Por Rebeca Solís

En El Salvador los antecedentes más próximos a los servicios de seguridad privada se remontan a los Serenos los cuales llegaron a tener una relación Orgánica con los cuerpos de seguridad pública por ello fueron incorporadas en los Acuerdos de Paz de 1992  firmados entre la Guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional  (FMLN)  y el gobierno de Alianza Republicana Nacionalista  (ARENA), señalando en dichos Acuerdos la necesidad de regular los servicios  de seguridad privada para ello…Todas aquellas entidades, grupos o personas que prestan servicios de seguridad o protección a particulares, empresas o instituciones estatales, a fin de garantizar la diafanidad de sus actividades así como su estricta sujeción a la legalidad y el respeto a los derechos humanos” es por ello que  en 1994 entró en vigencia la primera Ley relacionada con los servicios de seguridad privada, la cual fue deroga en 2000 al entrar en vigencia la nueva Ley de los Servicios Privados de Seguridad, la cual  pretende modificar la actual Asamblea Legislativa.

La industria privada de la seguridad

Los gobiernos  no han podido garantizar al pueblo salvadoreño trabajo, salarios dignos, educación, etc, lo que ha generado una mayor migración así como también aumentos de la violencia y la delincuencia,  lo que ha traído mayor  inseguridad, situación que ha  aumentado la demanda de contratación de servicios de seguridad privada.

Entre las entidades de venta  de servicios privados de seguridad están: agencias o empresas propiedad de personas naturales o jurídicas de carácter privado, las asociaciones de vigilantes y vigilantes independientes,  agencias de investigación privada, servicios propios de seguridad de las empresas o personas.

Personas  provenientes de las fuerzas armadas gubernamentales, así como también  de  la guerrilla del FMLN  y vinculadas a los gobiernos de turno  han sabido explotar a su favor el aumento de la inseguridad  creando para ello en la mayoría de casos empresas o agencias de seguridad, de las cuales inicialmente la mano de obra o empleados provenían en su mayoría  de los desmovilizados de los cuerpos de seguridad o excombatientes de la guerrilla, dicha composición de la fuerza de trabajo a la fecha ha cambiando,  debido a que ante la falta de empleos muchas personas  lo ven como una opción. 

Los dueños de estas empresas además de vender los servicios de seguridad a la empresa privada, también han aprovechado a su favor la privatización de muchos servicios de las instituciones del estado entre ellos los de seguridad, por los cual el estado  les ha pagado grandes cantidades de dinero mientras ellos pagan pírricos salarios a sus trabajadores, gran parte de los  dueños de las empresas privadas de seguridad han tenido interrelaciones políticas con los partidos políticos  que gobiernan por lo cual son ellos a quienes les terminan otorgando los contratos, solo a manera de ejemplo de los gobiernos anteriores están: SERCONSE ( ARENA), COSASE ( FMLN).

Actualmente la Unión Nacional de Agencias Privadas de Seguridad (UNAPS) “… aglutina a 82 empresas de seguridad, de un total de 432 registradas en El Salvador; y dan servicio a unos 18 mil clientes.”.

Que se mantengan los beneficios para los trabajadores 

Desde meses anteriores los Diputados de la Asamblea Legislativa discuten una serie de reformas a la Ley Especial de Regulación de los Servicios de Seguridad Privada en El Salvador, la propuesta inicial   contemplaba   beneficios para los trabajadores de seguridad, entre los cuales se podría mencionar: “…Seguros de vida para los agentes de seguridad que no podrán ser costeados por el trabajador…No pagar el seguro de vida por muerte o invalidez sería infracción muy grave de las empresas, castigadas con multas entre 41 y 80 salarios mínimos mensuales del sector servicios, es decir, entre $14,965 y $29,200…Serían infracciones muy graves no conceder pausas alimenticias a los agentes, lo adecuar espacios físicos con ventilación e iluminación y ergonómicos a los trabajadores, no conceder pausas y condiciones para necesidades fisiológicas de los trabajadores, no cumplir las jornadas de 8 horas diarias y 44 horas semanales en jornada diurna; o 7 horas diarias y 36 horas semanales en jornada nocturna…Serían infracciones graves el maltrato verbal, discriminación, no dar permisos para consultas médicas o no dar insumos de trabajo...” (DEM. 4/12/2021).

De todos estos puntos que beneficiarían a los trabajadores  la Unión Nacional de Agencias de Seguridad Privada (UNASP) ha centrado su atención en lo relacionado al cumplimiento de la jornada laboral de 8 horas, manifestado que “… entre las reformas que se buscan implementar se encuentra establecer jornadas de trabajo de ocho horas máximo y hasta cuatro horas extra diarias, en lugar de los turnos de 12 y 24 horas que realizan la mayoría de vigilantes privados. Planteado que ... pagando el salario mínimo más horas extras diarias", un vigilante que labore su jornada de ocho horas más cuatro extras para cumplir con un total de 12 horas al día estaría devengando al mes un total de $1,023.” (LPG. 10/09/2021). Mientras actualmente devengan en la mayoría de casos $350.

Al argumentar su posición han dejado al descubierto el negocio que representa para dichas empresas ya que según la misma UNASP “…antes del incremento al salario mínimo, cuando este era de $300, las empresas cobraban a sus clientes un promedio de $836 mensuales por el turno de 24 horas, y con el aumento al salario mínimo actualmente se cobra entre $1,000 y $1,600.” (LPG. 10/09/2021). Ahí se puede ver con cuanto se quedan los dueños de la empresa, mientras mantienen salarios muy bajos a sus trabajadores y les violentan sus derechos laborales.

LA UNASP y Diputados juegan con los trabajadores

La propuesta de la UNASP es continuar pagándoles a los vigilantes el salario mínimo  mantener  los turnos de  24 horas, no pagar  horas extra y  dar un bono entre  $100 y  $200,  mensuales en concepto de transporte y alimentación, lo  anterior pareciera ya fue acordado entre los representantes de dichas empresas y los Diputados.

El anunció de la Ley ya logró su cometido mediático, de mostrarse como los redentores de dicho sector, pero  si bien mantendrá ciertos aspectos,  los dueños de las empresas continuarán quedándose con la mayoría de lo que cobran por dichos servicios y seguramente les permitirán continuar con la sobrexplotación. Los Diputados han cedido en unos de los puntos fundamentales que implicaba una verdadera defensa de los trabajadores, así mismo han cambiado su discurso; al respecto Héctor Sales,  de Nuevas Ideas manifestó: No podemos correr en este momento y, con la idea de sacar ya la ley dejar una ley que pueda beneficiar a unos pocos y afectar a una gran mayoría. Podríamos beneficiar a 10,000 agentes de seguridad pero pudiera tener por consecuencia tener algunos despidos” (DEM.4/12/2021). Pareciera que la UNASP ha logrado su función, de defender los intereses económicos de dichos empresarios.

Mined violenta Ley

No se sabe cuales serán los resultados finales de las consultas realizadas por los Diputados. Mientras estas consultas se realizan a manera de ejemplo se puede ver como el Ministerio de Educación está realizando maniobras en contra de las personas adultas mayores que trabajan en las empresas y  violenta la Ley de los Servicios Privados de Seguridad  al imponer como requisitos en los perfiles de contratación de dichas empresas edades entre 19 y 50 años,… educación de 9° Grado como mínimo, experiencia de 2 años de experiencia en puestos similares.

Lo anterior es violatorio a la misma Ley de los Servicios Privados de Seguridad la cual establece en el Artículo 20: El personal contratado por las agencias o empresas de seguridad, para desempeñarse como agente de seguridad privada deberá cumplir con los siguientes requisitos: a. Ser salvadoreño o extranjero con residencia definitiva y cuando opere el principio de reciprocidad; b. Ser mayor de 18 años de edad; c. Poseer un nivel de estudios no menor de sexto grado. Al imponer dichos requisitos por fuera de la ley podría llevar a despidos de agentes por parte de los dueños de las empresas, sobre todo personas mayores.

Por un plan de lucha

Es necesario el fortalecimiento de todos los sindicatos que existen en el sector de seguridad privada, por lo cual los trabajadores de la seguridad privada deben afiliarse a los ya existentes o en caso necesario crear otros sindicatos, y  unidos se conforme una coordinadora sindical en dicho sector. Se debe exigir que  la Ley de los Servicios Privados de Seguridad que se pretende aprobar en la Asamblea Legislativa prevalezca los intereses de los trabajadores y no la de los empresarios. Si en realidad los Diputados quieren el beneficio para los trabajadores deben hacer que todos aquellos trabajadores que brindan sus servicios de seguridad privada en dichas instituciones, pasen a ser empleados de dichas instituciones, lo que significaría un ahorro para  el mismo Estado y gran beneficio para los trabajadores.

La seguridad en las instituciones del Estado debe continuar siendo brindada por civiles por lo cual los sindicatos de dichas  instituciones   deben luchar para evitar todo intento de militarización de la seguridad.