Por Sergio Hernández

Mientras los empresarios y los derechistas critican la asignación presupuestaria de Q60 millones de quetzales a una ley aprobada el año pasado como Ley de Servicio Cívico -Decreto 20-2003-, un joven trabajador proletario lo verá como una oportunidad de sobrevivencia, pues  las y los jóvenes que se inscriban serán remunerados con Q8.50 la hora. Nosotros criticamos cómo el gobierno disfraza sus intenciones, pues la disposición tiene por título “Ley de Servicio Cívico” pero por subtítulo lleva “Ley de Servicio Cívico y Militar”, y además se aprovecha de las necesidades en las que se encuentra envuelta la mayoría de la población.

En sus propias palabras, el secretario ejecutivo de la Junta Nacional del Servicio Cívico, Bienvenido Argueta, declaró “se empezará con un plan piloto, que se divide en dos fases, y en la primera tenemos presupuesto para llegar a 10 mil jóvenes, aunque la meta es alcanzar a 25 mil este año”; es un proyecto encaminado a atraer jóvenes a dichas actividades (Prensa libre 1/2/11). Mientras los empresarios y los integrantes de diferentes partidos políticos critican esta ley como la encaminada a estructurar un cuasi ejército de servicio civil “sandrista”, supuestamente al servicio de  Sandra Torres, esposa del actual presidente, quien se cree que participará en las próximas elecciones (Siglo XXI 4/2/11)

Nosotros estamos preocupados por los jóvenes de las comunidades y barrios marginados. Es necesario evidenciar que, más allá de las buenas actividades que se pretende realizar con los y las jóvenes inscritos en dicho servicio, como lo podrían ser el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Amatitlán donde se pretende ocupar a 500 “participantes”, también se está contemplando la participación de mil 413 servidores que trabajarán en cuatro proyectos del Ministerio de Gobernación (del que depende la Policía Nacional Civil y las entidades de seguridad pública) y 500  para el Ministerio de la Defensa.

Son estas últimas actividades las que el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) considera que afectarán negativamente a los jóvenes que presten el servicio, pues se pretende exponer a seres humanos como carne de cañón en las distintas actividades partidarias y de seguridad pública, que se avecinan y como siempre, es la gente más necesitada la que sería involucrada en este proceso.  Además, en contra de lo que establece la Constitución Política de la República, la ley dice que quienes no presten el servicio, no tendrán derecho a optar a cargos públicos.

Mientras los integrantes de diferentes partidos políticos critican también que un nuevo ejército se ha formado, pero para ellos uno que  “votará” por el partido oficial a un costo de “Q8.50” la hora, nosotros criticamos el proyecto debido a que la norma y su reglamento establecen que, si en algún momento hace falta el reclutamiento de personas en la parte civil o militar, se designará a jóvenes para que presten servicio obligatorio. Obviamente, estos jóvenes designados no serán los hijos de papi y mami que asisten a los colegios más caros de la ciudad o las universidades privadas del país.

Conociendo las actuaciones de los gobiernos burgueses, estamos seguros de que estas imposiciones involucrarán a los jóvenes de barrios marginales y lo que es aún más predecible, a jóvenes de las comunidades indígenas y campesinas del interior del país.  Esto nos lleva a vincular la Ley de Servicio Cívico a la política que ha tenido este gobierno de remilitarizar el país, reabriendo bases militares que habían sido clausuradas a raíz de los acuerdos de paz, reforzando numéricamente al ejército y fortaleciendo su participación en las tareas de seguridad pública con el pretexto de combatir al narcotráfico; todo esto en acuerdo con las políticas de seguridad regional impulsadas por el imperialismo estadounidense. Recordemos que en tiempos del conflicto entre el Estado y las fuerzas guerrilleras, el servicio militar obligatorio sirvió no sólo para fortalecer al ejército, sino también para confrontar entre sí y dividir al campesinado indígena, pues el reclutamiento se hacía entre los jóvenes de este sector.

Nosotros como PSOCA nos posicionamos en contra de estas leyes que podrían ser utilizadas para confrontar sobre todo a la población, pues la vida de seres humanos fuera de todas estas pugnas de poder serán las expuestas, y también criticamos el pretender crear servicio obligatorio, principalmente si se trata de servicios militares.