Por Armando Tezucún

El gobierno de Álvaro Colom decidió ampliar por un mes más, a partir del 19 de enero, el Estado de Sitio que declaró en el departamento de Alta Verapaz el mes anterior. La decisión fue tomada, según anunció el mandatario, para ampliar las operaciones antinarcos a los municipios más alejados, amarrar cadenas de información sobre la seguridad, consolidar procesos, recuperar el tejido social, fomentar la cultura de paz e incrementar la presencia y el accionar de las fuerzas combinadas (Diario Prensa Libre, 19/1/11). Al parecer, las acciones de las fuerzas combinadas de la policía y el ejército se han centrado en los municipios de Cobán y San Juan Chamelco. Los alcaldes de los municipios del departamento se mostraron complacidos, no así los activistas sociales y las ongs.

Colom afirmó también que esta será la única prórroga que se hará a esta medida en Alta Verapaz. Sin embargo ha sido suficiente para que las comunidades campesinas sean víctimas de las voraces empresas de producción de energía, y lo que es peor aún, de abusos del ejército al peor estilo de los años del conflicto armado interno. Ya denunciamos en un número anterior de El Socialista Centroamericano el aprovechamiento que hicieron del Estado de Sitio empresas hidroeléctricas rechazadas por la población, entre ellas la italiana Enel.

Según una denuncia enviada vía correo electrónico por Elida Ajsac Chicol, de la Asociación Maya Toonik, el miércoles 12 de enero elementos del ejército penetraron sin previo aviso a las comunidades indígenas Q´eqchíes de Secoc Pur, Yaxtún, Cejó Ché y las comunidades situadas alrededor de la laguna Lachúa. Vale recordar que esta región de Alta Verapaz fue escenario de numerosos asesinatos en masa y de exterminio durante las operaciones de tierra arrasada en las acciones contrainsurgentes del ejército en la década de los ochentas. Los amargos recuerdos volvieron a la realidad y la población tuvo que refugiarse en la montaña hasta que los soldados se alejaron.

Los integrantes del ejército represor entraron a las casas, hubo mujeres violadas, arrancaron siembras de frijol, maíz, cardamomo y robaron aves de corral. Los líderes y lideresas de las comunidades están amenazados e intimidados, y lo más grave es que debido al Estado de Sitio los órganos de justicia no han podido iniciar acciones en contra.

Esta es la cara oculta de operativos que han tenido pobres resultados. No ha sido capturado ni un solo pez gordo del narcotráfico, probablemente porque las autoridades del sector están involucradas con estas mafias. Se llenan la boca hablando de coordinar planes de seguridad regional con autoridades de varios departamentos y de que permanezcan las tropas cuando finalice el Estado de Sitio (Prensa Libre 14/1/11).

Hasta la embajada de Estados Unidos, que en los últimos años se entromete cada vez más descaradamente en los asuntos nacionales, ofreció apoyar con US$ 6 millones la instalación de una comisaría modelo en la ciudad de Cobán, cabecera del departamento. El gobierno yanqui tiene la desvergüenza de impulsar planes contra el narcotráfico en nuestros países, en los que los muertos los ponemos nosotros, en vez de combatir la raíz del problema, que es el elevado consumo de drogas que mantiene en la degradación a su propia población.

139 detenidos por delito fragrante, entre ellos 21 por narcotráfico y 13 por orden judicial, Q8.6 millones en vehículos incautados y 145 armas decomisadas (Prensa Libre 19/1/11), ese es el magro resultado de un mes de Estado de Sitio. Pero la medida represiva no logró parar un mal alarmante: en el mes de enero se reportaron 30 violaciones, especialmente a jóvenes estudiantes, una diaria, lo que convierte a Alta Verapaz en el departamento que ocupa el segundo lugar en violencia contra la mujer a escala nacional (Prensa Libre 3/2/11) ¿Para qué ha servido entonces el Estado de Sitio?

La verdad es que este endeble gobierno socialdemócrata, al decretar el Estado de Sitio no ha hecho otra cosa que reconocer su inutilidad, echando mano de una Ley de Orden Público contrainsurgente, que se encuentra fuera de contexto y contraviene la constitución de 1985 y que debió haber sido derogada hace mucho tiempo, ley por la cual el presidente gobierna a través del ministro de la defensa (ver artículo del jurista Ramón Cadena “Bajo Estado de Sitio” en Prensa Libre 23/1/11).

Por estas razones exigimos al gobierno la derogación inmediata del Estado de Sitio en Alta Verapaz

¡No más violaciones a los derechos de las comunidades campesinas indígenas!