Por Francisco Martínez

Este 16 de enero se cumplieron treinta años de los Acuerdos de Paz entre el gobierno de la ultraderecha Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y la ex guerrilla del  Frente Farabundo  Martí  para la Liberación Nacional (FMLN).  El actual gobierno de Bukele busca   restar  valor a este hecho histórico mediante el cual le pusieron fin al conflicto armado que tuvo lugar entre 1980 y 1992, el cual dejó como resultado más de 75 mil personas fallecidas entre civiles, fuerza armada y guerrilla. Como parte de la estrategia de borrar la memoria histórica  los Diputados a fines al gobierno  redesignaron el 16 de enero  de Día de la Conmemoración de los Acuerdos de Paz, a Día Nacional de las Víctimas del Conflicto Armado. El pueblo salvadoreño ha salido a manifestarse con sus propias reivindicaciones en el marco del aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz a la vez que recordaron a las víctimas del conflicto.  También  miembros de la  dirección  del FMLN,  órgano Judicial y militares, aprovecharon para manifestarse.

El pueblo habló

Los múltiples retenes realizados por la otrora Policía Nacional Civil (PNC) en conjunto con elementos de la Fuerza Armada, no lograron intimidar al pueblo salvadoreño para que se manifestara el 16 de enero y expresaran sus inconformidades.  Miembros del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP) declararon que “…Ha habido un retroceso tremendo en temas de democracia, en temas de protección de derechos humanos de la población, ha habido un tremendo retroceso en torno a programas y políticas a nivel nacional que buscaban reducir esas desigualdades por las que el pueblo tomó las armas” (DEM. 17/01/22).  Por su parte, la  Coordinadora Salvadoreña de Movimientos Populares, detallaron que los objetivos de la movilización eran “… Uno es poder analizar y visibilizar los retrocesos que hay en el tema de los Acuerdos de Paz y señalar también todas aquellas medidas neoliberales y antipopulares que este gobierno está ejecutando y que van en detrimento de las salvadoreñas y salvadoreños”. (EDH.16/01/22). También representantes de la  Alianza Nacional El Salvador en Paz 15 de septiembre 2021, expresaron: “vamos a conmemorar y a enviar un mensaje al presidente (Nayib Bukele) ante una conducta antidemocrática, autoritaria y dictatorial que hemos logrado ver después que llegó a la presidencia”. (EDH.16/01/22). 

El fin de la guerra civil trajo nuevas luchas sindicales y populares por mejores condiciones de vida, así como también en la lucha por   las libertades y la democracia. Si bien los Acuerdos de Paz no buscaron terminar con los causas estructurales de la explotación y la miseria, hasta  cierta medida abrieron condiciones para permitir que el pueblo salvadoreño continuará luchando por otros métodos,  parte de estas condiciones fueron el cese al enfrentamiento armado, la desmilitarización y eliminación de los cuerpos represivos de seguridad y el acuartelamiento de los militares,  la creación de la Policía Nacional Civil (PNC)  como garante de la seguridad pública, etc. En  este  momento, las libertades democráticas alcanzadas con los Acuerdos de Paz se ve amenazadas por Bukele, el pueblo salvadoreño debe continuar organizándose y luchando unidos   para defender las Libertades, Derechos  y los espacios de participación democráticos surgidos con los Acuerdos de Paz. Es necesario la democratización del sistema político electoral que permita la participación de todos los sectores, así mismo  ampliar los mecanismos de participación lo cual el FMLN se negó hacerlo ya que de haberlo hecho su estatus quo se vería amenazado.

Separación de poderes y defensa de los intereses del pueblo

Además de organizaciones sindicales y populares también se unieron a la marcha  representantes del poder judicial y de la casta Militar que participo en el pasado conflicto.  Jueces y magistrados han visto  afectados sus intereses con el accionar del Ejecutivo lo cual les ha obligado a movilizarse,  al respecto uno de los jueces  manifestó que “…Al eliminar la independencia judicial, al remover los magistrados de la Sala y la tercera parte de los jueces, entonces nosotros vemos que hay grave afectación a la independencia y los riesgos de manipulación arbitrarias de instrumentalizar los procesos para que haya persecución política en contra de los jueces” (EDH.16/01/22). La falta de separación de poderes ha sido  más notoria en este  gobierno,  aunque en la mayoría de casos la Leyes y los administradores del  poder judicial casi siempre estuvieron y continúan  estando al servicio de la clase dominante y de  los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa, ya que han sido estos quienes  eligen  a los funcionarios  de dicho órgano  y no es el pueblo quien  los elije   directamente. 

La diferencia es que en el pasado estos cargos eran repartidos entre el bipartidismos ARENA-FMLN,  pero   actualmente  siendo  Nuevas Ideas el partido mayoritario en la  Asamblea Legislativa tiene el poder para    nombrar a casi todos los altos funcionarios de dicho órgano, quienes llegan a defender los intereses de quienes los nombraron. Lo anterior no implica que  se deban nombrar en dicho cargo violando las reglas establecidas. Para que exista una verdadera separación de poderes lo ideal hubiese sido haber aprovechado los espacios surgidos con los Acuerdos de Paz y hacer que  los cargos de primer nivel dentro del  órgano Judicial sean nombrados directamente por el pueblo, pero esto no le convenía al bipartidismo. 

Los codiciados sueños de los militares

Militares que participaron en el conflicto armado y  que se hicieron presente a la movilización manifestaron: “…no se crea que todos los militares están a favor del gobierno, ellos son militares y cumplen órdenes, pero en un momento determinado no apoyan algunas decisiones del gobierno que van en contra de la ciudadanía y también de la institución armada…”. (EDH.16/01/22) a la vez que exigieron  la renuncia del ministro de Defensa, René Merino Monroy manifestando que…Nunca en la historia de la Fuerza Armada ha habido un Ministro tan inútil. Ese debe de renunciar.  Es de recordar que los militares que participaron en el pasado conflicto armado son responsables de múltiples crímenes cometidos en contra del pueblo, así como también sus históricos golpes de Estado con los que se tomaban por asalto el órgano Ejecutivo, si bien el actual gobierno realiza acciones que ponen en riesgo la democracia nacida de los Acuerdos de Paz  esto no debe ser pretexto para que los militares busquen  retomar  el poder, eso sería salir de las llamas para caer en las brasas.

No  a la impunidad y corrupción

Para hacer memoria y reivindicar a las Víctimas del Conflicto Armado  es necesario que se conforme una comisión que investigue todos los crímenes cometido por los militares antes y durante el conflicto armado,  dicha comisión debe integrarse con representantes de organizaciones del movimiento sindical y popular, universidades, y familiares de las víctimas, así mismo el  gobierno de Bukele debe abrir todos los archivos militares, el pueblo salvadoreño tiene el derecho a saber quiénes han sido los asesinos y violadores de los Derechos Humanos.  También es necesario que se investigue las actuales violaciones a los Derechos Humanos, paro evitar que los hechos cometidos en el pasado conflicto se vuelvan a repetir.