Por Ramiro Montenegro

Después de la movilización del 15 de septiembre el Presidente Bukele  dijo que en 30 días presentaría  una reforma integral de pensiones. El anunció más parecía una respuesta mediática a la  movilización del 15 de septiembre, la cual demostró: el descontento de la clase trabajadora ante el deterioro del Estado democrático de derecho burgués por parte de Bukele,  descontento por políticas gubernamentales  y el incumplimiento de las promesas de campaña, como por ejemplo el tema relacionado con las pensiones debido a que durante su campaña electoral se comprometió a mejorar los montos de las pensiones. El gobierno buscaba   calmar y desmovilizar a las masas y  evitar que dicha bandera de lucha se convirtiera en un consigna aglutinadora.

¿A qué obedece el anuncio de la reforma?

Pareciera que el Gobierno  está interesado en reformar el sistema de pensiones pero a partir de condiciones impuestas por organismos financieros internacionales para poder negociar y otorgarle más préstamos, ya que sería una forma de reducir la deuda que  tiene debido a que los gobiernos anteriores tomaron prestados   los ahorros de pensiones; a mayo de 2021 el estado había tomado  un  aproximado de $9,500 millones, (80%) de un total de  $12,812 millones que correspondía al total de ahorros de los trabajadores administrados por las AFP.

Si partimos de proyecciones de bajo crecimiento económicos y además  el  estado tiene casi todo el Producto Interno Bruto (PIB) comprometido para pago de deudas  y que necesita más préstamos para seguir poco probable que el actual gobierno reintegre o devuelva los fondos de los trabajadores prestados por las AFP. Por lo tanto si en cualquier reforma no se garantiza el pronto pago de dichos préstamos a los trabajadores y la autonomía  real de cualquier ente administrador, se corre el riesgo que dichos fondos no sean pagados a los trabajadores. Aunque por estrategia el gobierno podría mejorar los montos de las pensiones a quienes estén próximos a pensionarse y luego  congelar dichos montos los cuales unos años más tarde ya no serían acorde al costo de la vida como está pasando actualmente. Además de un posible borra saldo, el Estado se quedaría con los fondos de las nuevas cotizaciones los cuales le servirían para tener solvencia y  pagar deudas, pero compromete los fondos de los trabajadores.

Que el gobierno pague lo prestado y mejores intereses

En estos momentos en donde el Estado tomó los ahorros de los trabajadores   mediante Certificados de Inversión Previsional (CIP) y que además existe una inseguridad jurídica, seguramente muchas trabajadores  cotizantes  se opondrían a la renacionalizacion del sistema de pensiones y optarían por que se devuelvan parte o todos sus ahorros de pensiones y con justa razón. A pesar de lo anterior se debe  exigir un sistema público de pensiones bajo control de los trabajadores,  más allá  del nombre del organismo administrador, este tiene que ser un organismo   independiente del gobierno pero a la vez tripartito integrado en su mayoría por representantes de los trabajadores, el gobierno y de los empleadores.  Antes de cualquier renacionalización el gobierno debe privilegiar y asumir el pago de los préstamos de los fondos de pensiones, en realidad está es una deuda contraída por el Estado con los trabajadores y no con las AFP ya que las AFP son solo administradoras de dichos fondos de lo cual obtienen grandes ganancias.

Los ahorros de las pensiones son de trabajadores por lo tanto son ellos quienes  deben tener la libertad de decidir que hacer con sus fondos: son sus ahorros. El gobierno debe privilegiar el pronto pago a los trabajadores y no a los organismos financieros internacionales, es por ello que se debe exigir que el presupuesto general del 2022 contemple el pago del 50% de los préstamos contraídos con los trabajadores así mismo el pago de mejores intereses.

Si bien  fue  en los gobiernos de ARENA y del FMLN que el Estado obligo que los fondos de los trabajadores fueran invertidos en Certificados de Inversión Previsional (CIP) pagándoles bajísimos intereses, también el actual gobierno de Bukele se ha opuesto a que paguen mejores intereses,  fue así como 21 de abril del 2021  Veto el Decreto Legislativo  No. 864 aprobado el nueve de abril de dos mil veintiuno, que contenía  la reformas  a las disposiciones transitorias para la sustitución de certificados de inversión previsionales, emitida mediante Decreto Legislativo N° 789.  Dicho decreto fue vetado por el Presidente Bukele argumentando “…violación al artículo 226 de la Constitución de la república: principio de equilibrio presupuestario en la vertiente relativa a la planificación a partir de los siguientes considerandos: “…Que la reforma planteada· en el Decreto Legislativo No. 864, establece una tasa de interés más alta a los afiliados, a partir del año· 2023 con incrementos anuales de 0.25% hasta llegar a 0.75% en 2027, lo cual mejorará la rentabilidad de las cuentas individuales de ahorro previsional  sin embargo, este beneficio, tendrá un impacto significativo en las finanzas del Estado.  Que el incremento de 0.25% en la tasa aplicada a los Títulos Valores con las características  que establece el citado Decreto, representará para el  Estado, un mayor costo financiero en concepto de intereses, que se deberá pagar por dichos instrumentos…”

El Decreto Legislativo  No. 864   fue una maniobra de los Diputados de ARENA y del FMLN para con el ejecutivo una vez que habían perdido el control sobre el mismo y no necesariamente es porque les interesara el bienestar de los trabajadores ya que fueron ellos mismos quienes lo privatizaron y tomaron los ahorros de los trabajadores pagando mínimos intereses y largo plazo ( 2017-2047) pero pareciera que  también al  presidente Bukele al igual que sus antecesores  no le interesa que los trabajadores tengan mejores pensiones ya que  privilegia las finanzas del Estado en detrimento de los trabajadores y tampoco le interesa que se pague dicho préstamo a corto plazo.

Es momento los trabajadores exijan  al  gobierno de Bukele y a los Diputados de Nuevas Ideas una Ley que revierta la privatización del sistema de pensiones, pero que además los fondos de los trabajadores sean reintegrado a corto plazo y que ganen mejores intereses,  debiendo los trabajadores  tener la libertad de decidir si  sacan  todos o una parte de sus ahorros  de pensiones o si quieren que sus fondos continúen ahorrados en un sistema público.

No es posible que mientras el trabajador paga interés mayores al 20% anual  a la banca privada, el gobierno haya tomado  un alto porcentaje de los ahorros de los fondos de pensiones  pagándole al trabajador el  2.594% anual del 2017 al 2021 y del 4.5% anual del 2022 hasta el 2047. Solo mediante la movilización y la lucha se puede cambiar dicha realidad y exigir que la banca privada cobre intereses iguales a los que está pagando el gobierno a los trabajadores por sus ahorros de pensiones.

El gobierno todavía no tiene propuesta

Recientemente ha circulado una supuesta propuesta de reforma al sistema de pensiones, la cual  en realidad no es una propuesta de este gobierno si no una propuesta elaborada por diferentes organizaciones sindicales, la cual fue presentada a en febrero del 2020 a la Asamblea Legislativa. Dicha propuesta ha gozado de la aceptación de la población, pues  plantea en su mayoría beneficios para la clase trabajadora y la creación de  la Ley del Sistema Nacional de Pensiones, cuyo objeto es la creación del Sistema Nacional de Pensiones para los trabajadores del sector privado, público y municipal, así como para las personas mayores de setenta años, que trabajaron y no logran cumplir el tiempo laboral o que nunca cotizaron al sistema de pensiones.  Propone también crear el Instituto Nacional Autónomo de Previsión Social (INAPS), el cual tendría…la administración del Sistema Nacional de Pensiones, destinando los recursos económicos generados por el mismo, al pago de prestaciones, para la cobertura de los riesgos de invalidez, vejez y muerte, de los trabajadores públicos, municipales y privados…Y estaría integrado por representantes de los trabajadores cotizantes, trabajadores pensionados, gobierno  y empresa privada.  

Esta propuesta de Ley debe ser retomada por las organizaciones sindicales, así mismo integrarse una plataforma para la transformación del sistema de pensiones  y abrir un espacio de discusión sobre la misma. A manera rápida se puede decir que el actual proyecto de Ley necesita garantizar mayor representación de los trabajadores,   estipular el periodo de todos los  representantes, que sean los  trabajadores mediante voto directo elijan al Presidente y sus demás representantes antes el INAPS y el Consejo de Vigilancia, y establecer la revocatoria de representación y del cargo a todos los miembros del INAPS y del Concejo de vigilancia que no trabajen en función de los intereses de los cotizantes y de los pensionados.

Los adultos mayores no son  el problema

Muchos han visto bien la propuesta  que las personas mayores no continúen laborando o que si están pensionadas o jubilados se le suspenda dicha beneficio,  pero en realidad no es que ellos quieran continuar laborando, son las pírricas pensiones y falta de oportunidades de empleo para los demás miembros de la familia que le obligan. En la mayoría de empleos han sido estos adultos mayores que han transmitidos sus conocimientos prácticos a las nuevas generaciones y que tuvieron que cargar con la inexperiencia del joven y sus propias responsabilidades, ahora le toca al joven. Es falso que no hay empleos debido a que los adultos no se jubilan, si no veamos la recarga laboral que existe en los diferentes centros de trabajos públicos o privados, por ello se debe exigir nuevos empleos, con salarios dignos, reducción de las jornadas laborales, reducción  de los años laborales cotizados y de la edad para pensionarse así como  mejores pensiones para las personas que se jubilaran y los pensionados.