Por Maria Josefina Cruz

La población salvadoreña inicialmente avaló las medidas derivadas del régimen de excepción, con la extensión   de este  se aumentó  la vulneración de  las libertades y garantías constitucionales, por ello cada día son más  los cuestionamientos y señalamientos hacia el gobierno de Bukele.

Está claro el gobierno de Bukele con el régimen de excepción, solo está combatiendo los efectos del sistema económico capitalista y de las políticas implementadas históricamente  por los gobiernos anteriores (ARENA-FMLN), las cuales no dieron respuesta a problemas como el desempleo, salarios dignos, pensiones, etc. De igual que los mismos de siempre el gobierno de Bukele no está dando respuesta a dicho problemas, por el contrario al tomar posesión Bukele en el  Ejecutivo y en los gobiernos municipales, han sido miles de trabajadores que han sido despedidos. Según el Movimiento de Trabajadores Despedidos (MTD) señalo que del 1 de junio de 2019 a mayo del 2021 fueron despedidos más de 8 mil trabajadores públicos, en mayo del 2021 al  entrar la nueva Asamblea Legislativa de Nuevas Ideas (NI);  1,019 contratos de empleados de la Asamblea Legislativa fueron dados de baja, de igual manera han sido despedidos trabajadores municipales, a lo cual se han opuesto los sindicatos.

Régimen de excepción es usado contra sindicatos independientes

Al no combatir las causas estructurales que generan la delincuencia, la sensación de tranquilidad que ahora se respira por el régimen de excepción podría desvanecerse o mantenerse a puro régimen de excepción el cual tarde o temprano terminaría llevando a una dictadura en donde no existirían libertades y garantías constitucionales. El régimen de excepción ya fue utilizado  para perseguir opositores políticos y organizaciones de la clase trabajadora que exigen mejores condiciones y prestaciones para los trabajadores ejemplo de ello fueron  las amenazas lanzadas por el ministro de trabajo quien busco intimidar a los trabajadores para que no se movilizaran el 1 de mayo con el argumento que si lo hacían los vincularían con grupos delincuenciales.

La amenaza se ha concretado, pero posterior al primero de mayo  a la fecha son tres sindicalistas los  detenidos entre los que están: José Leónidas Bonilla Torres, Dolores Victoria Almendares Alvarado y Geovanni Aguirre, quienes son trabajadores de las alcaldías de Mejicanos, Cuscatancingo y San Salvador. Respecto a la captura de Geovanni Aguirre Héctor Silva, concejal de la alcaldía manifestó: "No es la primera detención arbitraria de un sindicalista en los últimos días, pero si la primera en perjuicio de un empleado público con posturas abiertamente en desacuerdo con el gobierno"   (LPG.10/05/22). No se trata de defender delincuentes, como dice el Presidente y sus ministros; sino de que el gobierno de Bukele respete los Derechos y garantías constitucionales. No solo por el hecho que le pongan el dedo a una persona significa que la  Fuerza Armada y la PNC lo van encarcelar, por que  aun en el mismo gobierno existen altos funcionarios que han sido señalados de tener acercamientos con miembros de las maras y no por ello han sido capturados.

Quieren aterrorizar a los sindicatos

Bukele hiso de la violencia y delincuencia y del combate a la corrupción sus principales promesas de campaña, lo cual además son parte de las demandas de la población. Pasada la pandemia ya no tiene fondos para proyectos de asistencialismo social, para mantener su popularidad dio como  respuesta a la violencia y delincuencia el régimen de excepción. Además existen demandas específicas de los trabajadores y de las organizaciones sindicales como es el tema de pensiones en el  cual coinciden todos los sindicatos en relación a mejores pensiones, este es un tema crucial para los trabajadores. Para mantener silenciados a los trabajadores públicos y sindicatos más combativos el gobierno inicialmente los chantajeo por medio de las credenciales, a la vez misma mantuvo bonos y en algunos casos dio aumentos de salarios.

Ahora el gobierno enfrenta el problema que no tiene fondos para su funcionamiento. Medios internacionales señalan que: "El experimento salvadoreño por hacer del bitcoin moneda legal se ha topado con una pared… el criptoactivo perdió un 50% de su valor. Con ella, han caído en picado también los bonos del Gobierno de El Salvador, los cuales cotizan a un 40% de su valor original, reflejando las dudas por parte de los inversionistas de que el país pueda cumplir con el próximo pago de su deuda" (EDH.10/05/2022), ante una situación así el gobierno no tiene otra que hacer lo mismo de siempre: lanzarse sobre los fondos de pensiones y hacer recortes de trabajadores y prestaciones laborales sobre todo a los empleados públicos. En el momento que esto suceda y que los trabajadores salgan a protestar el régimen de excepción será usado contra las organizaciones y dirigentes sindicales. No se debe permitir que se consolide la dictadura, ni que el terror se imponga sobre las organizaciones sindicales. Nos mantuvieron encerrados por un virus, hoy nos quieren tener callados y sometidos.