Por Alberto Castro

Según el Instituto de Medicina Legal, el mes de agosto cerró con la cifra de 911 asesinatos, convirtiéndose en el mes más violento después de la posguerra. El promedio fue de casi 30 muertes violentas diarias. De acuerdo al informe del director de dicha institución, el día 23 de dicho mes hubo 52 homicidios, una cifra que tampoco tenía precedentes; el incremento de asesinatos con respecto a 2014, asciende a 1,709 casos más, ya que en ese año hubo 2,537 personas asesinadas y, solamente en lo que va de 2015, ya hay 4,246.

La ola de violencia que estremece al país muestra a los ojos de todo el mundo que han fracasado las políticas de seguridad implementadas por el gobierno de turno, al repetir los errores de los anteriores, enfocándose en el combate frontal a las maras y pandillas y dejando los programas de reinserción como algo secundario.

’’Grupos Terroristas’’, otro de los errores del GOES y de la burguesía

La inseguridad del país muestra que en materia de seguridad pública el Estado es ajeno a las necesidades de los jóvenes; la negación a un nuevo proceso de pacificación entre maras y pandillas, ha traído como consecuencia el incremento de ataques entre estas agrupaciones, y contra la Policía Nacional Civil y la fuerza armada. Hemos llegado a esta situación por la negativa del gobierno y de la burguesía de hacer más por la juventud salvadoreña de los sectores populares. Este gobierno está sometido a la presión ejercida por el imperialismo; el combate frontal a las maras y pandillas es el enfoque de la base de los planes de seguridad, y esto será posible y más efectivo con el ultrajoso sistema judicial.

En medio del recrudecimiento de la violencia, aparece la Sala de lo Constitucional de la CSJ, con la resolución que declara a las maras y pandillas como grupos terroristas, adhiriéndose esto al ya fallido esquema de la secuencia represión-prevención-reinserción. Los aparatos represivos se están preparando para tener mayor efectividad en sus ataques; fuerzas élites de la Policía y tribunales especializados forman parte de lo que utilizarán, la legalidad de su operatividad es fundamental, por ello no es de extrañar el fallo de la Sala de lo Constitucional, que además rebasa sus potestades con dicha resolución.

El Comité de Partidos y el Pacto de Ataco

El Pacto de Ataco es el acuerdo político de la institucionalidad burguesa representada a través de los partidos políticos de los diferentes sectores para tratar el tema de la delincuencia como el interés común. Se trata de un compromiso acordado después de una reunión inter partidaria de los cinco partidos que tienen representación en la Asamblea Legislativa, donde los organismos internacionales como el PNUD y la OEA estuvieron como mediadores. El primer paso del acuerdo fue la creación de un Comité Técnico Interpartidario, que estará a cargo de la elaboración de leyes y reformas concatenadas al reaccionario orden constitucional.

Las expectativas generadas en torno a esto han sido mayores que la efectividad de los resultados. A pocos días, la reunión de la comisión interpartidaria de la fecha tres del presente mes no logró ningún acuerdo. Se suponía que la Asamblea Legislativa debía emitir un comunicado de exhortación a la Sala de lo Constitucional para que agilizara la resolución de las demandas que había admitido con referencia al proceso que hicieron los diputados para la aprobación de $900 millones en bonos para financiar los planes de seguridad pública del gobierno. Esto no se realizó en la fecha prevista, mostrando que la polaridad está presente en cada intento de consenso interburgués.

La violencia es el mayor problema

Sin ninguna duda la mayor preocupación del pueblo es la violencia, y esto lo saben los burgueses. Su influencia hace que a las maras y pandillas se les vea como enemigos a los que hay que combatir por el bien del país, razón por la que están combatiendo a la juventud salvadoreña que se organiza en ellas. El caso es que no se les ofrece algo alterno a estos jóvenes; contrario a ello, están privándoles de sus derechos fundamentales. Por eso desde el Partido Socialista Centroamericano rechazamos la declaratoria de la Sala de lo Constitucional que declaró terroristas a las maras y pandillas, y manifestamos que la Comisión Interpartidaria no contribuirá en nada al proceso de pacificación que necesita el país, porque maneja el tema de la violencia como un asunto interno, sin tener en cuenta a las partes involucradas (ms-13 y M18). Es importante que se inicie un proceso de diálogo-negociación que goce del respaldo de la sociedad civil y que el gobierno facilite los medios necesarios.