Por José René Tamariz

El congelamiento salarial de los trabajadores del sector público viene desde el gobierno del Partido Acción Ciudadana (PAC), encabezado por Luis Guillermo Solís, quien gobernó Costa Rica en el período 2014-2018. El segundo gobierno del PAC dirigido por el gobierno neoliberal y anti obrero de Carlos Alvarado se dedicó a realizar un salvaje plan de ajuste estructural, popularmente conocido como “combo fiscal” que, prácticamente, en una primera instancia redujo y, posteriormente, eliminó los pluses salariales (anualidades, carrera profesional y otros incentivos económicos).

La denominada “Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”, mejor conocida como “combo fiscal”, impuesta por el gobierno de Alvarado del PAC, introdujo la draconiana “regla fiscal” que ha sido una gran camisa de fuerza contra los reajustes salariales, el gasto social y el presupuesto de los diversos ministerios públicos sensibles como el de seguridad pública. Esa regla fiscal en uno de sus artículos plantea que cuando la relación deuda/PIB supere el 60%, el gobierno está obligado a no realizar reajustes salariales por costo de vida. Actualmente esa relación supera más del 60% y según el Ministerio de Hacienda podría bajar a menos de ese porcentaje para el año 2026. Eso es una posibilidad que, aún está por verse si se cumple.

La Caída de los Salarios

La aplicación de la regla fiscal en cuanto al congelamiento salarial lleva cinco años, aunque dicho proceso viene desde antes de la regla fiscal. Mientras los salarios son congelados por años, la inflación en algunos años ha sido alta y eso ha conllevado a un deterioro gigantesco de los sueldos de los empleados estatales. De acuerdo con informaciones periodísticas “Los salarios del sector público han sido los que más pérdida de poder adquisitivo han tenido en los últimos años, de hecho, las estadísticas oficiales muestran una caída de su valor real del 19,6% de febrero del 2020 a diciembre del 2023, incluso es la más fuerte desde el 2013 que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo realiza la Encuesta Nacional de Hogares”. (Semanario Universidad, 14 de febrero de 2024). Es decir, que desde año 2020 a diciembre de 2023 los trabajadores han perdido casi 20.000 colones por cada 100.000. En un millón la perdida sería de 200.000 colones. En realidad, esa caída de los salarios de los trabajadores del sector es gigantesca, reduciendo su capacidad de compra de los productos de la canasta básica, de servicios y recreación. Es un hecho comprobado que los sectores laborales costarricenses consumen menos carnes, reducen los tiempos de comida y disminuyen sus actividades de recreación.

Por otro lado “De acuerdo con Roger Madrigal, presidente del Banco Central de Costa Rica (BCCR), el más reciente Informe de Política Monetaria evidenció que solamente de noviembre del 2022 al mismo mes del 2023 la caída de los salarios del sector público fue del 5,5% y si se compara con el período prepandémico llega casi al 20%”. (Ídem). Como se puede observar, solamente en un año el derrumbe de los salarios es mayor al 5%. Al ritmo actual, si esos porcentajes de la disminución de los salarios se mantienen o son superados, la caída de los salarios de los trabajadores del sector público podría llegar al año 2025 al 30% o más. Definitivamente esa es una situación intolerable y que, bajo ninguna circunstancia, los trabajadores y las organizaciones sindicales deben aceptar. Hay que ponerle un alto o basta ya a semejante caída de los sueldos y, por ende, al deterior de las condiciones de vida y existencia de los empleados públicos.

Los diferentes gobiernos neoliberales, incluido el de Rodrigo Chaves, se han ensañado contra los trabajadores del sector público señalándolos como los responsables del alto déficit fiscal y, en los hechos, congelando y disminuyendo realmente sus salarios, los están obligando a financiar ese déficit fiscal. Actualmente, el gobierno de Chaves se jacta de que han obtenido superávit “…Según el informe, el Gobierno finalizó el 2023 con un superávit primario del 1,6% del PIB, lo que indica que los ingresos superaron los gastos, excluyendo el pago de intereses. Es el segundo año consecutivo en que se logra superávit”. (La Nación, 15 de febrero de 2024).

La Fuga de  Profesionales en el Sector Público

La caída gigantesca de los salarios en el sector público y la entrada en vigencia de la Ley de Empleo Público que profundiza el congelamiento salarial y elimina los pluses salariales, han conducido a la fuga masiva de los profesionales y especialistas del sector público. Veamos algunos datos que así lo demuestran. Más de 208 especialistas en medicina se fueron de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) “Según datos de un estudio elaborado por el Sindicato Nacional de Médicos Especialistas (Siname), se trata de 66 médicos especialistas de Anestesiología, 38 de Ortopedia, 19 de Dermatología, 12 de Psiquiatría y 11 de Otorrinolaringología”. (Semanario Universidad, 10 de agosto de 2022). Más adelante, se informa que a esos especialistas fugados “… se suman 9 profesionales en Cirugía Plástica, 8 en Ginecología, 7 en Urología, 7 en Neurocirugía, 4 en Pediatría, 3 en Oncología, 3 en Neumología, 2 en Vascular Periférico, 2 en Oftalmología y solo uno en las especialidades de Maxilofacial, Endocrinología, Medicina Extracorpórea, Geriatría y Fisiatría”. (Ídem). Ese informe es del año 2022, sin embargo, la fuga ha continuado en el año 2023 y lo que va del año 2024.

Esa fuga masiva de especialistas en el sector salud ha profundizado la millonaria lista de espera de pacientes para ser atendidos en las clínicas y hospitales. Hay personas-pacientes que les dan citas para ser atendidos en alguna especialidad médica hasta 10 años o más. Algunos pacientes se han muerto antes de las citas. La situación es dramática para miles de personas, aunque en algunos casos de pacientes con capacidad económica, terminan pagando en el sector privado de salud. En los hechos, la salud ha aumentado su privatización y mercantilización.

Por otra parte, en el sector de la seguridad se ha incrementado la fuga de profesionales y especialistas “Entre el año 2011 y el 2017 el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) registró apenas siete renuncias. En cambio, desde el 2018 y hasta la fecha, la entidad perdió a más de 300 funcionarios. Muchos acumulaban años o décadas de experiencia y con ellos se fueron los conocimientos que un profesional nuevo no tiene”. (La Nación, 1 de octubre de 2023). Más adelante se informa que “Entre quienes se van hay agentes investigadores, patólogos, peritos forenses, microbiólogos, farmacéuticos e informáticos, entre otras profesiones”. (Ídem). La fuga de profesionales en este sector estratégico en la lucha contra el crimen organizado se produce, justamente a partir del año 2018, fecha en que aprobó la denominada “Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”, conocida como “combo fiscal”.

Esa masiva fuga del sector policial especializado como es el OIJ tiene graves consecuencias en la lucha contra los grupos narcotraficantes y crimen organizado. Entre otras “Las razones de la fuga son varias, pero Randall Zuñiga, director de ese cuerpo policial, cita tres en particular: la reforma de pensiones que retarda la posibilidad de anticipar la jubilación en las mujeres, el desgaste profesional, que entre policías es más rápido y la Ley Marco de Empleo Público, que impide ofrecer remuneraciones competitivas”. (Ídem). Como se puede notar la aplicación de la Ley de Empleo Público está causando graves consecuencias en los sectores estratégicos de la salud y seguridad. Dicha ley está causando un grave daño a miles de personas, trabajadores y a Instituciones del Estado. El OIJ no logra dar abasto para investigar los numerosos crímenes, ya que carece de personal y de suficientes fondos para otorgar incrementos salariales a sus especialistas que se fugan. Mientras tanto, las bandas de narcotraficantes cuentan con grandes cantidades de dinero para realizar sus actividades delicuenciales y pagar bien a su personal en general.

En el sector de educación también se está produciendo la fuga “Por ejemplo, hay profesores de inglés del MEP que han preferido irse a call centers porque ahí les ofrecen mejores condiciones salariales que las que les da el sector público”. (Semanario Universidad, 1 de marzo de 2023). Y así, sucesivamente, se están produciendo la fuga de profesionales y especialistas en el Poder Judicial, policial, salud, educación y otros sectores.

Hay que Lanzar la Lucha por Aumentos de los Salarios

En el año 2008, el sector de educación se lanzó a una huelga de un mes exigiendo al gobierno de Oscar Arias ser incorporados en el incremento del percentil 25 al 50 que, posteriormente, mejoró los salarios de los trabajadores de la educación. En aquella época, frente a la fuga de profesionales que había del sector público al sector privado, el gobierno de Arias decretó un incremento real a los salarios de esos profesionales, pasándolos del percentil 25 al 50. A los trabajadores de la educación, el gobierno de Arias, los había dejado por fuera de ese reconocimiento, entonces se lanzó esa gran huelga, imponiéndole al gobierno ese aumento real a los salarios de ese sector estratégico.

Esa mejoría de los salarios, se ha perdido por los planes de ajustes fiscales, la regla fiscal y la Ley de Empleo Público. Por tanto, se hace necesario y urgente retomar la experiencia de la huelga del año 2008 y exigirle al gobierno de Rodrigo Chaves, el paso del percentil 50 al 75 que brindaría un aumento real de los salarios a los trabajadores del sector público. La diferencia ahora sería que a esta pelea hay que incorporar a todos los trabajadores estatales.

Desde las bases, debemos exigir a las dirigencias sindicales del sector salud, educación, poder judicial y otros sectores a realizar una amplia unidad de acción sindical que luche de forma conjunta por un verdadero aumento real de los salarios que impida que los sueldos sigan cayendo aún más. Asimismo, debemos exigir la eliminación de la regla fiscal y de la ley de empleo público que están provocando mucho daño a los trabajadores del sector público, sectores sociales que requieren de ayuda social, de miles de pacientes de la CCSS y debilitando la lucha contra el crimen organizado.