Por Germán Aquino
El primer gobierno del FMLN y de Mauricio Funes gozo de cierta liquidez para el financiamiento de los programas de asistencia social y para el funcionamiento del estado mismo. Este segundo gobierno del FMLN contrariamente está presentando problemas respecto a los recursos económicos para el funcionamiento para lo cual esta ingeniándoselas viendo de donde extrae los recursos, siendo los impuestos y los prestamos las principales fuentes. En materia de endeudamiento tenemos que la deuda total del Estado salvadoreño pasó de $14,592.6 millones que eran en el 2014 a $15,035.2 millones a julio de 2015, la cual al 31 de julio de 2015 era equivalente al 57.4 % del Producto Interior Bruto (PIB). Unido a lo anterior esta la crisis que atraviesa el gobierno de Maduro en Venezuela, lo impacta negativamente al gobierno del FMLN.
El empresariado tradicional y la derecha arenera conocen bien la situación del país y sabe de la necesidad de recursos por parte del actual gobierno por cual buscan la manera para evitar que su mayor adversario político obtenga dichos recursos los cuales vendrían a oxigenarlo.
Impuesto a las telecomunicaciones: doble golpe
Después de haber superado la oposición los diputados del FMLN, GANA y algunos diputados del PCN aprobaron dos nuevos impuestos como son el 5% a las telecomunicaciones y el 5% a las empresas que ganan arriba de $500 mil al año. Con los fondos recaudados producto de ambos impuestos, el "... gobierno argumenta que podrá combatir la criminalidad y afirma que es parte del plan que surge del Consejo Nacional de Seguridad Pública y Convivencia para hacer llegar al Estado $140 millones anuales..." El solo anuncio de de los anteriores impuestos asusto a los dueños de las empresas transnacionales de telecomunicaciones quienes inicialmente difirieron con el gobierno.
Respecto a los anteriores impuestos el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) considera que quienes tienen más deben pagar más, pero con dichos impuestos no será esa la realidad debido a que al final estos impuestos serán cargados por los empresarios a las personas que hacen uso de los servicios teléfono, cable e internet lo cual será otro golpe más a la economía de la clase trabajadora salvadoreña y a la clase media ya que estos servicios han pasado a ser una necesidad para muchas familias. La clase trabajadora salvadoreña y a la clase media además de cargar con los costos y las consecuencias generadas por la violencia y la delincuencia ahora deberá cargar con el financiamiento de los planes represivos que el gobierno del FMLN busca impulsar principalmente contra las maras y las pandillas.
Renacionalización de las empresas de telecomunicaciones
Además del problema de violencia y la delincuencia existen otros problemas que aquejan al pueblo salvadoreño y a la clase trabajadora como lo son la falta de salud gratuita y calidad para todos, falta de educación gratuita y de calidad en todos los niveles, insuficientes salarios, etc. a estos problemas el gobierno actual no ha dado la importancia necesaria, no vemos al actual gobierno del FMLN y a los Diputados de la Asamblea Legislativa aprobando una ley que obligue a la empresa privada a pagar salarios justo a la clase trabajadora, pero sacando ventaja de la violencia misma y valiéndose del sufrimiento del pueblo han aprobado una Ley de Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana y Convivencia, ya que esto si les genera recursos a las arcas del Estado, que es lo que en esencia buscan; generar recursos que les garanticen el funcionamiento y sus salarios.
El gobierno adolece de recursos financieros para su funcionamiento, pero no quiere chocar frontalmente con el gran empresario por eso disfraza nuevos impuestos. Una forma para verdaderamente obtener recursos en el caso de las telecomunicaciones seria la renacionalización de las empresas de telecomunicaciones, las cuales en los gobiernos de la derecha arenera pasaron a manos privadas por lo cual ahora deben pasar bajo control de los trabajadores. Con esta renacionalización el estado podría asegurar mayores fondos y bajos costos por los servicios.
Declaración patrimonial e impuesto
Existe toda una discusión respecto a la propuesta del FMLN para que todas aquellas personas con patrimonio arriba de $100,000, ya sea en inmuebles, cuentas bancarias u otros lo declaren a Hacienda, según la diputada Lorena Peña del FMLN “La propuesta de declaración de patrimonio tiene un piso arriba de los $100,000, es decir (para) quienes tengan un patrimonio neto, quienes descontando sus deudas tengan $100,000 libres, ya sea en inmuebles, o en cuentas bancarias” (LPG 5/11/2015), esta iniciativa no ha sido del agrado de los partidos ARENA, PCN y PDC debido a que la consideran una “…herramienta para buscar nuevos impuestos, e incluso una forma de persecución política…” ante la oposición a dicha iniciativa Lorena Peña, diputada del FMLN considera que los opositores a dicha propuestas tergiversan “…la información para no cumplir con sus responsabilidades; sin embargo, no descarta que en el futuro busquen un impuesto mediante las declaraciones patrimoniales que ahora proponen…En la medida que declaren el patrimonio podremos establecer las rentas verdaderas. El que nada debe, nada teme. Yo no sé por qué le tienen temor a la declaración patrimonial”, (LPG 5/11/2015) toda apunta que dicha iniciativa busca crear las condiciones para un nuevo impuesto lo cual afectaría principalmente a la clase media ya que el gran empresariado tradicional y las transnacionales siempre se las ingenia para evadir impuestos.
La declaración patrimonial debe ser igual tanto para las personas ligadas a la derecha arenera así como para las ligadas al gobierno de turno, debemos exigir que las empresas privadas nacionales y transnacionales publiquen las ganancias obtenidas mensualmente.
De la propuesta de GANA para crear comisión especial que investigue a los evasores
Diputados de GANA impulsan una iniciativa legislativa para conforma una comisión que investigue a los evasores y elusores fiscales, al igual que otras iniciativas esta es vista con recelos por los diputados de la derecha arenera, con justa razón debido a que en los gobiernos areneros como se ha podido ver fueron muchos los que no pagaron los respectivos impuestos, al respecto Mario Tenorio manifestó: “No se trata de recados para nadie, sino para que haya más responsabilidad en el pago de los tributos que nos corresponden pagar... Creemos que siendo más drásticos con la imposición de las penas de los elusores y evasores vamos a lograr tener mayor recaudación”. Este recado es para los que no pagan los impuestos correspondientes pues quien mejor para saber quiénes son los que no pagan impuestos que no sea la derecha de GANA, antiguos aliados de los mismos cuando pertenecían a la derecha arenera.
Respecto a esta iniciativa la Ana Vilma de Escobar diputada de la derecha ARENERA se muestra a favor que los empresarios paguen sus impuestos pero considera “…que crear una comisión especial que investigue estos delitos sería caer en persecución política…que se debe evitar la persecución hacia este sector, especialmente si es realizada desde la Asamblea Legislativa debido a que considera que no es a esta institución a la que corresponde realizar este tipo de investigaciones” (LPG 9/11/2015).
Propuestas del PCN y PDC: Tributo a los casinos y descuento a funcionarios propuesta
El Partido de Concertación Nacional (PCN) no quería quedarse atrás en la presentación de propuestas de impuestos disque para obtener fondos para al combate de la delincuencia en ese sentido presento la propuesta de impuesto “…que busca una contribución especial del 15 % de las ganancias que obtengan los establecimientos en donde se practiquen juegos de azar (casinos).” Por su parte el Partido Demócrata Cristiano (PDC) presento la propuesta de ley de contribución especial de funcionarios públicos para el combate de la delincuencia esta iniciativa busca que “…todos los funcionarios públicos de elección popular, o los de segundo grado electos por la Asamblea Legislativa, estarán obligados a pagar el 10% de su salario si estos sobrepasan los $2,300 mensuales…” esta última iniciativa no cuenta con el visto bueno de la derecha arenera. Los diputados saben que son una carga para la clase trabajadora, este 10% es insuficiente, por lo cual para reducir los gastos del estado lo que debemos exigir es que todos los funcionarios públicos de elección popular, o los de segundo grado deben ganar el salario que gana un trabajador común, ya que en la mayoría de casos es más valiosa la función que desempeña un profesor, un médico, una enfermera, etc. que la función que desempeñan dichos funcionarios.
La aprobación de muchos de estos impuestos necesariamente ha tenido que pasar por negociaciones especialmente entre los diputados de la joven derecha de GANA y otros partidos como el PCN y el PDC, siendo la rancia derecha de ARENA la principal opositora. Previa a esta ofensiva de impuestos diputados de GANA, ARENA, FMLN y PCN han sido señalados de incrementos patrimoniales vertiginosos así como posible involucramiento de funcionarios en casos de corrupción y de enriquecimiento ilícito.