Por  Concepcion Elena Rodriguez

Las últimas cifras proporcionadas  por las autoridades de seguridad respecto al regimen de excepcion reportan  la captura de 48,207 personas, la incautaron   de  “… 1,180 armas de fuego, 1,413 vehículos, $1,050,000 en efectivo, 10,984 teléfonos celulares y más de 48 mil porciones de drogas, principalmente marihuana…” (LPG. 31/07/22). El regimen de excepción ha logrado disminuir los homicidios y las extorsiones lo que se traduce en una sensación de seguridad a la población, es por ello que el Presidente Bukele  manifiesta que hemos  pasado de ser uno de los países mas violentos a ser el país  "más seguro de América Latina".

La seguridad de la que se habla a sido apartir del  régimen de excepción, el cual a su vez  ha gestado en su interior  nuevos problemas como son la supresión de garantías y libertades democráticas, lo que permite la captura  las cuales, según denuncias de familiares  no  tienen  ningún vínculo con maras o pandillas. Además de las denuncias por las detenciones arbitrarias, están las muertes de los capturados dentro de los recintos carcelarios.

Venciendo el miedo: nada deben, nada temen

Familiares de personas detenidas injustamente en en el marco del régimen de excepción en El Salvador han vencido el miedo  a las amenazas de ser acusadas y encarceladas por  estar defendiendo mareros si salían a marchar.

En  el mes de julio son varias las concentraciones y movilizaciones realizadas con la  finalidad que el gobierno revise los casos de las  personas inocentes detenidas, a la exiji que instituciones como la  Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH),  trabajen por qué se respeten los Derechos Humanos y el debido proceso ,  solicitadole al Procurador de Derechos Humanos Apolonio Tobar que se revisen  los casos de sus parientes inocentes. De igual manera piden no  continuar con el régimen de excepción.

Las movilizaciones venían en ascenso, pero la realizada el  31 de julio sufrió un descenso, después que Josselyn Palacios una de las protagonistas de las anteriores movilizaciones, se vio obligada ha abandonar el país debido a amenazas. En relación a lo anterior  una de las participantes en la última movilizaciones manifestó: "La gente no ha venido porque tiene miedo…Es lo que nos quieren transmitir, pero no van a callarnos.”  (LPG. 01/08/22).

Todos a movilizarnos

Con el regimen de excepcion están capturando  a personas de diferentes sectores sociales y representantes de  organizaciones,  las razones que motivan dichas capturas no están claras, por lo tanto es necesario que las organizaciones de trabajadores, estudiantes, campesinos y populares se unan y continúen  movilizandose por la libertad de las personas inocentes y para frenar las capturas de personas que  no tienen vínculos con pandillas.

Los familiares de las personas apresadas por el régimen y que están luchando por la libertad de sus familiares, no estan defiendo mareros o pandilleros, tampoco se oponen  al combate de la violencia y delincuencia por lo  contrario han expresado  "Venimos de sufrir extorsiones y ahora viene el Gobierno a terminarnos de fregar la vida. De donde vengo mi hija tuvo que huir porque la estaban amenazando y exigiendo dinero. Ahora viene la Policía a capturar a los que son inocentes y no a los pandilleros".  (LPG. 01/08/22).

La lucha contra la violencia, delincuencia y corrupción debe continuar

La seguridad de la que habla el gobierno de El Salvador, está construida en arena y a la orilla del mar, por que no ha dado respuesta a problemas como el desempleo, salarios de hambre, alto costo de la vida, bajas pensiones, etc, prueba de ello es que cientos de salvadoreños obligadamente tienen que migrar principalmente a Estados Unidos, en busca de mejores oportunidades.

 Como dice el dicho una ciudad limpia, no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia. De igual manera una ciudad segura, no es la que mas militares y policias tienen en las calles. Por lo tanto no se puede hablar que somos un país seguro cuando el gobierno se ve obligado a mantener un régimen de excepción que suprime a las personas honradas   de muchas libertades y garantías constitucionales, por los malos pagamos los buenos.

No se puede hablar que somos un país seguro cuando el gobierno se ha visto obligado a militarizar la seguridad pública y que en vez de invertir en educación, tiene que invertir en la construcción de cárceles para mantener a los más 40 mil presos.

Es momento que la población que ha lidiado  con la violencia y delincuencia social, aproveche la oportunidad e integre comités independientes de seguridad en las diferentes colonias, comunidades, etc. Y sean ellos mismos gestores de su seguridad y de la luchar para que se den respuesta a las causas estructurales que los generan.