de los planes de ajustes fiscal en contra de los trabajadores.