Por José René Tamariz

En el año 2018 se realizó la huelga más grande y larga, duró tres meses, de los trabajadores del sector público en contra de la “Ley de fortalecimiento de las finanzas públicas”, ahora ley 9536, mejor conocida como “combo fiscal”. Al final, esa gran huelga fue derrotada producto de las políticas pusilánimes de las diferentes burocracias sindicales que dirigieron esa lucha de resistencia. Esa ley grava con impuestos los productos de la canasta básica de alimentos, agua, luz, medicina y educación privadas, así también impone un conjunto de normas de la denominada regla fiscal que impone severos límites a los gastos sociales y transferencias a instituciones de bien social. Por ejemplo, producto de la aplicación de esa regla fiscal se han congelado los salarios del sector público por seis años consecutivos.

Agotamiento del Ajuste Fiscal

El salvaje ajuste fiscal, eufemísticamente llamada reforma fiscal, impuesto por el gobierno de Carlos Alvarado, mediante el “combo fiscal”, que entró en vigencia en julio del año 2019, ya da muestra de agotamiento, aunque el ministro de Hacienda le dice “erosión”. La recaudación tributaria se ha venido desacelerando desde finales del año 2023 y ha continuado en los primeros meses del año 2024. Aunque el gobierno de Chaves y el ministerio de Hacienda brinda datos “bonitos” y “alegres” en el sentido de que ha habido dos años consecutivos (2022 y 2023) con superávit primario del 2,1% y 1,6% del PIB, sin incluir el pago de intereses de la deuda externa, sin embargo, si se incluyen ese pago el déficit fiscal se mantuvo en el 3,3% del PIB en el año 2023.

Recientemente, en el evento denominado “Los ingresos del Gobierno de Costa Rica de cara a los desafíos del futuro”, el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, tuvo que reconocer que “todos tenemos claro: nuestro sistema tributario no tiene futuro en las condiciones en las que está hoy”. (La Nación, 9 de julio de 2024).

Por otra parte, en la exposición, en ese mismo evento, Pamela Jiménez, investigadora del Programa Estado de la Nación, sostuvo que “el sistema tributario es sensible a ciertos aspectos que la economía costarricense enfrenta. Por ejemplo, destacó que si las empresas del régimen definitivo (fuera de zonas francas) crecen a un menor ritmo, también lo harán los ingresos del Gobierno”. (Ídem). Asimismo, señaló que “el cambio demográfico presionará las cargas de seguridad social, como las pensiones del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), ya que el sistema depende de las contribuciones de la población trabajadora actual, cuyo crecimiento es cada vez más lento”. (Ídem).

Por otro lado, la “Ley de Empleo Público” que eliminó los componentes salariales (anualidades, carrera profesional, dedicación exclusiva y otros pluses salariales) es parte de ese violento plan de ajuste fiscal que viene de la administración Alvarado.

Es debido a ese proceso de agotamiento del ajuste fiscal que se viene aplicando producto del “combo fiscal” y de su draconiana “regla fiscal” es que tanto el gobierno de Rodrigo Chaves como varios economistas y otros ex funcionarios están planteando una “nueva reforma tributaria”, ya sea mediante diversas iniciativas de leyes, tales como gestión de la deuda pública, nueva ley de impuesto sobre la renta, venta del BCR, Bicsa e INS y otras iniciativas.

En otras palabras, las iniciativas de proyectos leyes del gobierno de Chaves que se encuentran en el seno de la Asamblea Legislativa fundamentalmente buscan como seguir gravando con más impuestos a los asalariados e, incluso, a pensionados, así como a sectores de clases medias.

Déficit Fiscal/Deuda Pública: Grave Problema Estructural

Si se revisan y analizan los datos decenales, o sea, de cada diez años del déficit fiscal, este ha sido permanente. Veamos. En el año 1980 el déficit fiscal fue de -8,2% del PIB; en el año 1990 del -4,4%; en el año 2000 se ubicó -2,0%; en el año 2010 del 5,21%; en el año 2020 fue del -8,34%. Mientras que el déficit fiscal durante la administración de Rodrigo Chaves ha sido del -2,84% del PIB en el año 2022 y del -3,3% en el año 2023.

Por otro lado, el déficit fiscal del Gobierno Central en el primer cuatrimestre fue el -1,1% del PIB, mientras que en ese mismo período del año 2023 había sido del 0,7%, teniendo un aumento del 0,4%. Todo hace indicar que, en el próximo cuatrimestre y finales de año, dicho déficit seguirá aumentando por una reducción de los ingresos y aumento de los gastos del Gobierno. De acuerdo con Hacienda ese déficit se debió al aumento del pago de intereses de la deuda pública. También impactó la disminución de los ingresos tributarios del 4,6% del PIB.  Asimismo, en los primeros cinco meses del año 2024 los ingresos y utilidades de las personas jurídicas cayó en ₡105.032 millones, así como en otros rubros de impuestos menores.

El Estado tiene dos formas principales de financiarse, ya sea mediante impuesto o deuda pública. En el caso de Costa Rica los diversos impuestos que recauda el Estado no alcanzan para financiar los múltiples gastos en salud, educación, vivienda, pensiones, ayudas sociales, gasto de capital y otros rubros. Entonces, de forma recurrente, casi permanente el Estado ha recurrido al endeudamiento interno y externo para financiar sus gastos. Generalmente el presupuesto nacional de la República se financia en más o menos un 50% mediante el endeudamiento público. Veamos algunos datos de cada diez años de esa deuda pública.

En el año 1990 la deuda total, tanto interna como externa del Estado era del 24,7% del PIB; en el año 2000 se ubicó en el 36,3%; en el año 2010 fue del 28,09%; en el año 2020 saltó al 67,17% y en el año 2021 aumento a 68,6%. Durante la administración de Rodrigo Chaves la deuda pública ha sido la siguiente: en el año 2022 fue del 63,78% del PIB y en el año 2023 se ubicó en el 61,1%. Veamos las proyecciones de mediano plazo (2024-2029) del ministerio de Hacienda sobre la deuda pública.

Según proyecciones 2024-2029 del Ministerio de Hacienda “… Durante este período se espera que el comportamiento de la deuda del Gobierno Central mantenga una tendencia decreciente d 61,1% del PIB en 2023 a 49,7% del PIB en 2029, una reducción de 11,4 p.p. del PIB. Lo anterior gracias al dinamismo de los ingresos, los cuales pasarían del 15,1% del PIB a 15,5% del PIB en el mismo período de referencia y la contención del gasto total (producto de la estricta aplicación de la regla fiscal) el cual tendría una reducción de dos p.p. del PIB, al pasar de 18,2% del PIB a 16,2% del PIB entre 2024 y 2020. Si a lo anterior se le suma la merma en el pago de intereses, el cual pasaría del 4,9% al 3,2% del PIB, equivalente a una contracción del 1,7 p.p. del PIB, se aprecia como el balance primario pasaría de 1,9% del PIB en 2024 a 2,4% del PIB en 2029, mientras que el déficit financiero mostraría una mejora, al pasar del 3,1% al 0,8% del PIB en el mismo período… esta dinámica ayudaría a que las necesidades brutas de financiamiento se reduzcan en 2,3 p.p. del PIB entre 2024 y 2029, disminuyendo las presiones… sobre el mercado local de fondos prestables, sentando mejores condiciones para el fortalecimiento de un crecimiento integral y sostenible”. (Marco Fiscal de Mediano Plazo 2024-2029. Ministerio de Hacienda, 26 de marzo de 2024).

La visión “optimista y alegre” del ministro de Hacienda, Nogui Acosta, en ese documento, sobre la reducción de la deuda pública, el aumento de los ingresos, la disminución de los gastos y de la baja del pago de los intereses de la deuda, así como la supuesta mejora de otros rubros, no son realistas por dos razones, en primer lugar, porque la administración Chaves termina en los primeros meses del año 2026 y, en segundo lugar, porque el ajuste fiscal del “combo fiscal” se está agotando y el sistema tributario actual necesita una profunda reforma fiscal integral y progresiva, en donde los impuestos directos se aumenten y disminuyan los impuestos directos. Es lo que analizamos a continuación. 

Por una Reforma Integral y Progresiva

Actualmente existe una profunda y fuerte discusión nacional sobre el financiamiento de la educación y una exigencia de diversos sectores sociales para que el Estado y el gobierno de Rodrigo Chaves cumpla con el otorgamiento del 8% del PIB al presupuesto nacional de la educación. Asimismo, también existe una fuerte demanda de muchos sectores para que el gobierno de Chaves pague la billonaria deuda del Estado con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). El gobierno de Rodrigo Chaves se niega, de forma sistemática, a otorgar el 8% del PIB a la educación y de dar el 4% de aumento al Fondo Especial de la Educación Superior (FEES) a las universidades públicas. En el caso de la deuda billonaria con la CCSS, simple y sencillamente, niega de forma rotunda que exista semejante cantidad de deuda.

Según el ministro de Hacienda, Nogui Acosta “Nosotros tenemos un límite presupuestario que está determinado por la capacidad de recoger impuestos y por la capacidad de endeudarnos. Lo hemos dicho de manera reiterada, si tomamos el presupuesto que tenemos hoy, habría que cerrar como 19 instituciones para poder cumplir con el 8% de la educación, ese es el problema que tenemos, no, alcanza, no hay cama para tanta gente”. (Diario Extra, 19 de agosto de 2024).

Por una Progresividad Fiscal para Financiar los Gastos Sociales

 Retomando, pero de otra forma, las palabras del ministro de Hacienda, Nogui Acosta, “el sistema tributario no tiene futuro en las condiciones en las que está hoy”, por tanto, es urgente y necesario hacerle una profunda cirugía, mediante la elaboración y aplicación de una verdadera reforma fiscal integral y moderna que priorice la “progresividad fiscal” en donde el peso de los impuesto recaiga sobre los capitales (impuestos directos), menos impuestos al consumo para los trabajadores y sectores populares (impuestos indirectos) y más altos para el consumo de los ricos y clases intermedias altas.

Retomamos el planteamiento del economista francés Thomas Piketty que sostiene que “El impuesto no es un asunto técnico, sino eminentemente político y filosófico, sin duda el primero de todos. Sin impuestos no puede haber destino común ni capacidad colectiva para actuar. Así ha sido siempre. En el centro de toda conmoción política importante encontramos una revolución fiscal. El Antiguo Régimen francés desapareció cuando las asambleas revolucionarias votaron la abolición de los privilegios fiscales de la nobleza y el clero, instituyendo una fiscalidad universal y moderna. La Revolución estadounidense nació de la voluntad de los súbditos de las colonias británicas de tomar en propia mano sus impuestos y su destino. Se trata de tomar medidas para que los ciudadanos puedan decidir soberana y democráticamente los recursos que desean dedicar a sus proyectos comunes: educación, salud, jubilación, desigualdad, empleo desarrollo sostenible, ectc”. (Piketty, Thomas: El capital en el siglo XXI. Editorial Paidós S.A. México).

Por ende, en Costa Rica, debemos eliminar los privilegios fiscales que tienen los dueños de empresas, mediante gigantescas exoneraciones fiscales, sean extranjeras o nacionales, en las zonas francas; otros privilegios en forma de exenciones a otras actividades económicas y comerciales; el combate sin cuartel de la gran evasión fiscal hasta su eventual eliminación. La expropiación de los bienes y capitales del narcotráfico y otras actividades ilícitas para destinarlos a la educación, salud y otros gastos sociales.