Por Úrsula Pop

El gobierno de Otto Pérez Molina continúa la represión contra los líderes populares. El 26 de junio del año en curso, en el municipio de Chiantla, Huehuetenango, un grupo de cinco individuos vestidos de particular detuvieron, en una acción que solo puede ser calificada de secuestro, a los compañeros dirigentes del Comité de Desarrollo Campesino (CODECA) Mauro Vay Gonón, Blanca Julia Ajtum Mejía y Mariano García Carrillo. Cuando llegaron agentes de la Policía Nacional Civil, en vez de capturar a los secuestradores, condujeron a los compañeros a la subestación de policía y luego a la cárcel. El 27 de junio el Juez de Primera Instancia Penal dictó prisión preventiva contra los dirigentes de Codeca, argumentando que se trataba de una denuncia contra ellos de parte de la empresa Energuate, que controla la distribución de energía eléctrica en la región.

La detención ilegal, pues fue hecha sin orden de captura, fue por el cobro por conexiones ilegales de energía eléctrica que supuestamente hacían los compañeros. En realidad lo que no gusta a la empresa y al gobierno es que los compañeros han liderado las protestas de la población contra el pésimo servicio y los cobros injustos que hacen los empresarios, herederos de la nefasta Unión Fenosa, y que han levantado la justa demanda de nacionalización del servicio de distribución y producción de la energía eléctrica. Posteriormente, el Juzgado de Primera Instancia Penal de Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Huehuetenango impuso a los compañeros una fianza de Q1 millón, cantidad que a todas luces resulta imposible de pagar.

El miércoles 9 de julio, Codeca organizó una protesta a nivel nacional demandando la liberación de los compañeros. En la capital cientos de campesinos de 17 departamentos marcharon primero hacia la sede de la Corte Suprema de Justicia y después a la del Ministerio Público, donde exigieron una investigación objetiva. Las protestas también se realizaron en Suchitepéquez, Cobán, Petén y Salamá.

El Psoca se suma a la exigencia de liberación de los compañeros injustamente detenidos. Demandamos, junto a los compañeros campesinos y comunitarios, la nacionalización de la producción y distribución de la energía eléctrica, bajo control de los sindicatos y organizaciones campesinas y populares.