Por German Aquino

La lucha contra la corrupción ha sido una de las principales banderas de lucha en los últimos meses, lo cual ha sido aprovechado por organismos internacionales para imponer Comisiones Internacionales contra la corrupción, Guatemala ha sido el pionero en dicho accionar en donde la CICIG producto de la misma presión de las masas inicialmente fue encarcelada la vicepresidenta y finalmente el Presidente, lo anterior ha contagiado a toda Centroamérica, especialmente al triangulo norte, en donde desde hace varios días se pide la conformación de dichas comisiones, en el caso de El Salvador paradójicamente ha sido la derecha arenera quienes se muestran a fines a este tipo de comisiones, mientras el FMLN mantiene las reservas del caso.

La derecha arenera y su corrupción

Arena como principal partido que representa los intereses de la rancia burguesía salvadoreña, se ha adelantado a los hechos y ante una posible exigencia de investigación de la corrupción desde las organizaciones que están por fuera de los partidos electorales, ellos mismos se han mostrado afines a la lucha contra la corrupción y la conformación de una comisión internacional, lo cual es algo incongruente ya que en los 20 años de gobierno de la derecha arenera fueron cometidos muchas actos de corrupción en donde funcionarios de arena de manera ilícita se apropiaron de fondos del estado, lo cual ha quedado en la impunidad, todo gracias al mismo sistema jurídico burgués que permiten la prescripción de dichos actos de corrupción.

En el primer gobierno el FMLN se planteó perseguir este tipo de delitos, lo cual quedo solo en promesa ya que si bien se han conocidos ciertos casos de corrupción estos no han sido perseguidos y castigados y en algunos casos el castigo ha sido objeto de pactos interpartidarios.

El enriquecimiento ilícito es corrupción

Existen funcionarios de los diferentes partidos políticos que después de haber desempeñado un cargo han tenido un crecimiento sorprendente de su patrimonio al respecto Sidney Blanco magistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) señalo “Creo que a través de esta apertura que ha dado la Corte Suprema de Justicia, de hacer públicas las declaraciones patrimoniales, podemos encontrarnos con muchas sorpresas de funcionarios que en poco tiempo, en un periodo, los periodos de los funcionarios aquí son de tres o de cinco años, en periodos cortos se han enriquecido de manera desmedida … la ciudadanía, que es la que aporta vía impuestos para el sostenimiento del Estado, tienen derecho a saber la situación económica y el enriquecimiento de algunos funcionarios, unos de manera más escandalosa que otros, pero que hay mucha corrupción dentro de las distintas instituciones…Yo creo que pueden existir, no sorpresas, porque aquí esto es un ruido desde hace muchos años, y además visible, el tema de la corrupción, que es uno de los grandes males de nuestro país…” (http://m.elsalvador.com//articulo/noticias/sidney-blanco-pueden-arrojar-sorpresas-informes-bienes-funcionarios-86709).

Las declaraciones realizadas por el magistrado Sidney Blanco podrían orientar por donde explotara la lucha contra la corrupción y es investigando los casos de enriquecimiento ilícito de los funcionarios, además que utiliza el mismo argumento que se utilizó en Guatemala y es el hecho que mientras la clase trabajadora y la clase media que son quienes verdaderamente pagamos impuestos para el funcionamiento del estado, los funcionarios se enriquecen apropiándose de dichos recursos mientras la situación empeora para quienes pagamos.

El pueblo tiene derecho a saber quiénes son los corruptos

Como bien se ha dicho existen funcionarios públicos que han acrecentado sus riquezas y eso es corrupción, ante esta situación el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) considera que no necesitamos la intervención de ninguna comisión internacional por lo cual la Corte Suprema de Justicia debe hacer público los nombres de todos aquellos funcionarios que se han enriquecido de manera desmedida, una vez conocidos los nombres de estos funcionarios deben conformarse una comisión de organizaciones obreras, campesinas y populares para q castiguen a quienes se les compruebe actos de corrupción, independientemente del partido al que pertenezcan.