Por German Aquino

El día 14 de julio era de conocimiento público que la sala de lo constitucional había emitido una sentencia en la cual declaraba inconstitucional la Ley de Amnistía, por los magistrados Florentín Meléndez, Sidney Blanco, Rodolfo González, y el suplente Eliseo Ortiz Ruiz.

La Ley de Amnistía permitió que muchos crímenes y violaciones a los derechos humanos cometidos durante la pasada guerra civil sobre todo por las fuerzas armadas, cuerpos represivos de seguridad (guardia nacional, policía nacional, policía de hacienda) y grupos paramilitares entre ellos los escuadrones de la muerte fundados por miembros de ARENA, en contra de personas civiles, miembros de organizaciones sociales y políticas y miembros de la guerrilla del FMLN. Pero además también permitió el perdón de ciertos casos cometidos por la guerrilla en contra de representantes de la clase explotadora y de imperialismo yanqui, pasado el tiempo para algunos existen otros crímenes cometidos contra los mismos miembros de la guerrilla del FMLN como es sabido a nivel interno de las organizaciones que integraron al FMLN en muchos casos fueron realizadas purgas sin fundamento alguno, con la sentencia de la sala podrían exigirles que digan la verdad.

Ley de Amnistía violentaba Constitución y tratados internacionales

A nivel general se maneja que la Ley de Amnistía ha sido declarada inconstitucional aunque en realidad solo han sido ciertos artículos los que han sido declarados inconstitucionales, la resolución emitida por la Sala de lo Constitucional refiere: “…1. Declárase inconstitucional, de un modo general y obligatorio, el art. 1 de la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz de 1993, en la parte que expresa: “Se concede amnistía amplia, absoluta e incondicional a favor de todas las personas que en cualquier forma hayan participado en la comisión de delitos…”, porque dicha extensión objetiva y subjetiva de la amnistía es contraria al derecho de acceso a la justicia, a la tutela judicial –protección de los derechos fundamentales–, y al derecho a la reparación integral de las víctimas de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra constitutivos de graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario,…” de igual manera declara inconstitucional el art. 4 letra e) de la Ley de Amnistía General debido a que este impide la reparación integral de las víctimas, particularmente el derecho a la indemnización por daños morales reconocido en los arts. 2 inc. 3° y 144 inc. 2° Cn...” otro de los artículos declarados inconstitucionales de la Ley de Amnistía es el   art. 6 en “…la parte que deroga el inc. 1° del art. 6 de la Ley de Reconciliación Nacional de 1992, porque dicha disposición reproduce el contenido inconstitucional de la parte final del art. 1 de la Ley de Amnistía de 1993, lo cual implica una vulneración al derecho a la protección jurisdiccional y no jurisdiccional, y a las obligaciones internacionales del Estado frente a los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra constitutivos de graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario, cometidos por ambas partes. Finalmente declara inconstitucionales   los arts. 2, 3, 4, 5 y 7 de la Ley de Amnistía General…porque se dirigían a concretizar el alcance de la amnistía que se ha determinado contraria a la Constitución, y han perdido su sentido por desaparecer su objeto.

Crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra quedan excluidos de la amnistía

Parte de los acuerdos de paz Capítulo I, Fuerza Armada, apartado n° 5, Superación de la Impunidad y la Ley de Reconciliación Nacional de 1992 en el artículo. 6 establecían la necesidad de hacer del conocimiento público la verdad de los graves hechos de violencia ocurridos del 1 de enero de 1980, el anterior planteamiento se quedó corto debido a que era necesario que todos los hechos de violencia cometidos años anteriores en contra del pueblo fueran conocidos, pero desde ese momento puede verse la maniobra de quienes negociaron con la sangre del pueblo. Partiendo de esa limitante se creó la Comisión de la Verdad con la finalidad de investigar y esclarecer las más graves violaciones de derechos humanos ocurridos durante la Guerra Civil, dando lugar al Informe denominado "De la Locura a la Esperanza: La guerra de 12 años en El Salvador", publicado el 15 de marzo de 1993. Días después fue aprobada la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz con ello los responsables de los casos investigados no reconocieron públicamente su culpabilidad.

Ahora años más tarde la Sala de lo Constitucional emite la sentencia en la cual declara inconstitucional ciertos artículos de la referida Ley en la cual señala los caso casos que pueden ser investigados como “…(i) Los hechos que quedan excluidos de la amnistía son los atribuidos a ambas partes, que puedan ser calificados como crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra constitutivos de graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario…en consecuencia, los hechos excluidos de la amnistía tras la finalización del conflicto armado, son los casos contenidos en el Informe de la Comisión de la Verdad, así como aquellos otros de igual o mayor gravedad y trascendencia, que pudieran ser imputados a ambas partes, y que fueran objeto de investigación y enjuiciamiento por las autoridades competentes, todos los cuales no han prescrito. (ii) Tampoco han prescrito, y por lo tanto no gozan de amnistía y están sujetos a investigación, juzgamiento y sanción, todos los hechos sucedidos desde el 1-VI-1989 al 16-I-1992, cometidos por funcionarios públicos, civiles o militares, en los términos y condiciones que establece el art. 244 Cn…” partiendo de lo anterior la resolución es clara en cuanto a que casos podrán ser investigados y señala la imprescriptibilidad de dichos delitos, existen casos que podrían reabrirse como lo son los casos investigados por la Comisión de la Verdad quien en su momento registró un aproximado de 22,000 denuncias entre los cuales señalan casos atribuidos a los organismos del estado, escuadrones de la muerte y a la ex guerrilla del FMLN.

Sentencia: una amenaza para funcionarios del FMLN

Belarmino Jaime el magistrado de la Sala de lo Constitucional que no voto por la sentencia manifestó que esta puede “…provocar desórdenes por eventuales procesos penales contra funcionarios públicos. “En el sentido que ciudadanos todavía indignados por lo que pasó durante el conflicto, puedan incoar procesos penales en contra de las más altas autoridades del Órgano Ejecutivo, desde la Presidencia, Vicepresidencia, Designados a la Presidencia, ministros y hasta funcionarios de entes autónomos; y en la Asamblea Legislativa, también podría implicar, por petición de ciudadanos, el procesamiento penal de diputados, incluidos miembros de la actual Junta Directiva de la Asamblea Legislativa…” (LPG. 15/07/15). Lo anterior es reafirmado por el expresidente Mauricio Funes quien considera que “…desde el punto de vista político se corre el riesgo de que se inicie una cacería de brujas, sobre todo de funcionarios de gobierno. A la vez afirmó que no puede haber perdón y olvido, ni reconciliación mientras no se diga toda la verdad de lo ocurrido durante los años del conflicto militar.” (COLATINO. 15/07/15). Las anteriores declaraciones dejan entrever que el gobierno central y miembros del FMLN saldrían afectados con dicha sentencia.

Militares y políticos temen a la verdad

Militares y políticos dieron sus primeras opiniones respecto a la sentencia de la Sala al respecto Óscar Santamaría firmante de los acuerdos de paz expreso: "Con esta resolución, la Sala no se imagina el daño que le pueden ocasionar al país, el daño a la sociedad…" (LPG. 15/07/15). David Munguía ministro de la Defensa del actual gobierno del FMLN r considera que “La Ley de Amnistía, de alguna manera, facilitó la reconciliación nacional y no quiero pensar que una derogatoria de la ley pudiera venir a poner al país de cabeza y nos pudiera enfrentar, nuevamente ideológica y socialmente, y que se convirtiera esto en una cacería de brujas y desestabilizar el contexto político” (LPG. 14/07/15). Otro militar en opinar fue Otto Romero quien manifestó: "Al declarar ilegal la Ley de Amnistía abren las puertas para un enjuiciamiento… quitando la Ley de Amnistía no ayudará a que la sociedad se reconcilie" (LPG. 15/07/15). Ulises del Dios Guzmán, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia señalo que “La sala no solo ha declarado una inconstitucionalidad, abre la posibilidad de procesos penales y civiles, que sin duda alguna van a afectar en un momento dado a personajes políticos y ese es un costo que no sé si el país está preparado para soportar” (LPG. 15/07/15).

Los militares y políticos apelan a la reconciliación y a la estabilidad del país para invalidar la derogatoria de ciertos artículos de la Ley de Amnistía, en realidad dicha reconciliación solo existe a nivel de la dirección del FMLN y de ARENA

Conocimiento de la verdad no llevara a caos

La derecha y la izquierda parlamentaria del FMLN coinciden que la sentencia podría llevar a un caos al país, pero se olvidan que han sido ellos mismos los que han metido en un caos a la clase trabajadora y a la clase media al no pagar al trabajador salarios dignos y cargarnos más impuestos etc., y que realmente la paz nunca llego al pueblo ya que es al pueblo quien a diario nos toca lidiar con la violencia engendrada por los mismos gobiernos y el sistema capitalista, la cual luego usufructúan haciendo de su solución una promesa de campaña. Es falso que el solo hecho de conocer la verdad pueda llevar al caos David Morales procurador de Derechos Humanos respecto a lo anterior manifestó que “los "discursos de que se puede generar un caos en El Salvador, ya no tienen lugar" y que "el problema de impunidad ha estado en la postura de los jueces que han decidido favorecer a los opresores… es un mito eso de que aquí habrá cacería de brujas” (LPG. 14/07/15).

Por otra parte, la Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (OACDH) manifestó: "La decisión representa un paso histórico para la investigación de las violaciones a los derechos humanos, la búsqueda de la verdad, la identificación de los responsables y la reparación a las víctimas y a sus familiares" (LPG. 15/7/2016). Con lo anterior la sentencia cuenta con el visto bueno de uno de los máximos organismos internacionales que dictan las políticas en materia de Derechos Humanos.

La ANEP ve un problema financiero

Luis Cardenal, presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) después de rasgarse las vestiduras al haber condenado el asesinato de los sacerdotes jesuitas, hace ver que todas las víctimas son iguales, pero como todo burgués planteo un problema financiero para el Estado manifestando: “…las finanzas del Estado podrían verse afectadas por la resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ)… podrían darse demandas civiles y el Estado podría tener que pagar montos de reparación a las víctimas o a sus familias.” (LPG. 14/07/15). Para evitar este problema se debe exigir que el gobierno del FMLN haga que quienes paguen la reparación sean el gran empresariado salvadoreño y las transnacionales. Fueron empresarios quienes financiaron los escuadrones de la muerte, así mismo fueron miembros actuales de ARENA quienes cometieron dichos delitos por lo tanto también estos deben ser investigados y confiscarles sus bienes. Fue la defensa de los intereses de la oligarquía la que llevo a estos delitos contra el pueblo.   No es justo que la clase trabajadora y la clase media quien además de sufrir la represión ahora tenga que cargar con los costos de la reparación.

FMLN busca confundir a sus bases

La dirección del FMLN como política cuando eran oposición planteaba que la Ley de Amnistía fuera declarada inconstitucional, pero en estos momentos que ha sido declarada mostro cierta reserva, al respecto Roberto Lorenzana secretario técnico de la Presidencia manifestó   que “Antes sí (lo buscábamos), porque en aquél momento sí teníamos el propósito y sí era posible restaurar moralmente a las víctimas. Ahora, 25 años después, no va a encontrar testigos, no va a encontrar nada, es un mensaje más de carácter político” además considera que la actual sentencia es una maniobra de la derecha contra el FMLN la cual “…no tiene propósito de hacer una reparación y una restauración de las víctimas, si no tiene el propósito de generar una desestabilización política…”. En un primer momento quisieron hacer ver que la resolución de la Sala podría abrir las puertas a un golpe de estado dirigido por la clase dominante desde la Sala de lo Constitucional, lo cual no tuvo mayor eco en las bases las cuales están anhelando que se haga justicia debido a que les tocó vivir la represión del Estado, lo anterior a llevado que la dirección cambie el discurso.

Por su parte el presidente Sánchez Cerén en cadena nacional manifestó: Sobre la declaración de la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía de 1993, quiero enfatizar que quienes conducimos este gobierno, siempre hemos tenido un claro compromiso y acompañamiento con las víctimas del conflicto, y con edificar una sociedad justa y democrática en la que no se repitan las condiciones, ni los hechos que llevaron a esas graves violaciones de derechos humanos…Ha sido en el marco de nuestros gobiernos que iniciamos el proceso de reparación a los familiares de las víctimas y a la construcción de una institucionalidad garante del respeto humano.

…El compromiso de mi gobierno es trabajar activamente por la unidad nacional en torno a la búsqueda de un nuevo acuerdo de nación…” el presidente habla de unidad nacional y nuevo acuerdo de nación, lo anterior plantea hacer pactos nuevamente con los representantes de la clase dominante no en beneficio de la clase trabajadora sino un pacto que le permita al sector económico emergente que él representa poder consolidarse.

Sala de lo Constitucional: bastión de lucha de la rancia oligarquía y la emergente burguesía

La pérdida del ejecutivo y de la hegemonía en el legislativo llevó a que la oligarquía salvadoreña y su partido ARENA echara mano del órgano judicial, específicamente de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, desde donde ha venido haciendo oposición a la burguesía naciente ligada al FMLN. Como tal la sala ha sabido en qué momento decretar sus inconstitucionales. La reciente declaración de inconstitucional de ciertos artículos del Ley de Amnistía unos sectores la interpretan como parte de una agenda política de oligarquía y de la derecha arenera, la realidad es que los familiares de las víctimas de las violaciones a los Derechos Humanos sobre todo las cometidas por el Estado salvadoreño y los escuadrones de la muerte desde tiempo han venido exigiendo Justicia, pero dicha Ley no permitía que se abrieran procesos para conocer la verdad de dichos hechos, por lo tanto no se le debe reducir el valor a dicha sentencia ya que esta ha sido en gran medida producto de la lucha de personas y organizaciones. Lo que la oligarquía y la derecha arenera ha hecho es politizar a su favor esta reivindicación popular, la cual debió ser acompañada por el FMLN hasta lograr que se conociera la verdad, pero contrariamente en el gobierno de Funes y en actual gobierno de Sánchez Ceren, existen funcionarios que durante el conflicto armado en defensas de los intereses de la oligarquía cometieron crímenes contra el pueblo, el FMLN debe expulsar a todos estos funcionarios.

Unidad de acción contra la impunidad

Ningún delito cometido contra el pueblo debe quedar en la impunidad, no se debe confiar en la Justicia burguesa, debemos exigir la conformación de una comisión integrada por representantes de las organizaciones sindicales, populares, indígenas y estudiantiles para que investigue dichos delitos. Se debe investigar a los responsables intelectuales y materiales, igual responsabilidad tiene quien ordena matar como el que mata.

Se deben investigar no solo los crímenes cometidos durante el conflicto si no también masacres cometidas en años anteriores como ejemplo el genocidio de 1932 y años siguientes. El gobierno del FMLN debe hacer públicos los archivos de los Fuerzas Armadas.

No debemos permitir ninguna maniobra de la derecha arenera y del FMLN en la cual busquen un acuerdo político para continuar con la impunidad, ya que si no se conoce la verdad y se castiga a los responsables de los crímenes cometidos contra el pueblo los responsables de estos continuarán impunes y continuaran siendo una amenaza latente y en el momento que vean que los intereses de la clase dominante están amenazados actuaron de igual forma.

No puede haber reconciliación sin verdad, juicio y castigo, por lo tanto, las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos y los familiares deben interponer las denuncias correspondientes para exigir sean investigados.