Por Armando Tezucún

El 23 de febrero el gobierno presentó públicamente un proyecto de “Reglamento para el Proceso de Consulta del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes”. Bajo este larguísimo nombre el presidente Colom y sus ministros pretenden reglamentar y controlar los procesos democráticos de consulta popular que realizan las comunidades indígenas para opinar sobre la entrada a sus territorios de empresas nacionales y extranjeras que explotan recursos naturales con actividades mineras, hidroeléctricas, petroleras y otras similares.

Las primeras consultas datan de 2005 en Río Hondo, Zacapa (contra la construcción de una hidroeléctrica) y Sipacapa, San Marcos (contra la mina Marlin de la canadiense Goldcorp). Las más recientes se dieron en febrero de este año en Olintepeque, Quetzaltenango y en San Juan Ostulcalco, ambas contra proyectos de minería. Más de 800 mil personas hay participado libre y democráticamente en alrededor de 53 consultas, la inmensa mayoría votando en contra de las empresas que invaden y destruyen el medio ambiente.

En los últimos meses las organizaciones empresariales se han tomado la iniciativa de exigir públicamente medidas al gobierno y, contra lo que ha sido costumbre en los grupos oligárquicos que controlan la economía del país, sus representantes personalmente han llevado a cabo acciones legales o ha presentado reclamos a Colom. El gobierno socialdemócrata no ha dudado en doblar la espalda ante las demandas de sus amos capitalistas y dócilmente les ha complacido.

Creemos que el gobierno apresuró la divulgación del reglamento ante el reclamo de la Asociación Nacional de Generadores y la Cámara de Industria por la falta de garantía del gobierno a la inversión en la producción de energía. Los empresarios se referían a 1) la voladura consecutiva de 11 torres de conducción de energía eléctrica desde noviembre pasado. 2) Los bloqueos de pobladores que están deteniendo la construcción de la hidroeléctrica Palo Viejo, de la empresa italiana Enel en San Juan Cotzal, Quiché. 3) El robo de energía a Unión Fenosa. Representantes de la ANG dijeron “(estas) acciones son totalmente negativas al clima de inversión en el país”, y José Antonio Busto de la CIG dijo “Se ve la clara incapacidad del gobierno para ponerle un alto a estas acciones” (Prensa Libre 19/2/11).

El sabotaje a las torres, reivindicado por un Ejército de la Selva Comandancia 19, resultó ser, según el Ministerio de Gobernación, obra de un grupo de extorsionistas liderado por un ex contratista de la afectada hidroeléctrica Xacbal. El conflicto con la italiana Enel por la construcción de la hidroeléctrica Palo Viejo radica en el reclamo de los pobladores de mayores beneficios para la comunidad (Q 4 millones anuales para proyectos de desarrollo, asfalto para 16 kms de caminos, energía eléctrica  a bajo precio para los poblados vecinos), ante el daño generado al medio ambiente.

En cuanto al proyecto de reglamento, éste trastoca la naturaleza de las consultas que por tradición realizan las comunidades indígenas. Tiene como base la afirmación de que las consultas no otorgan a las comunidades el derecho al veto sobre las actividades que son objeto de consulta, y las transforman en un proceso permanente de diálogo y búsqueda de acuerdos de beneficio mutuo, quitándole el carácter de instrumentos democráticos de expresión de la voluntad comunitaria. Además, contempla la creación de una Comisión de Consulta, formada por 7 representantes de entidades estatales, el Ministerio del Trabajo, el Consejo Municipal, consejos institucionales de desarrollo y solamente dos representantes directos de las comunidades indígenas. Además, todo el proceso estará organizado y dirigido por una entidad estatal.

La intención es clara. Como lo expresó Carlos Daniel de León, de la gubernamental Agencia de Comercio e Inversión de Guatemala, el reglamento se hará “…para que no cualquier persona pueda hacer una consulta popular, sino que en realidad sean las instituciones adecuadas y en el formato adecuado. Ha sido una propuesta hecha por el sector privado” (Prensa Libre 19/2/11). En otras palabras, para que el gobierno y las empresas que explotan los recursos tomen el control de las consultas.

Colom dio un plazo de un mes para recibir opiniones y sugerencias. El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) se suma al rechazo de las organizaciones mayas y medioambientales a tan descarada maniobra del gobierno y los capitalistas en contra de las comunidades y sus territorios.