Por José René Tamariz

En los meses de abril y mayo, el gobierno de Rodrigo Chaves, rompió los acuerdos y relaciones que mantenían los gobiernos de turno con la Fundación Omar Dengo (FOD) y la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (CINDE). La primera es una ONG creada en el año 1987, entre otros, por miembros del Partido Liberación Nacional (PLN), durante la administración de Oscar Sánchez. En ese momento, el ministro de Educación era Francisco Antonio Pacheco y su esposa Clotilde Fonseca asumió la dirección de esa organización desde el año 1988 y en diversos cargos hasta el año 2002. La segunda es una organización que se dedica a la atracción de la inversión extranjera en Costa Rica.

El Caso de la Ruptura del MEP-Gobierno con la FOD

La FOD se autodefine como “… una organización sin fines de lucro, cuyo objetivo principal, es el desarrollo de las capacidades de las personas, por medio de propuestas educativas innovadoras, apoyadas en el aprovechamiento de nuevas tecnologías”. Esa fundación ha trabajado en las denominadas “alianzas público-privada” con el Ministerio de Educación Pública (MEP), desarrollando el “Programa Nacional de Información Educativa (PRONIE). Según esa institución ese programa “… busca que los estudiantes se apropien y obtengan el máximo provecho de las herramientas digitales para fortalecer sus habilidades favoreciendo el aprendizaje y producción de conocimiento. Mediante cuatro diferentes propuestas promueve en 4.146 centros educativos públicos diversas formas de aprovechar las tecnologías para crear, resolver problemas, comunicarse y colaborar”. Asimismo, la FOD impulsa diferentes programas en distintas áreas temáticas, tales como ciencias, robótica, programación, informática educativa y otras. La FOD ha trabajado con el MEP por más 30 años.

El gobierno de Chaves, así como voceros del MEP han informado que ese ministerio ha transferido a la FOD más de ₡226 mil millones durante el tiempo en que han trabajado en la “alianza pública-privada”. Por su parte, el viceministro de educación, Leonardo Sánchez, informó que “entre el 2006 y el 2014 las transferencias a la FOD crecieron un 500% y en los últimos 10 años los aportes a esta fundación se duplicaron”. (El Guardian .cr). Más adelante, ese funcionario del MEP sostuvo que “Mensualmente se le destinan a esta fundación ₡1.600 millones, adicional a esto, el MEP cancela alrededor de ₡24 mil millones, lo cuales se destinan para el pago de docentes y asesores. Según el Viceministro, el monto que anualmente se le pagan a la FOD, asciende a los ₡43 mil millones”. (Ídem).

El señalamiento y críticas del gobierno y los altos funcionarios del MEP a la labor de la FOD es que se le han realizado demasiadas transferencias de dinero y que no existen mediciones de esa labor ya que “no se evalúan los resultados”, además de que un 20% de los centros educativos no tienen recursos tecnológicos y que el MEP no sabe “si realmente los estudiantes salen preparados para incorporarse al mercado laboral, continuar con sus estudios o con conocimientos para emprender algún proyecto tecnológico”. (Ídem). Obviamente, todas esas falencias señaladas por altos funcionarios del MEP a los programas de la FOD son también corresponsabilidad de ese ministerio.

Red Educativa del Bicentenario (REB) y Posición de la Contraloría General de la República (CGR)

El gobierno de Carlos Alvarado (2018-2022) anunció con bombos y platillos la denominada Red Educativa del Bicentenario (REB) que según datos del MEP, durante la administración de Alvarado, cubriría a más de 2 mil centros educativos, más de 700 mil estudiantes, 50 mil docentes y 15 mil administrativos. Ese ambicioso proyecto educativo de conexión a banda ancha de Internet costaría $350 millones y lo iba a ejecutar la Fundación Omar Dengo (FOD). En ese momento, el MEP en su página oficial informaba de que “Para la ejecución de esa segunda fase, el MEP transferirá los recursos económicos a la FOD paulatinamente, de forma que éste se implemente a través de las contrataciones correspondientes. El trabajo será coordinado con personal destacado por el Ministerio para priorizar necesidades educativas y establecer las políticas que deberán ser implementadas por medio de canales de tráfico de datos e información de la red”. (Página del MEP, febrero de 2020).

Sin embargo, debido a que ese proyecto era tan grande tanto en financiamiento por parte del Estado como en la cesión de las competencias del MEP a una organización privada, la Contraloría General de la República (CGR) se vio obligada a frenar ese millonario proyecto, mediante una orden al MEP, prohibiendo cualquier ejecución del mismo. La CGR acusó en su momento al MEP de “transferir” sus “competencias esenciales y deberes públicos”. Asimismo, la CGR le dio al MEP un plazo de cinco días para asumir sus funciones como ente público y que encargará la ejecución de ese proyecto a la Dirección de Informática de Gestión (DIG) del MEP. Frente a esa orden de la CGR, la FOD y el MEP introdujeron un recurso de amparo que no prosperó. Al final, esa tan anunciada REB como proyecto educativo no se implemento y duerme en el baúl de los recuerdos.

Lo cierto sobre ese proyecto millonario fallido es que era un gran negocio para la FOD, a pesar de que se defina como una organización “sin fines de lucro” y para las demás empresas que iba a contratar esa fundación para poder ejecutar semejante proyecto.

En realidad, más allá de algunos aportes de servicios informáticos de la FOD al MEP, lo que existe detrás de esa “alianza pública-privada” es la transferencia o cesión de “competencias y deberes” exclusivos del MEP y del Estado a manos privadas, ya sea en la implementación de diferentes programas educativos tecnológicos y otros, así como de la intentona de la implementación del proyecto fallido de la Red Educativa del Bicentenario (REB). La dependencia de la FOD con los fondos del MEP-Estado eran tan grandes que esa organización no puede seguir manteniendo su funcionamiento, al grado tal que ha comenzado a despedir a casi todos sus empleados.

El Caso de la Ruptura de COMEX-Gobierno de Chaves con CINDE

Esa institución se autodefine como “una organización privada, apolítica y sin fines de lucro, ha asesorado y guiado a más de 400 empresas de alta tecnología para establecerse en el país. Convirtiéndose en el socio estratégico para alcanzar una productividad sostenible e impulsar la inversión con propósito”. (Página electrónica de cinde). Más adelante, señala que “Desde su creación en 1982, CINDE ha impulsado la IED en sectores estratégicos como manufactura inteligente, servicios intensivos en conocimiento y salud y bienestar, para generar empleo y mayores oportunidades para su recurso más valioso: su gente; con el objetivo de contribuir al desarrollo social y económico de Costa Rica”. (Ídem).

Es importante señalar que esa organización recibía financiamiento estatal, tanto por la vía del gobierno de ₡750 millones anuales, así como también de la Promotora de Comercio Exterior (Procomer). La ruptura del gobierno con esa organización ha significado la suspensión de transferencias estatales totales de $4,6 millones, lo cual significa un 73% del presupuesto de CINDE.

La versión del gobierno de Chaves para romper con CINDE es que se debe a una cuestión fiscal, ya que no tienen los dineros para seguir financiando a esa organización. Por otra parte, “… el ministro de Comercio Exterior, Manuel Tovar, negó el papel de Cinde en atracción de inversiones. Afirmó que las empresas no llegan a Costa Rica por Cinde, sino por los incentivos que ofrece nuestro país. Citó el talento humano, la democracia, el respeto a los derechos humanos, entre otros”. (La Nación, 4 de mayo de 2023).

Frente a esa ruptura del gobierno de Chaves con CINDE, tanto diversas cámaras empresariales, como algunos medios de comunicación, fracciones parlamentarias e intelectuales burgueses han protestado y llamado al gobierno a rectificar esa medida y regresar a la “alianza” con esa organización privada.

Según Roberto Artavia, presidente del Consejo Directivo del INCAE Business School, en un artículo del diario La Nación, la ruptura del gobierno de Chaves con CINDE “No es por falta de contenido fiscal”; “no es por el empleo rural”; “no es porque Cinde haya disminuido en sus capacidades”; “no es por falta de crear valor a los inversionistas extranjeros”; “no es por ineficacia o ineficiencia operativa”. (La Nación, 4 de mayo de 2020). Más adelante, Artavia se pregunta “Si no es por ninguna de las razones anteriores, entonces, ¿qué hay detrás de esta ruptura?”. (Ídem). Al final se pregunta que si esa ruptura del gobierno con CINDE: “¿No será más bien otro paso hacia la concentración de las decisiones y funciones clave y valiosas en el Poder Ejecutivo? Un poder ejecutivo demasiado centralizado en la figura de un presidente que desea que hagan las cosas a su modo o rompe relaciones y se aísla y disminuye a entidades valiosas como Cinde. ¿No es precisamente la diversidad de pensamiento y la colaboración entre sectores la esencia misma de la democracia?”. (Ídem).  

La ruptura del gobierno de Chaves tanto con la FOD como con CINDE no sólo obedece, como dice Artavia, a una política de “concentración” y “centralización” de poder, decisiones y funciones claves en el poder Ejecutivo, sino también al desmontaje de la arquitectura institucional del gobierno corporativo instaurado, instalado y sostenido, desde hace muchos años por los partidos tradicionales y, más recientemente, por los gobiernos del PAC.

De último es necesario destacar que Rodrigo Chaves, junto a su facción tecnocrática y burguesa, pretende crear su propio “modelo institucional” de gobierno, desprendiéndose y desechando las organizaciones e instituciones herencia de los pasados gobiernos de los partidos tradicionales y del PAC. ¿Cuáles serán las nuevas “alianzas” y “arquitectura institucional” de Rodrigo Chaves? Lo estamos viendo y veremos desarrollarse. Alianzas con sectores burgueses emergentes haciendo concesiones y dando privilegios económicos a ellos, así como la creación de sus propias organizaciones u otras alianzas con algunas ya existentes.