Por José Herrera

Los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el 13 de julio de 2016 dieron una sentencia que dejo anulada a la Ley de Amnistía que fue la que consolido el acuerdo de paz en 1993. A menos de un mes en la Corte Suprema de Justicia el día martes 16, con 15 votos, en pleno se decidió rechazar la extradición de los militares implicados en el caso jesuitas, tal es el ejemplo del Coronel-Guillermo-Benavides quien fue condenado en 1992 por el asesinato de seis sacerdotes jesuitas y dos trabajadoras, y que ha sido uno de los beneficiados por la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz de 1993.

Los padres jesuitas, algunos de ellos españoles de nacimiento, y sus colaboradoras; fueron asesinados la madrugada del 16 de noviembre de 1989 por un pelotón del batallón Atlacatl de la Fuerza Armada, durante la ofensiva de la entonces guerrilla del FMLN en las principales ciudades del país. Los cuatro militares que han estado en detención en 1991 fueron procesados y juzgados, pero solo el coronel Benavides fue condenado a 30 años de prisión, pero fue liberado el 1 de abril de 1993 del penal de Santa Ana; mientras que el resto fueron exonerados. En el momento de la masacre, Alfredo Cristiani era el presidente del país, sobre su posible implicación no se ha dicho nada.

La CSJ sin definir argumentos (en busca de escusas)

A partir del fallo, la CSJ se centró en una enredada argumentación, para justificar la impunidad de la que han de gozar los militares que se supone perpetraron este crimen, que debe ser considerado como lesa humanidad. Este hecho refleja que en el fondo se tiene una clara intención; un fallo a favor de los militares, pero no existe una clara disposición que lo justifique. El suplicatorio, a solicitud del Reino de España contra Benavides y otros, ha sido el primer tema de agenda del pleno de la Corte. El órgano de justicia, según una fuente judicial, sometió a votación la extradición, lo que dejó cero votos. Luego, se votó el rechazo a la extradición y esa decisión logró 15 votos.

Sin embargo, la CSJ no emitió resolución, ya que los magistrados tienen diferencias en la argumentación de sus votos. Votaron contra la extradición los magistrados propietarios Armando Pineda, Belarmino Jaime, Rodolfo González, Ovidio Bonilla, Óscar López Jerez, Doris Luz Rivas, Roberto Argueta, Leonardo Ramírez Murcia, Dafne Sánchez de Muñoz, Elsy Dueñas y Sergio Luis Rivera; así como los suplentes Carlos Avilés, Martín Rogel, Ricardo Suárez Fischnaler y Narciso Granados. Estos últimos sustituyeron a Sidney Blanco, Florentín Meléndez, María Luz Regalado y Paula Patricia Velásquez. En la discusión hubo varios tipos de argumentos de los magistrados para rechazar la extradición. La imposibilidad de resolver una petición de extradición ya realizada hace cinco años y resuelta es uno de los argumentos que se habrían presentado.

Otro argumento es que no existe el obstáculo que se tenía para juzgar este tipo de delitos en El Salvador, ya que la ley de amnistía de 1993 fue anulada por la Sala de lo Constitucional de la CSJ, lo que genera sospecha de que si el fallo de la Sala de lo Constitucional es en el fondo una maniobra para evitar la extradición. Un tercer argumento manejado dentro de la CSJ habría sido que el juez debe determinar si se trata de un crimen de lesa humanidad; podría haber hasta un cuarto argumento del doble juzgamiento a los acusados.

Niegan la extradición….

La solicitud continuó el jueves 18 en reunión de Corte Plena y la petición de extradición se analizará de manera individual para cada acusado. En el caso del coronel Benavides, la CSJ aún no decide qué pasaría con el acusado al rechazar la extradición, si el señalado se pondría en libertad o a la orden del juez salvadoreño que lo condenó. Como bien se ha podido observar la Sala de lo Constitucional emitió un fallo que dejo sin efecto a la Ley de Amnistía, sin embargo paralelo a ello la CSJ dio otro fallo que libera a los implicados en el crimen del caso jesuitas, en este sentido valdría la pena cuestionar el papel que están desempañando los hacedores de justicia en El Salvador, para demandar de ellos una exhaustiva investigación y un esclarecimiento real de este y otros crímenes con el fin de mostrar la verdad que permita un auténtico juicio y castigo para los culpables.