Por Rael Oshun
El expresidente de El Salvador, Francisco Flores, quien fuera procesado judicialmente y puesto bajo arresto domiciliar, fue llevado a las bartolinas de la División Antinarcóticos, DAN, de la Policía Nacional Civil; vemos cómo la justicia no es igual para todos.
La ciega justicia burguesa
La Cámara Primero de lo Penal revocó la medida cautelar que emitiera el juez Primero de Instrucción, Levis Orellana, por los crímenes de enriquecimiento ilícito, peculado y desobediencia a particulares; además, una investigación que realizara una comisión parlamentaria esta atribuyéndole el delito de lavado de dinero. Por lo que Flores permanecerá en las bartolinas de la DAN durante todo el proceso judicial, al menos hasta noviembre próximo. El caso Flores ha sido desde su inicio un obvio acuerdo entre los interesados y el Sistema Judicial y está siendo puesto en función de esos intereses. Omar Pastor, vicepresidente del Instituto de Estudios Jurídicos de El Salvador (IEJES), calificó de “grave error” jurídico la decisión de darle casa por cárcel, pues violenta el principio de igualdad y aseguró que siendo el fallo ilegítimo.
Debería ser investigado de oficio el juez Orellana, quien nuevamente violó la Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos PDDH, negando información al procurador David Morales, sobre el “fundamento fáctico y jurídico” que determinó su decisión de decretar arresto domiciliar; el juez Orellana pasó por alto el hecho de que la procuraduría está facultada para supervisar la actuación judicial y por lo tanto no interfiere con el principio de independencia judicial. El procurador David Morales informó al Pleno de la Corte Suprema de Justicia la resolución PADH-121, para que se aplique la debida sanción a Orellana por negar información sobre el caso.
Continúa la función en el circo
Suben y bajan el telón de falacias, surge la pregunta ¿Qué motivó al Ex Presidente Francisco Flores a entregarse voluntariamente ante las autoridades? Es la pregunta que mantiene intrigada a la ciudadanía y al mismo expresidente Funes, que fue quien influyó para que se investigara a Francisco Flores, por lo que manifestó que "Resultaría complicado especular a qué responde la decisión de Francisco Flores de entregarse a los tribunales".
Funcionarios areneros desfalcadores del Estado
Los negocios políticos entre las principales fuerzas políticas del país están envueltos en una madeja con hilos sueltos que les delatan desde que comenzó este circo. Es tan sospechoso que cuando Francisco Flores llegara al tribunal no lo reconocieran, y la Policía no lo capturó porque así convenía, para sostener el plan de que su entrega es voluntaria. Es evidente que tal jugada favorece a ARENA, ya que se acercan las elecciones y deben maquillar un poco su cara política y discurso detrás de sus conocidas acciones desde lo que fue el saneamiento y privatización de los bancos estatales durante la presidencia de Alfredo Cristiani en 1990.
Esta privatización involucró aproximadamente 705 millones de dólares, fraudes en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social(ISSS), Fondo de Inversión Social FIS, sin olvidar a Finsepro-Insepro, Credisa 1995-1999, que juntas sumarían más de 300 millones de dólares, malversación en Ministerio de Hacienda, el robo de abono donado por Japón 1998-200, fraude de Carlos Perla a la Asociación Nacional de Acueductos y Alcantarillados ANDA, por 100 millones de dólares en 2003, entre otros caso más que han venido ensuciando políticamente la imagen del partido ARENA.
Expropiación a los ladrones areneros
Hasta el momento tanto el primer gobierno del FMLN como el actual solo se han dedicado a hacer públicos ciertos robos cometidos por los ladrones areneros, pero no se ha visto un verdadero castigo para estos. Por lo tanto, se debe exigir que todos aquellos que hayan sustraído dinero de las arcas del estado lo paguen, no basta con que vayan a la cárcel, se debe expropiar todas sus propiedades.
No al Fuero
En estos momentos en que salen a luz pública los actos de corrupción de muchos funcionarios del órgano ejecutivo, así como la participación de funcionarios de otros órganos en ilícitos debemos exigir que se elimine la protección de todos los funcionarios mediante Fuero.