Por Leonardo Ixim

La embestida neoliberal contra los derechos laborales es imparable, pese a que la pareja gobernante maneja un discurso de respeto a los compromisos acordados en pactos colectivos con sindicatos de la administración pública.

Los trabajadores deben tener claro que estos pactos son producto de las luchas y no obsequios del Estado y las patronales. Tales pactos tienen una serie de beneficios en lo que se refiere a mejoras salariales, prestaciones sociales, mejora de las condiciones de trabajo, etc. Pero hay elementos perniciosos, como los privilegios que reciben algunas dirigencias sindicales tanto del sector público y en menor medida en el privado, que se vuelven ostentosos privilegios que se alejan del espíritu de los pactos colectivos, neutralizando muchas veces la combatividad de las direcciones sindicales.

Tal situación es usada por parte de gran capital oligárquico y sus medios de información, como Prensa Libre y otros, publicando reportajes que atacan los derechos colectivos de los trabajadores, usando como pretexto el hecho real de estos privilegios que ocasionan onerosos gastos monetarios de los dineros públicos. Sin embargo se callan ante los grandes salarios de los funcionarios del Estado o las magnificas ganancias empresariales, sobre todo de los grandes monopolios y bancos.

A partir de estas quejas la oligarquía presionó al presidente Otto Pérez, quien envió un memorándum a las dependencias gubernamentales en el que prohíbe las renegociaciones o negociaciones de nuevos pactos colectivos. Esto implica mayor austeridad y vulneración de los derechos laborales, más cuando la canasta básica sigue subiendo. La prohibición se suma a otras iniciativas legales como las “circunscripciones económicas” o “el trabajo por horas” donde se afecta entre otras cosas la negociación colectiva, siempre en función de abaratar la mano de obra para atraer más inversiones.

Para agregar leña al fuego, se encuentra en el Congreso de la República, la iniciativa de ley 4703 que reforma el decreto ley de 1441 de 2001, donde se regula procedimientos en materia de conflictos laborales. Tal reforma vuelve aun más engorrosos los trámites para la resolución de estos conflictos, pese a que en sus considerandos, se declara alejada de todo formalismo tan común en la práctica procesal legal burguesa.

Pero el elemento preocupante para el sindicalismo que está relacionado a la burocratización de los procedimientos, se encuentra en el hecho de que se otorga potestades para resolver conflictos laborales a los juzgados en la materia, judicializando así las problemáticas laborales. De esa forma se eliminan las potestades para tomar decisiones que pueda tener la Inspectoría General de Trabajo, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, volviéndola solamente una instancia técnica.

En los últimos años, la política de las centrales sindicales en general, ha sido fortalecer la capacidad del ministerio, centrando su estrategia en la denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Pero como lamenta el Movimiento Popular Sindical Autónomo Guatemalteco (MPSAG) conformado por CGTG, CUSG, MTC y Unsitragua, la “diplomacia demagógica” del gobierno y de la patronal en la OIT ha neutralizado posibles sanciones al Estado.

Sin embargo la presión del MPSAG ha obligado a la OIT a mandar en los próximos días una delegación, cuya demanda principal es el establecimiento de la Comisión de Encuestas encargada de investigar y sancionar a Estados que consienten y violan derechos laborales; esto debido a que Guatemala es uno de los países en Latinoamérica donde más violaciones se dan al grado que, al igual que Colombia, los asesinatos y amedrentamiento a sindicalistas están al orden del día.

Sobre la iniciativa 4703, el MPSAG centra su demanda en no quitarle potestades a la Inspectoría General de Trabajo, pues considera que tal instancia es menos propensa a recibir presiones de las patronales que los juzgados. Además señala que los jueces ni siquiera hacen cumplir sentencias que benefician a los trabajadores, pues se eligen abogados por medio del sistema viciado que responde a las distintas facciones burguesas de las Comisiones de Postulación.

Desde el PSOCA, consideramos que la acciones de denuncia y condena en los foros internacionales puede ser correcta, si va acompañada de la movilización y lucha junto a la solidaridad sindical internacional. Es fundamental que las bases de los sindicatos, federaciones y centrales, presionen a sus liderazgos para que no se duerman en tales instancias nacionales o internacionales, que se combata también los vicios de “aristocracia obrera” en el sindicalismo y no olvidar que en última instancia la OIT, los juzgados o el Ministerio de Trabajo, son organismos que reflejan los intereses mundiales del imperialismo y las burguesías