Por Leonardo Ixim
La decisión del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de convocar a nuevas elecciones en Santa María Nebaj, departamento de Quiche, le agrega más zozobra a un clima ya de por si explosivo relacionado sobre todo al irrespeto de parte del Estado a la población de este municipio de la región Ixil.
La población se ha opuesto a distintos megaproyectos relacionados con la explotación de los recursos hídricos mediante hidroeléctricas y la explotación minera. En lo que respecta a la construcción de hidroeléctricas, la Comisión Nacional de Energía Eléctrica y el Ministerio de Energía y Minas han autorizado dos licencias para construir dos represas, La Vega I y La Vega II, sobre los ríos Xamalá y Sumala, ambos a cargo de la empresa Hidroixil S.A., de capital español (Centro de Medios Independientes 6/05/13).
Por otro lado, la empresa Gemonias S.A. tiene aprobada desde 2001 una licencia de exploración que se vence en 2021. Esta empresa pertenece al Grupo ITH Chemical. La autorización tiene además aprobado el estudio de impacto ambiental por el Ministerio de Medio Ambiente completando el permiso para explotar barita, además de construir una planta para procesar ese mineral y exportarlo; esto último contó con la aprobación de la Comisión Nacional de Áreas Protegidas pese a que paradójicamente esta planta se instalará en parte del Área Protegida de la Sierra de Cuchumatanes (op.cit).
Pese a que la actividad minera está en la fase de exploración, los pobladores han denunciado la destrucción de un nacimiento de agua que afecta a tres comunidades del municipio. Esto provocó que el dos de mayo más de 4 mil pobladores se manifestaran pacíficamente en el casco urbano frente de la municipalidad.
El pueblo ixil fue víctima de la persecución del ejército en los años, 80s a partir de distintas tácticas operativas que buscaban desestructurar la organización comunitaria por su oposición al Estado y su acercamiento, en algunos casos, a las organizaciones guerrilleras de izquierda. Esta persecución se tradujo en masacres, asesinatos, violaciones, campos de concentración, cooptación de liderazgos, en fin, en genocidio a este pueblo rebelde que por su parte resistió heroicamente y hoy exige justicia.
En este escenario de conflictiva y constante violación de los derechos individuales y colectivos de la población ixil, se cuela el irresuelto problema de la elección de 2011, donde ganó Pedro Raymundo Cobo (postulado por la Unidad Nacional de la Esperanza, quien después se pasó al naciente partido Todos), sobre Virgilio Jerónimo Bernal del Partido Patriota.
Jerónimo Bernal impugnó ante el TSE las elecciones porque no se publicó su foto en la boleta electoral, y este organismo le dio el triunfo a Cobo. El pasado 1 de mayo el TSE dejó sin efecto la resolución de la Junta Departamental Electoral de Quiche y restituyó en el cargo al ex alcalde Bernal que competía para la reelección, esto con posterioridad a un fallo de la Corte Suprema de Justicia que sentenció que Bernal no tuvo las mismas posibilidades que los otros contendientes.
Sin embargo, Cobo interpuso un recurso de amparo en un juzgado en la cabecera departamental, Santa Cruz del Quiche, que lo amparó provisionalmente, trasladando el caso a la Corte de Constitucionalidad para que resuelva definitivamente; por tanto, quedó sin efecto la resolución del TSE. Recordemos el papel nefasto que ha jugado en los últimos años esta institución, respaldando el operativo que el PP que inició en el mismo momento que perdió las elecciones del 2008, con una campaña desprestigio contra el gobierno de la UNE, gobierno que por su parte se mostró débil e incapaz ante las presiones de la oligarquía.
En el caso de Cobo, pese a que pertenece a un partido burgués, ha tenido una postura crítica ante los megaproyectos y además consideramos que es necesario respetar la voluntad popular expresada en las urnas en las elecciones de 2011. Las maniobras de Jerónimo Bernal y el PP probablemente van orientadas a contrarrestar la oposición a las mineras e hidroeléctricas del actual alcalde y sus seguidores. Alertamos a las organizaciones comunales y tradicionales del pueblo maya-ixil que partidos como la UNE y Todos están al servicio de las distintas facciones del capital y en cualquier momento pueden favorecer a las empresas que depredan el medio ambiente. La oposición debe surgir de las mismas organizaciones comunales y en el futuro pueden presentar candidaturas a la alcaldía mediante comités independientes de los partidos burgueses.