Por: Salvador Belloso
Cuando inició la gestión Bukele-NI-GANA, al momento de conocerse la conformación del gabinete, el nombramiento de Rolando Castro, como Ministro de Trabajo generó muchas reacciones, precisamente por su pasado como dirigente de la Asociación salvadoreña de Trabajadores Municipales (ASTRAM), se creía que su labor al frente del Ministerio de Trabajo y Previsión Social iba encaminada a ejercer el control del acéfalo organizacional que dejó el FMLN tras su descalabro electoral.

Esta persona tiene un devenir oscuro, su pasado como sindicalista queda salpicado por ser parte de hilos de corrupción y por tener vínculos con el narcotráfico, específicamente fue cercano colaborador de Enrique Rais. Una nueva administración presidencial, suponía una nueva dirección política al frente de aquellas organizaciones sindicales que padecen el mal de tener como representantes a monigotes proclives a disfrazar las negociaciones con colaboración de clase.

Lo que casi nadie alertó fue que este ex sindicalista en realidad sería el verdugo que impondría control consensuado gracias a la disponibilidad de dirigentes traidores y sobre todo, por imponer su mano dura contra aquellos dirigentes de las organizaciones sindicales cuyo funcionamiento aún es independiente del control del Gobierno. Por otro lado la libertad sindical tan violentada por la gestión anterior, esta vez ha rebasado los límites de lo tolerable, al punto que la eficacia de los Derechos laborales individuales y colectivos se mide a partir de la venia del Gobierno, todo depende de su ’’voluntad’’. Esto es algo que debe ser denunciado y consiguientemente combatido.      
Agresiones colectivas más sobresalientes     
Aunque si bien, algunas veces la violación a los Derechos laborales colectivos lleva implícita la individualización de dichos actos en cuanto golpea a sus dirigentes para desequilibrar a la organización. Un primer acto de gran trascendencia es el asalto al Sindicato de Trabajadores del Seguro Social (STISSS), en el 2019, cuando el colectivo más ínfimo del STISSS en una maniobra preparada por Rolando Castro, impuso una nueva junta directiva, la entrega de credenciales y la disolución de la junta directiva de la ex secretaria General Armida Castro, esto vaticinaba lo que en cadena continua hasta este momento de manera muy especial en la administración pública.

En 2020 de forma más abrupta la Asociación General de Empleados públicos y Municipales (AGEPYN), fue el blanco de un nuevo ataque, esa vez se concertó el ingreso violento de personas quienes decían ser la nueva junta directiva, acción respalda por Rolando castro, y por Mario Durán, Ministro de Gobernación (las organizaciones de la sociedad civil llevan su registro en este ministerio).  Aunque tras una serie de críticas y denuncias, se calmaron los ánimos, el golpe surtió efectos en el sentido que la directiva legítima entró al manso redil del control factico del oficialismo. En 2021 el Sindicato de trabajadores de la Asamblea Legislativa (SITRAL), le fue violentado el fuero sindical a cinco miembros de su junta directiva y por supuesto, trabajadores de este órgano de Estado que yace bajo control absoluto del bukelismo, en este 2022 una nueva ola de despidos ha golpeado aún más a este sindicato.     
Agresiones individuales más sobresalientes 
Más allá de las interpretaciones jurídicas de los Derechos Individuales, existe una realidad invariable donde toda violación a un Derecho individual tiene cierta dimensión colectiva; si bien la fuerza de trabajo se vende de manera individual, no obstante, la productividad en el trabajo como tal es una actividad colectiva, inexorablemente toda violación individual surte efectos colectivos. Para hablar de agresiones específicas y directas del bukelismo hacia sindicalistas, no existe mejor ejemplo que con lo aplicado bajo el Régimen Excepción.  

Cristian Guevara, corrupto diputado de la bancada de Nuevas Ideas, y Rolando Castro previo a la marcha del 1 de mayo 2022, bajo el contexto del Régimen de Excepción amenazaron a quienes marcharan en tal fecha conmemorativa, en su lugar alentaron a participar en el acto oficial del Gobierno en dicha fecha. Sin tanto revuelo sus amenazas se concretaron; sumándose a José Leónidas Bonilla Torres, fue capturada Dolores Victoria Alvarado Almendarez, y Giovani Aguirre López, también dirigentes sindicales de las alcaldías de Cuscatancingo y San Salvador, detenidos como parte de las represalias. En el siguiente mes (6 de junio), fue detenido Rodolfo Pereira, secretario general de la Asociación Nacional de Trabajadores Independientes, Vendedores Estacionarios y Ambulantes salvadoreños (ANTRAIVEAS), su captura sucedió en momentos que la administración municipal de Soyapango giró orden de desalojo en algunas áreas públicas ocupadas por los vendedores, lo cual fue denunciado por Rodolfo Pereira en una conferencia de Prensa.

Esto solo por mencionar algunas de las capturas de sindicalistas, pero hay más.  Lo que sin dudas genera mayor impacto es la muerte el pasado 3 de septiembre de José Leónidas Bonilla Torres, tras cuatro meses en detención, es uno más de más de 80 víctimas del Gobierno de Bukele en el Régimen de Excepción.

¿Cómo reprime y logra consenso al mismo tiempo?

Lo expuesto con anterioridad no son casos aislados que coinciden accidentalmente con políticas de austeridad Estatal y Régimen de Excepción, sino demuestran una clara línea represiva dirigida desde el Gobierno, para doblegar la voluntad de quienes se resistan al sometimiento, pero sobre todo para dar muestras que será implacable ante cualquier fuerza social que le haga oposición. Se trata de una represión seleccionada cuyo enfoque son dirigentes críticos y opositores, con ello busca sembrar terror, en su afán para lograrlo ha encarcelado, calumniado y asesinado.

El Régimen de Excepción le funciona a Bukele, como un instrumento para validar sus acciones, de otra manera tendría pocos argumentos; bajo la excusa de guerra contra las pandillas ha instrumentalizado este mecanismo constitucional al punto de normalizar todo tipo de vejamen, de no ser así sería en lo expedito detectable, repudiable y por lo tanto necesarias las respuestas combatidas a esta manera de operar de este Gobierno autoritario, habría lugar a coordinaciones de lucha contra un tirano, un enemigo en común, pero esto no aplica en El Salvador, Bukele resulta incólume mediante su gran aparato propagandístico, donde se pinta un Gobierno que está ganado la guerra a las pandillas y que las detenciones injustas y muertes en los centros penales son daños colaterales, necesarios para garantizar el bien y el futuro de la mayoría, como los golpes son focalizados y no afectan a todos, estos sucesos pasan inadvertidos.

Por otra parte logra sobrellevar las voces críticas de los representantes sindicatos y otras organizaciones populares, pone como escudo a los dirigentes sindicales que le lavan los trapos sucios, quienes replican la orientación propagandística del Gobierno, y gracias a ello son parte de una mesa en comunicación con el Gobierno, mediante reuniones y apariciones públicas con Rolando Castro, crean una simbiosis donde el beneficio del Gobierno es el control mayoritario del movimiento sindical salvadoreño, mientras que los dirigentes con la imagen autoproclamada de ser los portavoces oficiales de la clase trabajadora,  y la aprobación, valga la redundancia del Gobierno para serlo, son quienes ganan protagonismo como luchadores dignos de ser parte de optar a cargos públicos, acá están los dirigentes del STISSS y Poder Popular, entre otros.

Una manera de entretener a las bases de estas organizaciones sindicales es la promesa de reformas a las pensiones, lo que suponía habría de realizarse a un corto plazo lleva ya, se vive de las expectativas que genera la posibilidad de por fin derogar al actual Sistema de ahorro de Pensiones (SAP), hecho a la medida del neoliberalismo, todo parece indicar que se irá como agenda electoral de cara al 2023.

Para dar una imagen fuerte y ganarse la aprobación de la clase trabajadora, Rolando Castro, de forma bien calculada selecciona al empresariado al cual sancionar, se trata de un empresariado que no forma parte del empresariado aliado de Bukele, este es el que se lucra de la seguridad privada y de las violaciones laborales que han realizado impunemente, sin embargo en la empresa privada, Castro hizo de oídos sordos cuando las trabajadoras y trabajadores de Industrias Florenzi padecieron las penurias que les ocasionó el despido masivo y posterior cierre de la fábrica, por eso categóricamente es válido suponer que su labor protectora es hipocresía pura. 
La confianza debe depositarse en las propias fuerzas      
A todo dirigente sindical le es necesario negociar y abrir espacios de comunicación con el Gobierno y otros órganos de Estado, máximo cuando se es parte de la administración pública, esto es totalmente entendible, lo que resulta inaceptable es pasar de puntos de negociación por conquistar concesiones laborales y salariales a renunciar la lucha y colaborar como clase trabajadora, declinar de la autonomía y optar por una agenda dictada a conveniencia de intereses políticos y de un sector de clase burguesa.

Bukele es un burgués y como tal tiene intereses de clase, incompatibles con los sectores populares y trabajadores. El Gobierno no es un aliado, no está luchando contra ningún poder fáctico, en su discurso ataca a la oligarquía pero en la práctica le protege, tal y como ha sido con la reforma tributaria. Lo que necesitamos es barrer con los falsos profetas que están al frente codeándose con Rolando Castro, aplicando las directrices de Bukele y en total armonía con la burguesía, los que cuando muestran falsamente un discurso clasista lo hacen nada más que con arengas baratas. Necesitamos recuperar la identidad de clase y cambiar la represión sindical por la libertad sindical arrebatada violentamente por el Bukelismo. ¡Ninguna confianza en Bukele, sus ministros y sus lacayos al frente de las organizaciones sindicales!