Por José René Tamariz.

En el mes de marzo, el gobierno de Rodrigo Chaves planteo su propuesta de eliminar el aporte estatal del 1,57% de todos los salarios a todos los regímenes de pensiones. Al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguridad Social (CCSS); al régimen de Capitalización Colectiva (RCC) del Magisterio Nacional y al Fondo de Jubilaciones y Pensiones (FJP) del poder Judicial se le aporta el 1,24%. La justificación del gobierno para eliminar la contribución estatal a los regímenes de pensiones es que con el aporte estatal que se les quitaría a esos sistemas de pensión se crearía la denominada “pensión básica universal” (PBU).

La Propuesta del Gobierno de Chaves Conduce a la Crisis y Quiebra de los Regímenes Básicos de Pensiones

Al respecto, el ministro de hacienda, Nogui Acosta, declaró recientemente que “Tenemos que ir pensando cuál es la función subsidiaria del Estado en el tema de pensiones. Nosotros creemos que deberíamos avanzar a una pensión universal básica universal que no tenga relación con el salario (…) será parte de nuestra propuesta”. (La Nación, 21 de marzo de 2023). Posteriormente sostuvo que “Yo cogería el 1,57% que le doy a todos (los sistemas básicos) y lo doy a una pensión nada más y el aporte no es sobre el trabajador, sino sobre cada costarricense”. (Ídem).

La pensión básica universal (PBU) se le otorgaría a todos los costarricense que tengan la edad para pensionarse y la cuantía de esa pensión sería el equivalente al monto de dinero de la línea de pobreza que es actualmente de ₡120.136. Ese tipo de pensión universal básica es parecida a la que se otorga en algunos países en los cuales se les denomina “pensiones sociales”. En el caso de Costa Rica existe algo parecido llamada “pensión no contributiva” que consiste en “… una asistencia concedida por la seguridad social a aquellas personas que no han contribuido o cotizado a ningún régimen y cumplen con los requisitos para poder brindársela”. (Superintendencia de Pensiones. ¿Cómo está constituida?”. 17 de enero de 2022). Actualmente el monto de la pensión no contributiva es de ₡82.000. Es importante señalar que solamente alrededor de un 50% de la población adulta mayor recibe una pensión de diferente régimen de pensión. Entonces, la denominada pensión universal básica sería como una generalización a toda la población de la pensión no contributiva. En principio, el otorgamiento de una pensión por parte del Estado para todos los ciudadanos no se ve ni está mal. Es necesaria ese tipo de pensión.

Sin embargo, ese tipo de propuesta tiene varios problemas y trampas que analizamos a continuación.

Eliminar de forma total y de una sola vez el financiamiento estatal a los regímenes básicos de pensiones conllevaría a una profunda crisis y eventual quiebra a los regímenes del IVM, el RCC y el FJP, ya que no sería posible su sostenibilidad solamente con el aporte del patrón y el trabajador. Veamos un ejemplo. En relación a ese tema, el director de la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional (JUPEMA), Carlos Arias, sostiene que “El régimen pasaría de una situación de equilibrio -en la última valuación actuarial cercano a los ₡74.000 millones-, a una situación deficitaria de -₡212.865 millones. Esto porque la cotización tripartita pasaría de un 16,32% a un 14,75%”. (Ídem). Según el director de JUPEMA el desfinanciamiento estatal al RCC tendría que llevar a una elevación de la cotización del trabajador o rebajar el monto de la pensión. Sin embargo, la situación sería peor. Pues no solo se tendría que cotizar más por parte del empleado, sino que también conllevaría al aumento de la edad para pensionarse y la disminución del monto de la pensión.

Para el régimen del IVM, en caso de implementarse el desfinanciamiento estatal, la situación sería peor que en JUPEMA, ya que la situación deficitaria se incrementaría aún más, ya que esta institución tiene graves problemas de financiamiento porque el Estado le debe millonarias sumas de dinero tanto por los servicios de enfermedad y maternidad, así como por las pensiones no contributivas e IVM, que se resiste, desde hace años, a pagar y que, cada vez, aumentan más.

¿Hacia un Régimen Único de Pensiones?

En el fondo la propuesta del gobierno de eliminar el aporte estatal a los sistemas básicos de pensiones tiene como objetivo la eventual implantación de un “régimen único de pensiones” basado en “cuentas individuales” al estilo Régimen Obligatorio de Pensiones (OPC). Ese tipo de modelo de régimen de pensiones sería como una generalización del ROP que tendría todos los problemas que actualmente atraviesa ese modelo. Sería la privatización de las pensiones, los dineros aportados por los trabajadores, patronos y Estado serán invertidos en el mercado nacional e internacional, lo cual, dependiendo de la situación económica mundial podría generar graves pérdidas en los rendimientos individuales tal como está sucediendo con los fondos de las pensiones del ROP lo que, eventualmente, conllevaría a disminuciones importantes y sustantivas de los montos de pensiones de los trabajadores y ciudadanos.

La propuesta de un “régimen único de pensiones” es un símil al denominado “salario único” de la Ley de Empleo Público que entró a regir el 10 de marzo de 2023. Todo ello lleva al desmantelamiento total del Estado Social de Derecho en Costa Rica.

¿De Dónde Viene la Propuesta del Gobierno de la Pensión Básica Universal?

Desde el año 2019, la Academia de Centroamérica que es un centro de estudio e investigación de la burguesía costarricense elaboró un estudio denominado “El Sistema de Pensiones en Costa Rica y sus Desafíos” en el cual se propone una profunda contrarreforma del sistema de pensiones y en el cual se plantea la creación de una “pensión básica universal”. Lo más probable es que el gobierno de Chaves haya tomado partes de ahí para hacer su propuesta. No es una idea ni propuesta original del gobierno.

En ese estudio la Academia Centroamericana plantea entre sus “recomendaciones y conclusiones” lo siguiente “Como alternativa, podría pensarse en una reforma que logre integrar el sistema contributivo y el no contributivo, mediante el cual el Estado brindaría una pensión básica a todos los costarricenses igual a la línea de pobreza con el fin de eliminar la pobreza en vejez, la cual se financiaría con impuestos generales. Por su parte, la CCSS pagaría una pensión adicional, bajo un sistema de reparto, pero basado en cuentas nocionales, mediante el cual se vincula el esfuerzo contributivo de los trabajadores, sean estos asalariados o cuentapropistas, con el monto de la pensión recibida. Encima de esta pensión estaría el sistema de capitalización individual obligatorio y el voluntario. Por su parte, las cargas sociales que hoy se cobran sobre el trabajo, como asignaciones familiares, entre otras, también pasarían a impuestos generales. Esta propuesta permitiría rebajar las cargas sociales sobre las planillas con el fin de incentivar la formalidad y aumentar la cobertura del sistema de pensiones. El BID ha estimado que el costo fiscal de esta propuesta duplica lo que hoy se gasta en el sistema no contributivo de la CCSS, cerca de 1,5 por ciento del PIB”. (Robles Cordero, Edgar: El Sistema de Pensiones en Costa Rica y sus Desafíos. Academia de Centroamérica. San José, Setiembre 2019).

En ese documento de la Academia de Centroamérica se plantea la pensión básica universal en relación con la fusión del régimen de invalidez, vejez y muerte (IVM) de la CCSS y el régimen no contributivo (RNC), no en relación con todos los regímenes de pensiones. Esa propuesta conlleva a la eliminación del financiamiento estatal solamente del IVM de la CCSS. Sin embargo, el gobierno de Chaves avanza mucho más lejos que la propuesta de esa academia burguesa. Su propuesta es más draconiana, ya que plantea la eliminación total del financiamiento estatal a los todos los regímenes de pensiones, lo cual provocaría la crisis y quiebra del sistema de pensiones en Costa Rica y, por ende, la afectación de miles de trabajadores.

Por su parte, la Superintendencia de Pensiones (SUPEN), encabezada por Rocío Aguilar, una neoliberal dura y anti obrera, plantea una propuesta intermedia entre la propuesta del gobierno de Chaves y la de la Academia de Centroamérica. Al respecto, las informaciones periodísticas señalan que “La Superintendencia de Pensiones (Supén) tiene entre sus objetivos claves… la creación de la pensión básica universal en Costa Rica. Con este objetivo trabajan en la propuesta de un proyecto de ley”. (La Nación, 16 de diciembre de 2022). Rocío Aguilar, no plantea el desfinanciamiento estatal total a los regímenes de pensiones, sino un recorte parcial del financiamiento al sistema de las pensiones para financiar la pensión básica universal. ¿Cuál propuesta se terminará aprobando en la Asamblea Legislativa? Es muy probable que la mayoría neoliberal del Congreso terminen apoyando y aprobando un proyecto intermedio: la eliminación parcial de una parte del aporte estatal a los diferentes regímenes básicos de pensiones.

La Eliminación del Aporte Estatal a las Pensiones es Inconstitucional

El financiamiento estatal a los seguros sociales es constitucional. De ahí que la propuesta del gobierno de Chaves viola de forma abierta y flagrante la Constitución Política. Para poderse aprobar e implementarse se tendría que hacer una profunda reforma constitucional, lo cual es inviable, ya que el partido de Chaves es minoritario en la Asamblea Legislativa. Por tanto, la propuesta de Chaves es inviable en la situación actual. Veamos lo que señala la Constitución Política al respecto.

El artículo 73 plantea que “Se establecen los seguros sociales en beneficio de los trabajadores manuales e intelectuales, regulados por el sistema de contribución forzosa del Estado, patronos y trabajadores, a fin de proteger a éstos contra los riesgos de enfermedad, invalidez, maternidad, vejez, muerte y demás contingencias que la ley determine.

La administración y gobierno de los seguros sociales estarán a cargo de una institución autónoma, denominada Caja Costarricense de Seguro Social.

No podrán ser transferidos ni empleados en finalidades distintas a las que motivaron su creación, los fondos y reservas de los seguros sociales”. (Constitución Política. Investigaciones Jurídicas. S.A. San José Costa Rica, febrero 2004).

Ese artículo constitucional es claro al señalar que los seguros sociales en Costa Rica son tripartitos: financiados por el Estado, patronos y trabajadores. Además, señala que los fondos y reservas de los seguros sociales no pueden ser transferidos a otros fines que no sean los señalados expresamente por ese artículo constitucional.

¿Cuál es Salida?

Toda esa situación anterior plantea el grave problema del futuro de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). El primer impacto de esa propuesta sobre la CCSS sería su debilitamiento significativo y, posteriormente, al cuestionamiento de su existencia como gran institución de la seguridad social. Asimismo, el desmontaje del sistema de pensiones básicos en el país. Entonces, ¿cuál debe ser la propuesta alternativa desde el sector de los trabajadores?

1. Estamos a favor de la creación de una pensión para todas las personas que no han contribuido por diferentes razones a los regímenes de pensiones. Es necesario que las personas que cumplan con la edad para pensionarse y que no cotizan para ningún régimen de pensión puedan recibir una pensión digna que sea equivalente al salario mínimo que les permita cubrir sus necesidades básicas. La propuesta es universal el actual régimen no contributivo (RNC) a todos los adultos mayores que no tienen acceso a esa pensión y que, además, se le incremente el monto a un salario mínimo vital.

2. Nos oponemos rotundamente a la eliminación total o parcial del financiamiento estatal a los diferentes regímenes básicos de pensiones, tal como lo propone el gobierno de Chaves, la Academia de Centroamérica y la Superintendencia de Pensiones (SUPEN). Las razones están explicadas en párrafos anteriores.

3. Proponemos que el financiamiento de la pensión universal para las personas adultas mayores que no cotizan -ni han cotizado- a los regímenes de pensiones se obtenga de la eliminación de las gigantescas exoneraciones fiscales a las zonas francas, el combate a la evasión y elusión fiscal, el aumento de impuesto a las empresas de comidas chatarra, gaseosas y bebidas alcohólicas.