Por Rael Oshun

Mensualmente los trabajadores públicos y privados realizamos aportaciones financieras de nuestro salario, las cuales son depositadas en una cuenta de ahorro individual. Todos estos ahorros constituyen el fondo de pensiones, que nos servirán para sobrevivir en nuestra vejez.

Antes de 1997 el fondo de pensiones era administrado por el Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP) y el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, (ISSS).

Producto de las políticas neoliberales recomendadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), las cuales fueron ejecutadas fielmente por los gobiernos de ARENA, se pasó de una administración estatal a una privada, para lo cual fue aprobada en 1997 la Ley del Sistema de Ahorro de Pensiones (Ley SAP), conformándose así las Administradoras de Fondos de Pensiones, conocidas como (AFP).

Este nuevo sistema de administración fue negativo para la clase trabajadora, ya que se aumentó el monto de la cotización, se aumentó el tiempo de cotización, se aumentaron los años para jubilarse, etc.

Los dueños de las AFP han obtenido grandes ganancias, ya que agregado a todos los beneficios, le cobran al trabajador por la administración de estos fondos.

En 2006, cuando todavía gobernaba Arena “…los legisladores obligaron a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) a invertir hasta un 30% de los ahorros de los pensionados en certificados emitidos por el gobierno. Con la reforma aprobada ayer, (refiriéndose al 29 de marzo 2012) las AFP deberán invertir hasta el 45% en los CIS.” (http://elmundo.com.sv/reforman-cuatro-articulos-de-la-ley-de-ahorro-de-pensiones). En el primer caso la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) mantuvo silencio, para el segundo caso la ANEP aseguró que los diputados aprobaron una modificación para que el gobierno “se apropie” de los ahorros de los trabajadores para pagar las deudas del mismo gobierno con el sistema antiguo de pensiones.

Por su parte el FMLN continúa defiendo la medida y contario a lo que se podría pensar, todavía mantiene el sistema privado de administración del fondo de pensiones.

El FMLN, en vez de revertir la administración del sistema de pensiones y de recuperar las ganancias obtenidas por las AFP o de cargar a los patronos el pago de las deudas del gobierno con el sistema antiguo de pensiones, se decidió tocar los fondos de las pensiones pagando menos intereses, lo que afecta la rentabilidad de los ahorros, ya que a las AFP les pagaba alrededor del 1.3 % por usar los ahorros de los cotizantes de las AFP para financiar el pago de pensiones del ISSS e INPEP, pero paga arriba del 5 % a los inversionistas por los eurobonos.

Todo el manoseo realizado por Arena a los fondos de los trabajadores pasó desapercibido a la Sala, no así el realizado por el FMLN, que de igual manera afecta a la clase trabajadora. Ante ello la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia busca presentarse como la defensora de los intereses de los trabajadores emitiendo una resolución que “declaró inconstitucional que el Gobierno pague baja tasa de interés por utilizar el dinero del Sistema de Ahorro para Pensiones (SAP) para pagar los CIP... Por lo cual el gobierno...tendrá que utilizar una tasa de mercado que permita a los cotizantes aumentar sus ganancias, y su futura pensión, cada vez que la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) invierta en los CIP.”

La anterior medida limita los recursos al gobierno del FMLN a la vez que aumenta el déficit fiscal en casi $120 millones de dólares o un poco más del 4%.

Aunque la resolución de la Corte obliga al gobierno a pagar mayores intereses por los fondos de pensiones, a larga será la misma clase trabajadora quien termine pagando.

Desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) señalamos de disfuncional las políticas del actual gobierno en torno al tema de pensiones y pura falacia la resolución de la Sala Constitucional por no defender verdaderamente los intereses de la clase trabajadora y del pueblo en general. Esas ganancias a la larga saldrán del mismo pueblo, que es quien verdaderamente paga los impuestos, a la vez que abre la posibilidad de aplicar otras medidas que impactarán negativamente a las pensiones.

El PSOCA llama a la clase trabajadora y organizaciones sindicales a oponerse a toda reforma del sistema de pensiones que afecte los intereses de los trabajadores, y a oponerse a que el gobierno continúe usando los fondos de las pensiones para sufragar gastos o pago de deudas. Si el gobierno necesita fondos para su funcionamiento, éstos deben provenir de impuestos cargados a los ricos. El actual gobierno debe revertir la actual administración del sistema de pensiones el cual debe pasar de privado a estatal.